La Inspección entiende que los “becarios” de Nacho Cano no trabajaban sino que estudiaban, aunque no tuvieran concedido el permiso

El informe de la inspectora de trabajo que acompañó a los agentes de la Policía Nacional a la parroquia donde ensayaban los 17 supuestos “becarios” del espectáculo Malinche del promotor musical Nacho Cano el pasado 27 de junio concluye que “realizaban prácticas no laborales en la empresa” del artista, al “amparo de una beca” para completar su formación, aunque fuese una “formación no reglada”, “ni incluida en el sistema educativo”. Sin embargo, fue precisamente ese hecho, el que se tratara de una educación no reglada ni oficial, la que se les ofrecía a esos jóvenes traídos desde México, lo que llevó a la Delegación de Gobierno de Madrid a denegarles los permisos por estudios que solicitaron. Y, precisamente, la ausencia de esa autorización, hizo que los investigadores policiales concluyeran en su atestado que los supuestos estudiantes no lo eran y, en consecuencia, se encontraban ensayando y trabajando de manera irregular en España en el espectáculo de Nacho Cano, tras haber sido traídos a España haciéndolos pasar por turistas. La jueza del juzgado número 19 de Plaza Castilla, que instruye la causa contra el excomponente de Mecano y tres de sus colaboradoras por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular, deberá analizar y resolver ahora esta contradicción.

La inspectora relata pormenorizadamente en los 12 folios de su informe las entrevistas que les realizó a los profesores y alumnos el día de la intervención; y los posteriores encuentros que mantuvo tanto con miembros de la empresa Malinche como con los de la empresa Jana Producciones S.A., asociada con la primera para impartir los cursos formativos de baile, canto, interpretación... Durante su relato, la inspectora da por bueno “un método propio” de estudios (que no se detalla en ningún momento en su escrito) propio de esa “escuela de internacional de artes escénicas”, pero que conoce muy bien la colaboradora de Nacho Cano, y otra de las principales imputadas en esta causa, Susana Jové Franh, porque estudió en la citada academia años antes. Jové es la encargada de tutelar a los supuestos becarios en Madrid como “responsable de personal”, según el informe.

La inspectora entiende que la empresa Malinche se encargó de sufragar todos los gastos de la formación de sus becarios, además de su alojamiento, manutención y de una asignación mensual de primero 300 y (más tarde) 500 euros. Y asume que su participación en el espectáculo, como parte del elenco, era “puntual”, parte de su formación práctica, y estaba en función de su aprendizaje, sin que en ningún momento sustituyeran a ninguno de los artistas principales del espectáculo contratados. Por este motivo, asegura, no hay ninguna obligación de que estén dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, no hace referencia alguna a los artículos (37 a 42, RD 557/2022) del Reglamento de Extranjería que llevaron a la Delegación de Gobierno de Madrid a denegarles los permisos por estudios: “Los estudios que habilitan para la obtención de este tipo de permisos son: Cualesquiera estudios reglados de sistema educativo español o del sistema de empleo; formación distinta de la anterior, pero oficializada”, recoge la norma.

El abogado de Jana Producciones acude también a hablar con la inspectora y le insiste en que tienen su propio método de aprendizaje que se encarga de transmitir, en este caso, la jefa de personal de Malinche, Susana Jové, que lo cursó con anterioridad. Según su declaración, al final se les entrega a los alumnos un diploma con el número de horas realizadas, pese a que ese título no está dentro de una formación reconocida oficialmente. Lo que se desprende del escrito es que el curso/beca en cuestión, de una duración de 10 meses (de diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024), es un curso ad hoc de Malinche, para que los “becados” aprendan concretamente lo necesario para participar en ese espectáculo, aunque según la inspectora “la finalidad no es que la empresa se beneficie de esa actividad”, en la medida en que el musical puede realizarse sin la participación de los “becarios”.

Este martes, tras la llegada al juzgado del informe de la Inspección de Trabajo, Nacho Cano volvía a pasearse por los platós de televisión presentándose como víctima de un complot político policial tras la denuncia de una “becaria” resentida que “se lo inventa todo”. “Van a por mí porque en un momento dado se necesita ir a por alguien para tapar otras cosas que hay en el aire y que no interesa que estén en el ambiente”, ha insistido Cano. “Se me coge a mí por una serie de razones, por características que tengo yo en mi vida, de a quién apoyo [en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso], de lo que pienso, el trabajo que hago... para montarme una cosa absolutamente fuera de sí, que es muy grave y que el pueblo español tendría que ver mi caso como algo muy, muy grave porque nos puede pasar a todos”.

Interpretar los hechos

Pero será la juez que instruye este causa la que tendrá que interpretar los hechos: la denuncia de la becaria que dio lugar al caso, el atestado policial, el informe de la Inspección y las denuncias y pruebas aportadas por la defensa. De momento, ha inadmitido los últimos documentos presentados por los abogados de Nacho Cano, al considerar “irrelevantes” e “improcedentes” para el esclarecimiento de los delitos que se le imputan (favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los extranjeros) los documentos aportados por sus letrados, que contenían conversaciones privadas de WhastApp que Cano habría mantenido con la denunciante, Lesly Ochoa, de 28 años.

La defensa de Cano (y de sus tres colaboradoras) trataba de mostrar al artista como sujeto de un presunto “chantaje” porque, de acuerdo con ese cruce de mensajes, Ochoa le pidió 6.000 euros “por daños morales” y una carta de recomendación “para no proceder legalmente”, algo que finalmente hizo y dio lugar a la investigación penal en ciernes.

“El objeto de este procedimiento”, advierte la jueza en su auto, “es la investigación de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por lo que además de la declaración de la denunciante-perjudicada Doña Lesly, contamos con otros medios probatorios, siendo irrelevantes las conversaciones que se aportan para esclarecer si los investigados han participado en los hechos imputados”.

Según la acusación popular, ejercida por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), la decisión de la juez pone pie en pared a la campaña de desprestigio iniciada por Cano y su equipo de comunicación contra la joven estudiante que denunció los hechos el pasado mes de enero en la comisaría de Centro.

El propio Comisario de esa sede policial, Alberto Carba, ha enviado un acto de conciliación al artistas a través de la abogado del sindicato de mandos policiales (SPP) en el que le advierte que se querellará contra él por injurias y calumnias si no se retracta de sus insultos. La respuesta de Cano se produjo frente a los micrófonos de televisión: “Al comisario Carba le digo que me encantaría que nos viéramos él y yo juntos, con sus jefes, y en base a lo que me diga la gente mientras paseemos por la calle, me retracto o no me retracto. Yo le diría cómo es posible que fabrique de la nada un relato de un ciudadano para contentar a sus jefes”.

Los estudiantes regresaron triunfantes a México a finales de agosto sin prestar declaración ante la juez. A su llegada fueron aclamados por amigos y familiares que les recibieron con pancartas y vítores en el aeropuerto.