Madrid aprueba una bajada del IBI para contrarrestar el 86% de la nueva tasa de residuos
Los madrileños tendrán que pagar de media 140 euros anuales por el nuevo impuesto a partir del año que viene
Ya lo pidió la Federación de Asociaciones Vecinales (Fravm) en septiembre: rebajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para comp...
Ya lo pidió la Federación de Asociaciones Vecinales (Fravm) en septiembre: rebajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para compensar el gasto añadido que va a suponer la nueva tasa de residuos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves ambas medidas. El nuevo impuesto, impulsado por el Gobierno central para cumplir con una directiva de la Unión Europea, se aplicará de manera obligatoria el 10 de abril en todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes. En la capital, de media, los madrileños tendrán que pagar 140 euros al año por la gestión de sus residuos, pero variará en función del valor catastral de cada vivienda y de la cantidad de basura que genere cada barrio. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que rebajará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 0,02%, lo que cubrirá el 86% de lo que supondrá el nuevo gasto para los vecinos.
Almeida se ha referido al nuevo impuesto como “el Sanchazo” y ha criticado “la voracidad fiscal del Gobierno central”. “Los madrileños saben que nosotros bajamos impuestos, no los subimos. Saben que si tenemos que poner esta tasa es porque Sánchez ha decidido obligarnos a ponerla”, se ha defendido el alcalde. El Gobierno municipal ha hecho mucho hincapié en que han usado todas las herramientas a su alcance para minimizar al máximo el impacto de esta medida y aplicarla lo más tarde posible.
Pese a que la ley que establece este nuevo impuesto surge de una directiva europea, el Gobierno municipal culpa al Ejecutivo central. La norma ha sido aprobada casi una década después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenase por primera vez en 2016 a España por el abandono de 30 vertederos. En 2017 volvió a repetirse el dictamen, por otros 61.
España se convirtió en 2020 en el país europeo que más cantidad de residuos llevaba a vertederos. La ley que impulsó el Gobierno en 2022, y por la que ahora Madrid aplicará esta nueva tasa, prevé que se paguen 40 euros por cada tonelada de residuos municipales vertidos sin ser sometidos a tratamiento. El PSOE propuso en ese momento que la tasa fuera homogénea para toda la comunidad, pero la oposición lo rechazó.
Los gastos del tratamiento de residuos se han costeado hasta ahora con el IBI, que pagan los propietarios de los inmuebles. Almeida ha advertido de que ahora “quién tiene que pagar [la nueva tasa] es quién genera residuos” y esto perjudicará a los inquilinos. Pese a que el recibo le llegará a los propietarios, este “le podrá repercutir al arrendatario la tasa de basuras”, ha indicado el alcalde. “Esto va a suponer una subida en los alquileres”.
El gobierno de Almeida propone también una reducción en la cuota para familias numerosas similares a las que ya se aplican con el IBI, que puede llegar hasta el 90%. La Fravm ve injusta esta bonificación de la que se van a beneficiar más de 34.500 familias, según los cálculos del Ayuntamiento. “Una familia numerosa de renta alta genera muchos más residuos que una de renta baja. El criterio que se aplica no es progresivo”, critican. A pesar de esta medida concreta, consideran “una buena noticia” la decisión de compensar la nueva tasa a través de la bajada del IBI.
Las tasas
El año que viene, el impuesto de residuos tendrá que hacerse en un único pago y las notificaciones irán llegando a los ciudadanos en distintas fechas, en función de su lugar de residencia. A partir de 2026, los pagos podrán ser fraccionarios.
Constará de dos partes, una fija y una variable. La fija será el 81% del total a pagar y se calculará en función del valor catastral de cada vivienda o local. Los inmuebles más caros pagarán más. De este pago se librarán los garajes, los trasteros, los solares y los edificios en ruinas. Es decir, los que no generan residuos. Las viviendas pagarán de media 140 euros, pero locales comerciales pagarán más, 310 aproximadamente.