Vox quiere sancionar a las redes sociales que censuren contenidos

Vox quiere castigar a los dueños de las redes sociales que censuren contenidos, según ha anunciado su líder, Santiago Abascal, en un mitin virtual transmitido el sábado por la noche desde Barcelona, precisamente, a través de las redes sociales. El partido ultra planea promover reformas legales para que los propietarios de tecnológicas como Twitter o Facebook tengan que pagar multas por bloquear contenidos e incluso afrontar acciones penales si se encuentran en España.

El anuncio se produce dos días después de que, el pasado jueves, ...

Vox quiere castigar a los dueños de las redes sociales que censuren contenidos, según ha anunciado su líder, Santiago Abascal, en un mitin virtual transmitido el sábado por la noche desde Barcelona, precisamente, a través de las redes sociales. El partido ultra planea promover reformas legales para que los propietarios de tecnológicas como Twitter o Facebook tengan que pagar multas por bloquear contenidos e incluso afrontar acciones penales si se encuentran en España.

El anuncio se produce dos días después de que, el pasado jueves, Twitter bloqueara durante una semana la cuenta oficial de Vox por incitar al odio contra los musulmanes con un mensaje en el que acusaba a los fieles de esta religión de ser responsables del 93% de las denuncias por delitos, dentro de una campaña con la etiqueta #StopIslamización lanzada por la formación ultra de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

La iniciativa de Vox se inspira en una ley anunciada por el Gobierno polaco, que quiere imponer multas de hasta cuatro millones de zlotys (1,8 millones de euros) a las redes sociales que bloqueen contenidos o eliminen cuentas que no vulneren las leyes de su país. Según el proyecto, los usuarios afectados podrán reclamar a las tecnológicas, que tendrán un plazo de 48 horas para levantar el veto. Si la respuesta fuera negativa, podrán a recurrir a un tribunal especial que resolverá en siete días. Todo el proceso será digital.

Se da la circunstancia de que el Gobierno polaco, que con este proyecto se presenta como abanderado de la libertad de expresión, aprobó en 2018 una ley que castigaba con penas de cárcel (luego rebajadas a multas) a quienes utilizaran el término “campos de concentración polacos”. Dos historiadores del Centro de Investigación del Holocausto están siendo juzgados por recoger testimonios sobre la complicidad de autoridades polacas en el exterminio de los judíos. La Comisión Europea ha activado un procedimiento contra Varsovia por no respetar los principios fundamentales de la UE y el Tribunal Europeo ha suspendido cautelarmente dos leyes que atentaban contra la independencia de los jueces polacos.

Tras la decisión de las principales redes sociales de cerrar las cuentas del todavía presidente de Estados Unidos Donald Trump, por su presunta implicación en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, Abascal anunció que había entrado en contacto con distintos “líderes internacionales” para hacer frente a lo que calificó como un “ataque a la libertad de expresión”. Vox ha sido repetidamente denunciado por asociaciones de la prensa y colegios de periodistas por vetar el acceso de medios de comunicación como EL PAÍS a sus ruedas de prensa y actos públicos.

El partido ultra ha anunciado que denunciará a Twitter ante la Junta Electoral por el bloqueo a su cuenta oficial (430.800 seguidores) en plena campaña para las elecciones catalanas. Mientras, canaliza sus mensajes a través de la cuenta de su grupo parlamentario en el Congreso (124.400 seguidores) y las de sus principales dirigentes, como Santiago Abascal (553.300 seguidores), que siguen activas. “Ninguna provocación sin respuesta”, advertía el vicesecretario de comunicación de Vox, Manuel Mariscal, en un tuit en el que señalaba la dirección de la sede de Twitter en España.

Además de las críticas a las tecnológicas y a la supuesta “islamización de Cataluña”, Vox está basando su campaña electoral en denunciar los actos de acoso y hostigamiento por parte de grupos violentos, como el que sufrió el sábado en Girona, de los que culpa directamente a la subdelegación del Gobierno y a la Generalitat; en particular a su consejero de Interior, Miquel Sàmper.

Sin embargo, en el argumentario de Vox se ha colado un asunto imprevisto: el alud de críticas por salvar, con su abstención, el decreto del Gobierno sobre la gestión de los fondos europeos. Al contrario que en otras ocasiones, la dirección del partido ha cerrado esta vez filas con su grupo parlamentario y ha devuelto los ataques al PP, que pretende aprovechar el desconcierto entre el electorado de la formación ultra para robarle votos.

Elevando el tono como no lo hizo ni siquiera cuando Casado le propinó un inesperado varapalo en la moción de censura contra Pedro Sánchez, Abascal ha acusado al PP de haber permitido que Bildu sea hoy un partido legal. “Ni una sola lección, ni un solo insulto más. Aquellos que fueron bautizados como la derechita cobarde, hoy se comportan como la derechita miserable”, ha enfatizado.

En realidad, Vox tomó su decisión de abstenerse sin saber que Grupo Popular y Ciudadanos votarían en contra y que su posición sería decisiva para que se aprobase el decreto ley. Debido a las restricciones impuestas por la covid-19, el voto de realiza de manera telemática y muchos diputados de Vox empezaron a votar a las 11 de la noche del día anterior al pleno, por lo que a la mañana siguiente, cuando se conoció la posición de los demás grupos, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, según fuentes parlamentarias.