Ayuso deja en manos de Sánchez cerrar la región

Isabel Díaz Ayuso dejó ayer en manos del Gobierno central un posible cierre de la Comunidad de Madrid para contener la expansión del coronavirus, que ya afecta a 1.388 personas y ha causado 38 fallecidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid admitió por primera vez que el Estado tiene planes de contingencia para aislar zonas concretas, aunque su puesta en marcha aún no esté sobre la mesa, ni sean de aplicación inmediata, y se esté trabajando para evitar su activación. En paralelo, Díaz Ayuso subrayó que no tiene competencias para tomar la decisión, y especificó que esa responsabilidad es de...

Isabel Díaz Ayuso dejó ayer en manos del Gobierno central un posible cierre de la Comunidad de Madrid para contener la expansión del coronavirus, que ya afecta a 1.388 personas y ha causado 38 fallecidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid admitió por primera vez que el Estado tiene planes de contingencia para aislar zonas concretas, aunque su puesta en marcha aún no esté sobre la mesa, ni sean de aplicación inmediata, y se esté trabajando para evitar su activación. En paralelo, Díaz Ayuso subrayó que no tiene competencias para tomar la decisión, y especificó que esa responsabilidad es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un ejemplo de las tiranteces entre las dos Administraciones por la gestión de una crisis que une a dos Ejecutivos de distinto color político, con planteamientos opuestos sobre la sanidad, e intereses nacionales distintos: el líder del PP, Pablo Casado, planteó un plan alternativo al de Sánchez.

“Por lo que estamos viendo en las últimas horas, se ha estado barajando la posibilidad de cerrar Madrid, pero es algo que no está en nuestras competencias autonómicas, es una decisión que por tanto nosotros no hemos sopesado, y, aviso, nosotros haremos todo lo que el ministerio de Sanidad nos diga, todo lo que el Gobierno de España nos vaya pidiendo, y si ellos finalmente deciden hacerlo, que nos comuniquen cómo se cierra Madrid, y nos pondremos nosotros en marcha a cooperar en todo lo que podamos”, dijo Díaz Ayuso ayer, durante una ronda de entrevistas televisivas. “Este supuesto cierre de la Autonomía no sé cómo se podría llevar a cabo, y como digo no depende de nosotros”, insistió. “Debería ser el Gobierno de España y no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid, no sé cómo se cierra”.

En el entorno del PP regional cunde la preocupación por el reparto de los costes en la gestión de la crisis. Cerrar los colegios durante quince días, analizan personas de larga trayectoria política, puede poner en pie de guerra a las familias. Y Sánchez, observan, ha logrado evitar desgastarse pidiendo en público a las Comunidades que tomen medidas restrictivas de ese tipo, aprovechando que son de estricta competencia autonómica, mientras lograba personalizar el anuncio de medidas como una moratoria de seis meses en el pago de impuestos para las pymes y los autónomos.

Desgaste político

En la misma situación se encuentran los presidentes socialistas. Ximo Puig, por ejemplo, tuvo que anunciar la suspensión de las Fallas, con un impacto económico de 700 millones para la Comunidad Valenciana, tras ser precedido por una rueda de prensa de Sánchez en la que el presidente no se pronunció sobre la posibilidad de una cancelación.

Ahora, la gestión de la crisis de Madrid, epicentro de la expansión del coronavirus en España, une a dos políticos que habían mostrado en público sus discrepancias. Desde que es presidente, Sánchez no ha recibido nunca a Díaz Ayuso en La Moncloa. Y desde que Madrid registró su primer contagio por el coronavirus, los dos presidentes solo se han visto en una ocasión, según fuentes de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ha comprometido su “lealtad” en la coordinación de la crisis, aunque el PP nacional viene introduciendo alguna interferencia —en privado y en público— en la buena comunicación con el Estado. Casado, por ejemplo, protagonizó el lunes el principal ataque de la oposición al Gobierno de Sánchez por la gestión de la lucha contra el virus al asegurar que hay “descoordinación” y plantear un paquete de medidas “para ver si el Gobierno reacciona”.

Así, la posibilidad de que haya que cerrar zonas de Madrid para frenar la expansión de los contagios ya ha provocado un choque público y directo. Díaz Ayuso recriminó el miércoles al Gobierno de la nación que no desmintiera en público que eso era “un bulo”. El Ejecutivo respondió inmediatamente especificando que sí lo había hecho, pese a que fuentes gubernamentales reconocen que existe un plan, como corresponde a una situación de crisis, que recoge esa eventualidad. De llegar a aplicarse, lo que nadie aventura en este momento en público ni en privado, las dos partes afrontarán un desgaste político sin precedentes. ¿De quién sería la decisión? ¿A quién podría pasarle factura?

La legislación actual prevé la activación del estado de alarma en “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. La iniciativa de hacerlo es del Estado, pero no exclusivamente.“Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”, dice su artículo quinto.“Pero eso no es ninguna competencia”, insisten desde el equipo de Díaz Ayuso.

Estado de alarma

“El supuesto que se exige para declarar el estado de alarma es que los poderes ordinarios de las autoridades no sean suficientes para afrontar la situación”, explica Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional. “Solo procedería cuando esos poderes, recogidos en la legislación de salud pública, no fueran suficientes para decidir medidas excepcionales como impedir la circulación de las personas en la calle, o establecer limitaciones al acceso al espacio público”, ejemplifica. “La declaración corresponde al Estado con participación del Congreso. En ese caso, todas las autoridades deben someterse a la del Estado. Luego cada uno ejecuta en función de sus competencias, pero las medidas las establece el Estado”.

Vencidos los quince días de aplicación, el Congreso podría modificar las condiciones del estado de alarma si es necesario prolongarlo. El coronavirus no provocaría que se aplicara por primera vez en España, si ocurriera: ya pasó en 2010, y por el caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores (los encargados de ordenar la circulación aérea).

“Todas las medidas que hemos tomado han sido coordinadas y respaldadas por Ministerio”, detallan desde el equipo de Díaz Ayuso. “Y las medidas que hemos puesto en marcha fueron aprobadas por unanimidad en la Interterritorial”.

Los contagios aumentan, la crisis avanza, y se pone a prueba la resistencia de los políticos. Madrid se prepara para que los casos positivos se multipliquen durante el fin de semana.