Desestimada la querella contra Monasterio por falsedad porque era “tan burda” que no podía dar lugar a error
Los jueces argumentan que el uso que hizo la líder de Vox en Madrid de los visados como arquitecta es “grosero” y que eso lo priva de efecto jurídico
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la querella de la Fiscalía contra la diputada autonómica y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio por falsedad documental. Según la denuncia del ministerio público, Monasterio delinquió al presentar visados falsos para la construcción de un piso en Lavapiés. En su argumentación, los jueces señalan que para que exista este delito “es requisito nuclear...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la querella de la Fiscalía contra la diputada autonómica y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio por falsedad documental. Según la denuncia del ministerio público, Monasterio delinquió al presentar visados falsos para la construcción de un piso en Lavapiés. En su argumentación, los jueces señalan que para que exista este delito “es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error”. La falsificación de documentos de Monasterio fue “tan burda y perceptible”, prosiguen, que no es posible que hubiese confusión con su autenticidad. En otras palabras, hubo tan poco esmero en la elaboración del fraude, que no podría inducir a error a los técnicos que debían validar el proyecto.
Monasterio contrató en su estudio a una antigua compañera de universidad, adscrita al Colegio de Aparejadores. Hizo su trabajo y registró el proyecto en su colegio profesional en 2005. Luego dejó de colaborar con Monasterio. Sin embargo, la actual líder de Vox siguió utilizando una copia de ese sello en otros documentos en los años siguientes, sin que ella lo supiera. Monasterio no obtuvo su título de arquitecta hasta 2009. La profesional fue consciente del engaño cuando EL PAÍS destapó el caso. La falsedad fue llevada a los tribunales por Más Madrid y posteriormente lo hicieron el Colegio de Aparejadores y dicha profesional.
La Fiscalía sostenía en su querella que Monasterio incluyó “una fotocopia en blanco y negro del sello visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005”, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones en los planos que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de una licencia de obras en un inmueble.
Los jueces apoyan el relato del ministerio fiscal, pero no los “juicios de valor” que llevaron a la Fiscalía a apreciar delito. En la justificación de la decisión, el tribunal sostiene que en el primer expediente que aparece el sello, el visado del Colegio de Arquitectos de Madrid “consiste en un anagrama en color que resalta de una manera evidente”, incluso al tacto. En el segundo proyecto presentado por Monasterio, ese visado aparece como una fotocopia en blanco y negro. “La diferencia con el anterior casi podríamos decir que es grosera”, apostilla el texto. La líder de Vox en Madrid ha tuiteado que espera que “todos los medios de comunicación progres le den la misma publicidad que le dieron a la querella”.
El uso que hizo Monasterio del visado es tan “burdo y grosero”, según el escrito, que no puede “pasar inadvertido”, lo que priva al fraude de tener un efecto jurídico. Los jueces definen los proyectos presentados por la líder de Vox en la Comunidad de Madrid como una “operación extraña” y “difícil de entender”, por lo que no cumplen las exigencias para ser contemplados como una falsedad documental. “No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad”, puntualiza el auto. Cabe recurso de súplica ante esta resolución.
La dirigente de ultraderecha utilizó varias veces este visado falso entre 2005 y 2016 para la reforma de un local que quería convertir en un piso diáfano, cosa que nunca consiguió. El inmueble era propiedad del actor y presentador de televisión Arturo Valls, que acabó denunciándola por incumplimiento de contrato, en otra causa distinta que llegará a juicio en julio.
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