Madrid busca técnicos de sonido para evitar la repetición de decenas de juicios

Inicios de 2022. La Audiencia Provincial de Soria condena a 36 años de prisión a un hombre como autor de tres delitos de agresión sexual contra su hermana. La sentencia recoge escenas escalofriantes. Sin embargo, el cumplimiento de la condena queda en pausa. La defensa argumenta que no puede recurrir la sentencia con garantías: el audio y el vídeo del juicio están desincronizados, y la declaraciones de tres testigos no se han grabado correctamente. Su ausencia, se argumenta, impide ...

Inicios de 2022. La Audiencia Provincial de Soria condena a 36 años de prisión a un hombre como autor de tres delitos de agresión sexual contra su hermana. La sentencia recoge escenas escalofriantes. Sin embargo, el cumplimiento de la condena queda en pausa. La defensa argumenta que no puede recurrir la sentencia con garantías: el audio y el vídeo del juicio están desincronizados, y la declaraciones de tres testigos no se han grabado correctamente. Su ausencia, se argumenta, impide señalar posibles contradicciones, inexactitudes o imprecisiones relevantes para el recurso. ¿Resultado? Juicio nulo por indefensión del acusado. A empezar desde el principio. Un problema que la Comunidad de Madrid quiere evitar ahora al contratar un servicio de recuperación y reparación de audios judiciales defectuosos que neutralice la amenaza de la repetición de juicios al menos hasta 2024.

“En ocasiones se reciben incidencias de los usuarios (magistrados, letrados para la Administración de Justicia) en las que comunican a Madrid Digital [un organismo dependiente de la Administración regional] problemas relacionados con ruidos en los audios de las grabaciones, que dificultan o incluso impiden la escucha de los intervinientes en el juicio”, se especifica en la documentación que acompaña al contrato. “Esta situación puede llevar, en caso de recurso y elevación a una instancia superior, a que se declare nulo el juicio y se tenga que repetir, con el problema social y jurídico que esto provoca”, se añade. “El servicio cubrirá 32 recuperaciones de grabaciones (incluyendo el diagnóstico) y 18 diagnósticos fallidos sin posibilidad de reparación”, se detalla. “Todo ello con el objetivo de evitar que la Administración de Justicia se vea obligada a la repetición de juicios”.

Los problemas con el audio de los juicios son un viejo caballo de batalla de la justicia española. Las quejas de los profesionales por videos que no se ven con la suficiente calidad, y audios que no se escuchan correctamente, son frecuentes. Y no es un problema menor: allí hay material clave para el futuro de acusados y perjudicados.

Seguridad jurídica

“Se actúa por iniciativa propia, no porque haya habido un problema”, explica un portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia, e Interior, que niega que la Comunidad haya dado el paso porque se haya tenido que repetir recientemente un juicio por la mala calidad del audio. “Se hace en busca de mayor seguridad jurídica y para evitar que esto ocurra, que llegue alguien pidiendo la nulidad por el audio”, abunda. “Se actúa de manera proactiva. No es fruto de una queja, o demanda”.

En consecuencia, la Comunidad busca una empresa especializada en “eliminar ruidos o baja audición en los audios de las grabaciones de los juicios, que pueden poner en peligro la validez de los mismos”. Dado el carácter confidencial de la información que manejará esa compañía, y del secreto al que obliga que sea parte parte de un proceso judicial, la Administración reclama al adjudicatario que extrema las medidas de seguridad. Y eso va más allá de tener claves de acceso complejas, y obligatoriamente renovables cada poco tiempo.

Así, el contrato prohíbe expresamente que haya usuarios o contraseñas apuntadas en post-it o similares; obliga a que los ordenadores se bloqueen y apaguen automáticamente cuando haya pasado un cierto tiempo sin que se usen; y reclama un protocolo de almacenamiento de la documentación bajo llave. También recomienda un sistema de control para detectar ciberataques para hacerse con la información. Y se explicita que debe haber un control físico en la entrada de la oficina en la que se hagan los trabajos, además de un área de seguridad que impida el acceso a la información de terceros.

Porque el problema viene de lejos. En 2015, J. E. P. se enfrentaba a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de un menor, hijo de su novia. El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz que le juzgó estimó que esos abusos podrían haberse producido en “más de diez ocasiones”, y cuando el niño contaba entre 12 y 15 años. Pero el Tribunal Supremo anuló el juicio: el video y audio que recogían la declaración de la víctima, y la del perito que la avalaba, eran deficientes, lo que dificultaba su recurso. Una circunstancia que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del acusado, según estableció el Tribunal Supremo. Hubo que repetir el juicio. Enfrentar a aquel niño al infierno de relatar por segunda vez lo ocurrido. Y eso es lo que quiere impedir en Madrid la Administración regional.

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