Fin de la huida de la familia que tendió una emboscada y asesinó a un pastor evangélico en Madrid

Seis miembros de una familia duermen en prisión por el asesinato de un pastor evangélico al que sentenciaron de muerte y ejecutaron a plena luz del día. El 16 de marzo de 2022, Joaquín Jiménez Silva fue embestido por otro vehículo cuando conducía por una rotonda del distrito madrileño de San Blas y ajusticiado con, al menos, cuatro tiros que le descerrajó un hombre que salió de un tercer coche y que lo dejaron desangrándose en e...

Seis miembros de una familia duermen en prisión por el asesinato de un pastor evangélico al que sentenciaron de muerte y ejecutaron a plena luz del día. El 16 de marzo de 2022, Joaquín Jiménez Silva fue embestido por otro vehículo cuando conducía por una rotonda del distrito madrileño de San Blas y ajusticiado con, al menos, cuatro tiros que le descerrajó un hombre que salió de un tercer coche y que lo dejaron desangrándose en el asiento. Desde ese punto, comenzó la diáspora por varios puntos de España de los seis presuntos atacantes de la familia Vargas, un conocido clan gitano de Madrid, para escapar de la justicia. Una huida que llegó a su fin a finales del año pasado, cuando fue detenida la última de las seis personas acusadas de participar en el crimen, una mujer que se había ido a vivir a Mallorca.

Unos días antes del asesinato, la víctima, de 47 años, había mantenido una discusión con varios de los Vargas por un asunto familiar. En el encuentro, en el que el tono fue subiendo y el ambiente caldeándose, se vertieron incluso amenazas de muerte, a las que Joaquín no hizo caso. “Parece que la víctima, en su condición de pastor, trató de mediar entre las familias de un matrimonio en el que la mujer quería separarse. Pero algo no salió bien y decidieron ir a por él. Fue una auténtica emboscada planificada”, explican fuentes policiales.

Uno tras uno, los investigadores del Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han escuchado el relato de todos los familiares de uno y otro clan para tratar de desenmarañar unas rencillas que, según los códigos de estas familias, eran motivo de condena de muerte. “No hemos llegado a entender cuál fue el motivo exacto que provocó esta reacción, pero los hechos son que ese día se juntaron varios miembros de esta familia y decidieron matarlo”, indican las mismas fuentes policiales. Los sanitarios del Samur, que casualmente estaban atendiendo en ese momento a un herido leve de un accidente de tráfico a pocos metros, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Solo unas horas después, un miembro del clan atacante se entregó en Sevilla. Se trataba de la primera pieza en caer tras una conducción frenética hasta una ciudad situada a 400 kilómetros del escenario del crimen. Parece que, en un principio, trató de buscar refugio en la ciudad andaluza, pero su decisión final fue la de entregarse y enfrentarse a la ley de los tribunales y no a la de la calle. Dos semanas después, el padre de este primer detenido acudió a la policía para confesar también su participación en los hechos y atribuirse el hecho de empuñar el arma. Pero el resto de los supuestos agresores optaron por ocultarse y dar con ellos ha requerido de una ingente labor de localización y seguimiento.

A punto de embarcar

El 6 de mayo, otro miembro del clan Vargas fue interceptado en el puerto de Valencia, cuando estaba a punto de embarcar hacia Palma de Mallorca. Los investigadores lo consideran autor material de los disparos. Es familiar directo del marido cuya separación dio origen al conflicto. En septiembre, se sumó un nuevo integrante de la familia a la lista de arrestados, que se había instalado en A Coruña desde hacía meses. El estoque definitivo llegó en octubre y noviembre. Al penúltimo de los presuntos implicados se lo detuvo en el aeropuerto de Madrid Barajas y, por último, cayó una mujer que se había mudado a Mallorca.

Esta vez, a Joaquín Jiménez le tocó el papel de víctima mortal, pero justo 20 años antes de su asesinato, formó parte del bando ejecutor. El fallecido llegó a ser condenado por el asesinato de dos miembros del clan de Los Gallegos en el desaparecido poblado chabolista de las Mimbreras de Madrid. Carlos Estero Suárez, de 43 años, y su yerno, Jaime Barrull, de 22, encontraron la muerte entre los más de 80 disparos que se realizaron una noche de mayo de 2002 en el asentamiento. El motivo fue entonces un problema territorial: el jefe de Los Gallegos había impedido a los Jiménez Silva comprar una casa en el poblado ante la duda de que la usaran para vender droga. El pastor Joaquín fue absuelto de este homicido por falta de pruebas.

Los investigadores husmearon en todos los rincones posibles para poner rostro y nombre a los seis ocupantes de los dos vehículos que ese día acorralaron y pusieron fin a la vida del pastor, un hombre que trató de mediar, pero solo soliviantó hasta extremos inesperados a los integrantes de una familia que no aceptaba una separación en sus filas.

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