El pacto balear entre el PP y Vox cuestiona la eutanasia y la política lingüística

El Partido Popular gobernará Baleares en solitario gracias a un pacto firmado este miércoles con Vox, que se abstendrá en la investidura de la candidata popular, Marga Prohens, a cambio de un acuerdo programático. La lista de la dirigente popular fue la más votada el pasado 28-M al lograr 25 escaños, a cinco asientos de la mayoría absoluta. Prohens solo necesitaba la abstención de la formación ultra, que ha decidido no entrar en el Ejecutivo autonómico bajo el pretexto de “anteponer el cambio político y las medi...

El Partido Popular gobernará Baleares en solitario gracias a un pacto firmado este miércoles con Vox, que se abstendrá en la investidura de la candidata popular, Marga Prohens, a cambio de un acuerdo programático. La lista de la dirigente popular fue la más votada el pasado 28-M al lograr 25 escaños, a cinco asientos de la mayoría absoluta. Prohens solo necesitaba la abstención de la formación ultra, que ha decidido no entrar en el Ejecutivo autonómico bajo el pretexto de “anteponer el cambio político y las medidas concretas a los sillones”, actuando “con la responsabilidad y firmeza necesarias para lograr cuanto antes un gobierno del cambio en una de las regiones más amenazadas por el separatismo”. Prohens asume, como contrapartida, limitaciones a las personas trans y “la cultura de la vida frente a la eutanasia”. El documento prevé también revertir la política lingüística impulsada por el PSOE y las fuerzas nacionalistas, una demanda propia de los populares. “Solo Vox nos tendió la mano para esta abstención. Hemos llevado estas negociaciones con discreción hablando de programa, no solo para un gobierno de cambio, sino estable”, ha afirmado Prohens en rueda de prensa.

El acuerdo suscrito por ambas formaciones incluye 110 medidas programáticas con el “fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Baleares”, según un comunicado conjunto. La formación de Santiago Abascal era proclive a no entrar en el gobierno porque solo era necesaria su abstención, pues el PP suma más diputados que toda la izquierda junta, a diferencia de Extremadura y Comunidad Valenciana. A lo que se suma que PP y Vox ya habían alcanzado un acuerdo previo para la constitución del Parlamento balear, cuando el Partido Popular entregó la presidencia a un negacionista y xenófobo de Vox, Gabriel Le Senne, el día 20. Con la alianza sellada hoy, Vox se asegura además su entrada en el gobierno de los consejos insulares de Mallorca y Menorca, donde el PP requería el voto a favor de los ultras.

El principal objetivo de Santiago Abascal en los últimos días consiste en acabar con el “bulo” de que Vox es un partido contrario a las mujeres, según sus palabras, y a raíz de la controversia en Extremadura, donde la candidata popular, María Guardiola, fijó en un primer momento sus líneas rojas para pactar con Vox bajo este argumento. En el punto 83 del documento balear se añade que “se trabajará para erradicar” de las Islas “los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Limitaciones a las personas trans. El nuevo Gobierno balear intentará reformar la ley autonómica sobre derechos de las personas trans para “garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte. En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que ninguna mujer sufra discriminación alguna”. El Ejecutivo autonómico se personará además en las causas judiciales en “defensa de las federaciones deportivas y las mujeres frente a los perjuicios causados por la conocida como ley trans”. También exigirá la derogación de la ley trans estatal, recurrida ya por ambos partidos en el Tribunal Constitucional, y cuya norma pretende reformar Feijóo de llegar a La Moncloa tras el 23-J.

Eutanasia. El pacto implica reformar la Ley autonómica de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de Morir, aprobada en 2015, para promover los “derechos y garantías de la persona en el proceso de morir, asegurando una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”.

Cuestión lingüística. La lengua ha sido una de las armas esgrimidas por la oposición durante la pasada legislatura, en la que el Gobierno de coalición ha aprobado una ley de educación que solo reconoce al catalán —no al castellano— como lengua vehicular en la enseñanza y blinda el modelo por el cual el 50% de las horas lectivas deben ser en catalán, dando autonomía a los centros educativos para decidir sobre el resto. Vox ha centrado también sus ataques contra el decreto que, desde 2018, exigía al personal sanitario de la comunidad que acreditara un conocimiento del catalán para poder ascender laboralmente o cobrar complementos salariales. Después de que los tribunales anularan ese decreto, están exentos de acreditar el nivel de catalán los profesionales sanitarios que concurren a plazas consideradas deficitarias, las que tienen falta de personal.

El acuerdo alcanzado para el nuevo Gobierno de Prohens establece que “los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización”. Pero las reformas exceden el ámbito educativo, ya que prometen modificar “las normas que supongan una imposición lingüística”, garantizar “que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública” y el “derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales”. Algunos de estos cambios implicarán reformar a Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma. También eliminarán la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos.

“Violencia contra las mujeres”. Sobre la violencia machista, el punto 82 del pacto recoge que “se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores”. Con esta denominación se excluye el concepto de “violencia machista”, aunque esta fórmula supone no subsumirla en la “violencia intrafamiliar”, mencionada también en el documento, como así se acordó en la Comunidad Valenciana.