El bulo de las empresas de patinetes para evitar ir a los barrios de Madrid: “Ahórrate una multa y no circules por aquí”

Todos los madrileños deberían tener derecho a un patinete compartido cerca de casa. Al menos esa es la teoría, lo que dicen las reglas del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En la práctica, amplias zonas de la ciudad aparecen en rojo en los mapas de las tres empresas autorizadas el año pasado para operar en Madrid (Lime, Dott y Tier): Villaverde, San Blas, Carabanchel... todos son distritos periféricos. Cuando los usuarios clican en el mapa sobre esas áreas rojas aparecen mensajes de advertencia: “Zona de e...

Todos los madrileños deberían tener derecho a un patinete compartido cerca de casa. Al menos esa es la teoría, lo que dicen las reglas del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En la práctica, amplias zonas de la ciudad aparecen en rojo en los mapas de las tres empresas autorizadas el año pasado para operar en Madrid (Lime, Dott y Tier): Villaverde, San Blas, Carabanchel... todos son distritos periféricos. Cuando los usuarios clican en el mapa sobre esas áreas rojas aparecen mensajes de advertencia: “Zona de exclusión”, “zona prohibida”, “ahórrate una multa y no circules por aquí” (algo que es falso), o los patinetes “no funcionarán y no podrás estacionar dentro de esta zona” (también falso).

Las tres empresas ganaron las licencias que salieron a concurso el año pasado a condición de que prestaran servicio “en todas las zonas de la ciudad sin posibilidad por parte del autorizado de establecer exclusiones de servicio” (salvo limitadas excepciones como la M-30, jardines o zonas peatonales). De hecho, para asegurar este cumplimiento, las empresas están obligadas a hacer una redistribución diaria, según la convocatoria. No es cierto que los usuarios puedan ser multados por circular o aparcar en esas zonas.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha impedido esta exclusión desde que hace diez meses entraron en vigor las licencias. Una portavoz del área de Medio Ambiente, dirigida por Borja Carabante, asegura, tras las preguntas de este periódico, que van a investigar a las empresas y que valorarán las medidas a adoptar.

Las tres empresas, todas de ámbito internacional, fueron las ganadoras de una competición por las licencias municipales que supuso una reordenación del mercado. En mayo de 2023 salieron de las calles madrileñas las compañías perdedoras y quedaron solo las tres autorizadas, con 6.000 patinetes en su conjunto. El Ayuntamiento no les cobra por el uso del espacio público y ellas pueden lucrarse con las tarifas que impongan a los usuarios. ¿Y qué saca de esto la ciudadanía madrileña? Los patinetes tienen potenciales beneficios para todos porque son “una solución efectiva para reducir el parque circulante (de coches) y consecuentemente las emisiones”, según la propia convocatoria del concurso municipal. Por eso, la concesión de la licencia conlleva reglas como el reparto de los vehículos por toda la ciudad.

Cuando este mercado ha operado libremente, se ha visto que las compañías han antepuesto su interés al de la ciudadanía. Pasó en 2018, cuando las empresas de patinetes desembarcaron en tromba en Madrid y se hizo evidente el problema de la desigual distribución territorial porque las compañías se concentraban en las zonas turísticas. Esto tiene una lógica empresarial: según fuentes de este sector, los turistas representan en Madrid aproximadamente el 60% de la clientela.

No dejar atrás a los vecinos ha sido una preocupación municipal desde aquellos tiempos de Manuela Carmena. En febrero de 2019, el equipo de la exalcaldesa introdujo un sistema de autorizaciones que imponía unas condiciones. El Ayuntamiento autorizó a 18 compañías, concediendo a cada una un sector de la ciudad, de modo que los 21 distritos quedaban cubiertos.

Pronto comprobaron que las empresas se saltaban esas normas, cuenta el entonces gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández Heredia: “Descubrimos que a las 9.00, cuando hacíamos la comprobación diaria, tenían sus patinetes en Carabanchel Alto, pero a las 9.05 se los llevaban al centro”.

En esos casos retiraron la licencia a la empresa, dice Fernández Heredia, que hoy es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Critica que ahora el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no actúe: “Si no vigilan las licencias urbanísticas, ¿cómo van a controlar los patinetes?”.

Cada una de las tres operadoras de patinetes excluye distintas zonas de la ciudad, todas en la periferia. Dott se limita a prestar servicio en la almendra central y algunas zonas de Ciudad Lineal, Moratalaz y Carabanchel (Madrid Río). Lime y Tier cubren algo más de territorio, pero todas dejan fuera amplias zonas de la ciudad en Villa de Vallecas, Carabanchel o Villaverde, entre otras.

Dott y Lime han admitido a EL PAÍS que no tiene sentido económico operar en esas zonas excluidas. “Hay zonas que aparecen como no-circulables, pero es para evitar que los patinetes vayan a zonas con poca demanda”, dice el director de asuntos públicos de Dott en España, Gerard Sellares, que explica que ponen el aviso de multa para “desincentivar”.

Fuentes de Lime responden que “la colocación y el despliegue de patinetes dependen de la demanda y el uso real de los vehículos eléctricos de micromovilidad por parte de los usuarios”.

Tier se escuda diciendo que prestan servicio en los 21 distritos de Madrid. Sin embargo, los límites de su área de servicio apenas cubren terreno de los distritos periféricos.

Este no es el único incumplimiento de estas empresas. Como ha contado EL PAÍS, dos de las compañías, Lime y Dott, también están siendo cuestionadas porque ganaron sus licencias gracias a que propusieron unos cursos de seguridad vial que les dieron puntos necesarios para imponerse a la competencia, pero que casi un año después no han impartido. Además, dos empresas que quedaron fuera, Bird y Voi, han interpuesto recursos judiciales pidiendo la nulidad de esas autorizaciones porque encuentran otras irregularidades en la valoración de las ofertas, como los puntos que se dio a la tecnología de cada empresa.

Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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