Ofensiva de la oposición para conocer a todos los beneficiarios del “pelotazo” de las viviendas públicas de Alicante, gobernada por el PP

El grupo del PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el caso de las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales en la ciudad, al apreciar hasta cinco presuntos delitos. La portavoz municipal, Ana Barceló, ha acudido este lunes a Anticorrupción por el “pelotazo” y el escándalo que se ha generado y que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, una de las beneficiarias de las viviendas públicas, y la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también fueron adjudicatarios.

Las 140 viviendas fueron construidas sobre suelo cedido a una promotor privado por el Ayuntamiento en una parcela situada en un lugar privilegiado, junto a la playa de San Juan. Se han vendido por la mitad del precio de mercado, alrededor de 200.000 euros de media. Sobre el papel, el promotor decidía a quién adjudicaba los pisos, una vez construidos.

Para Barceló, en este “escándalo” se han podido incurrir en los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.

Ha indicado que el gobierno municipal del alcalde popular, Luis Barcala, ha vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, “que debe responder al interés general” en una ciudad donde hay “más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las que se tienen que marchar por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad”.

“Cuando una promoción de vivienda pública”, ha proseguido la socialista, “acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial” dado que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué”.

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha pedido la creación de un registro de Vivienda de Protección Pública (VPP) autonómico, como “censo público”, para adjudicar las promociones de este tipo de inmuebles únicamente a los solicitantes que estén inscritos en él.

Además, el PSPV-PSOE ha registrado este lunes una propuesta de creación de una Comisión de Investigación en Les Corts sobre la adjudicación y promoción de vivienda de protección en Alicante, así como todas las promociones llevadas a cabo durante esta legislatura en la Comunitat Valenciana.

También lo ha hecho Compròmís: “Hoy sabemos que el plan Vive se ha convertido en el plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos, lo digas cuando lo digas, lo digas el año que lo digas, o lo digas en la legislatura que lo digas, es aprovecharse de la política en beneficio propio”, han denunciado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Calabuig, en declaraciones a los medios este lunes.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha instado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), a “investigar el uso” de las viviendas de protección pública (VPP) de una promoción de Playa de San Juan, tras la polémica surgida en los últimos días, “para comprobar” si “los propietarios que han sido agraciados” con los inmuebles “viven allí, o no, o incluso si se están alquilando, algo que sería ilegal”.

Así, ha sostenido que “uno de los métodos de comprobación” es consultar “el consumo de agua”. En estos términos se ha expresado el edil de la coalición este lunes, a través de un comunicado, en el que ha abogado por revisar “piso a piso” con “los medios municipales al alcance, ya sea a través de Policía Local o Aguas de Alicante”.

La Generalitat dice que no adjudica

La vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la Generalitat “no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas Las Naus de Alicante, ya que estas viviendas son adjudicadas por la promotora, en este caso por la cooperativa, y simplemente al ser viviendas de protección pública, esta solicita a la Dirección Territorial de Vivienda la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública establecida en el decreto”.

Así lo ha asegurado Camarero, después de que la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciara ayer su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil aseguró que da este paso para que la investigación “pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad”.