La Audiencia Nacional obliga al juez de Púnica a investigar los primeros amaños de Granados

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, tendrá que seguir investigando las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Valdemoro. Así lo han decidido los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en un auto hecho público este miércoles, dan la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su recurso contra la decisión de García-Castellón de dar por pr...

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, tendrá que seguir investigando las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Valdemoro. Así lo han decidido los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en un auto hecho público este miércoles, dan la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su recurso contra la decisión de García-Castellón de dar por prescritos los supuestos delitos cometidos por el que fuera consejero en varios ejecutivos de Esperanza Aguirre durante la elaboración del Plan General Ordenación Urbana (PGOU) que el consistorio de la localidad madrileña aprobó en 2004. La investigación apunta a que el supuesto amaño tuvo presuntamente como objetivo favorecer al político y a los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza —ambos imputados también en la causa— con la recalificación de terrenos de su propiedad en plena burbuja urbanística. Ambos constructores habían adquirido fincas por 37 euros el metro cuadrado que, tras la aprobación del PGOU, pasaron a valer 942 euros.

Ahora, tras la decisión de la Audiencia Nacional, el juez del caso Púnica tendrá que practicar las diligencias que le solicitó la Fiscalía para recabar más documentación sobre este plan urbanístico tanto al consistorio de Valdemoro como a la Comunidad de Madrid. García Castellón, que debe tener finalizada la instrucción de la causa a finales del próximo mes de junio, las rechazó el pasado enero en un auto que, según denunció Anticorrupción en su recurso al mismo, ponía en riesgo parte de la instrucción de la causa de corrupción al considerar prescritos los posibles delitos cometidos en 2004 y con anterioridad. En su recurso, la Fiscalía esgrimió que los hechos que se pretendían investigar “no sería más que una fase del delito continuado que se venía cometiendo” y, por tanto, no habían prescrito. Además, recordaba que la justicia Suiza había iniciado las pesquisas contra Granados antes que la Audiencia Nacional, tras localizar una cuenta bancaria a su nombre en el país helvético en el que había ingresado 1,6 millones de euros supuestamente procedentes de estas irregularidades. En aquel escrito, Anticorrupción fue especialmente duro con García-Castellón, al que acusaba de incurrir en un “error manifiesto” y de caer en una “incongruencia” con otras decisiones que había tomado entonces. Para Anticorrupción, el auto en el que juez rechaza las nuevas pesquisas sobre Granados dejaban la causa "en una situación de total inseguridad jurídica” que ponían en peligro una parte relevante de las acusaciones de Granados.

Ahora, la Audiencia Nacional hace suyos los argumentos esgrimidos por Anticorrupción y concluye que las diligencias pedidas deben considerarse "pertinentes” porque los datos arrojados hasta ahora por la investigación apuntan a que la presunta actividad delictiva de Granados se inició cuando alcanzó la alcaldía de Valdemoro en 1999. Por ello, considera que el fin último de los socilitado por la Fiscalía “solo tendría por objeto profundizar en los datos incriminatorios ya existentes”. Los tres magistrados también estiman que los delitos presuntamente cometidos en la aprobación del plan urbanístico de la localidad madrileña en 2004 no habrían, en ningún modo, prescrito, ya que los mismo son “solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal”. Por todo ello, ordena “la revocación íntegra” del auto el juez que rechazó la práctica de las diligencias y reclama que se practiquen todas ellas.