La Audiencia tumba un recurso de Vox que pedía implicar al Gobierno en la dana
El tribunal rechaza pedir a Presidencia información del Consejo de Seguridad Nacional
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado un recurso de apelación Vox que buscaba implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la dana que en octubre de 2024 dejó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, según un auto notificado este viernes.
El tribunal tumba la petición de la formación extremista, que ejerce la acusación popular en la causa, que instaba a requerir a Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional -órgano que asiste en crisis al Ejecutivo- sobre si este último fue convocado por el jefe del Gobierno.
La Audiencia justifica que esta petición ya fue denegada por la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas, Nuria Ruiz Tobarra, con el argumento de que “carecía de nexo causal” para aclarar los muertos y heridos que dejó la inundación del pasado año. Y recordaba que las competencias en la gestión de la tragedia son autonómicas, tal y como señala el Estatuto de Autonomía. “La Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de protección civil y la Consejería competente le corresponde ejercer el mando único de la emergencia, dirigiendo los planes de protección civil”, indica la resolución. La causa mantiene imputados a quien fue consejera de Justicia e Interior de la Generalitat durante la riada, Salomé Pradas, y a su segundo, Emilio Argüeso.
Vox sostenía que el Consejo de Seguridad Nacional puede colaborar con las administraciones y destacaba que, parte de la información que recibió la Generalitat Valenciana de la desgracia, procedía de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica. La instructora, en sus últimas resoluciones, ha rechazado imputar a los responsables de estas instituciones bajo la tesis de que la competencia en la gestión de la tragedia fue autonómica.
Un principio -el del supuesto apagón informativo de organismos estatales- que ha sido defendida por la Generalitat, el PP y los dos exaltos cargos del Consell de Carlos Mazón imputados. Y que la instructora ha desmontado en casa fallo.