La Comunidad de Madrid gasta millones de euros en intereses por no pagar o indemnizar a tiempo

El último castigo a la Comunidad de Madrid por no ejecutar en tiempo y forma una decisión judicial se materializa en septiembre: pagar 379.154,04 euros por llegar hasta abril de 2021 sin efectuar una indemnización decidida en enero de 2020. Aunque el Ejecutivo se niega a cuantificar el gasto total por su dilación en la ejecución de sentencias judiciales, la oposición ofrece ejemplos de que este no es un caso aislado. Tampoco es el único tipo de retraso costoso para las arcas públicas. ...

El último castigo a la Comunidad de Madrid por no ejecutar en tiempo y forma una decisión judicial se materializa en septiembre: pagar 379.154,04 euros por llegar hasta abril de 2021 sin efectuar una indemnización decidida en enero de 2020. Aunque el Ejecutivo se niega a cuantificar el gasto total por su dilación en la ejecución de sentencias judiciales, la oposición ofrece ejemplos de que este no es un caso aislado. Tampoco es el único tipo de retraso costoso para las arcas públicas. La Administración afronta cada año penalizaciones millonarias por tardar en satisfacer facturas o recurrir fallos en su contra: entre 2015 y 2020, la partida presupuestaria de intereses de demora ascendió a 29 millones, aunque la oposición afirma que la cifra real es mucho mayor.

Mayo de 2017. Un informe jurídico llega hasta los despachos del Gobierno de Cristina Cifuentes. Alerta de que la Comunidad sigue sin pagar lo dispuesto en una sentencia firme de hace meses. Y subraya que la penalización mensual por ese retraso es muy gravosa.

“Los 94 millones de euros correspondientes a la (carretera) M-45 aún no se han abonado”, se lee en un documento oficial sobre las deudas contabilizadas en el ejercicio de 2016. “Nótese que el importe del interés es del 10,05% anual y por tanto urge tramitar dicho pago”, subraya. “A fecha de 30 de abril de 2017, los intereses se han incrementado en otros 2,2 millones de euros”.

No es la primera ni la última vez que las arcas públicas adelgazan por la lentitud de la Administración a la hora de afrontar sus obligaciones en el cumplimiento de sentencias, o en el pago a proveedores y empresas concesionarias.

15 de octubre de 2020. Sol Sánchez, diputada de IU integrada en el grupo de Podemos en la Asamblea, toma la palabra en el pleno del Parlamento regional.

“Se pregunta cuál es la explicación para que una sentencia firme del 24 de febrero, que condena a la Comunidad al abono de 47.425.000 euros más 8,31% de intereses anuales, no fuera comunicada a la consejería afectada hasta el 24 de junio″, dice. “Los cuatro meses que ha estado, o bien perdida por los pasillos, o durmiendo en algún cajón de la Consejería de Hacienda, tienen como resultado 1,3 millones más de intereses”.

Es evidente la incomodidad que provoca la pregunta, que en ese momento afecta a dos consejerías encabezadas por políticos de partidos distintos, ya que el PP (Hacienda) y Cs (Transportes) están gobernando en coalición.

“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no remitió el testimonio de la sentencia -que, como sabe, es un requisito indispensable para poder llevarla a efecto- hasta el 16 de junio”, le contesta, en su defensa, el entonces consejero de Transportes, Ángel Garrido, que apunta al estado de alarma decretado para combatir el coronavirus como causa del retraso. “Es al Tribunal Superior de Justicia a quienes ustedes deberían hacer las preguntas”.

¿Cuántas veces se han dado casos similares? ¿Cuánto ha costado a las arcas públicas? El Ejecutivo no lo aclara.

“Las bases de datos de la Abogacía General no permiten obtener esta información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, por lo que sería preciso buscar y sistematizar una información puntual dentro de un gran volumen de asuntos judiciales”, contesta la Abogacía Autonómica tras una petición de información cursada por EL PAÍS a través del portal de Transparencia.

En paralelo, la Administración regional, que en 2020 tardó una media de 28 días en pagar a sus proveedores, afronta cada año una factura millonaria por sus retrasos en el pago de facturas, o por discrepancias en la ejecución de contratos, y los litigios consecuentes. Al sostener el criterio de que apurar todos los recursos judiciales es defender el interés general, la Comunidad se arriesga a aumentar el coste de la indemnización. Y eso se mide en euros.

15 de marzo de 2018. Habla Mónica García, de Más Madrid, en el pleno. “¿Cuál es la cantidad de dinero público que ustedes consideran que una Administración Pública está legitimada a despilfarrar? ¿9 millones?, ¿20 millones?, ¿48 millones?, ¿83 millones? ¿Cuál es el límite que ustedes consideran que es aceptable que se pueda ir por el desagüe de la mala gestión y del despilfarro?”, lanza una ristra de preguntas. “En los últimos cinco años su Consejería (Sanidad) se ha gastado 83 millones en intereses de demora; intereses de demora que derivan de haber pagado tarde y mal a los proveedores”, se escandaliza. “Con ese dinero se podía haber hecho el doble de la lista de espera; con ese dinero se podía haber contratado a más de 500 profesionales al año; con ese dinero se podría haber evitado el deterioro sistemático de nuestras infraestructuras”.

Nadie niega la cifra de los 83 millones, entre otras cosas porque García ha llegado hasta ella usando datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo. Aunque la Consejería de Hacienda detalla a este diario que el gasto asociado al subconcepto “intereses de demora” de los Presupuestos ha ascendido a 28.941.270,2 millones entre 2015 y 2020, la oposición asegura que en realidad es mucho mayor, y que se ha subsumido en otras áreas de las cuentas públicas, o en partidas de gasto en las que no se diferencian conceptos.

De la documentación pública se deduce que el gasto en la última década ha sido multimillonario. Solo en 2019, los hospitales madrileños pagaron más de 10 millones de euros por intereses de demora. En compensar los retrasos en los pagos del canon a las concesionarias de la M-45, o por los errores de cálculo sobre el valor de las expropiaciones, se han ido más de 35 millones. Y en las últimas legislaturas ha habido cientos de penalizaciones que van desde las decenas a los millones de euros.

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