La jueza de la dana denuncia una “campaña difamatoria” de los dos exaltos cargos de Mazón investigados

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana –la catástrofe natural que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción en la provincia de Valencia el pasado octubre- da un paso al frente. Tras encarar en silencio las acusaciones de falta de imparcialidad, sectarismo y politización aireadas por el PP y por los dos exaltos cargos de Carlos Mazón imputados, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha denunciado este martes que se siente en el epicentro de “una campaña difamato...

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana –la catástrofe natural que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción en la provincia de Valencia el pasado octubre- da un paso al frente. Tras encarar en silencio las acusaciones de falta de imparcialidad, sectarismo y politización aireadas por el PP y por los dos exaltos cargos de Carlos Mazón imputados, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha denunciado este martes que se siente en el epicentro de “una campaña difamatoria”. El objetivo: apartarla de la investigación.

La jueza estalla así en un auto en el que resuelve la petición del exdirector de Emergencias de la Generalitat, el imputado Emilio Argüeso. “Es el enésimo capítulo de una estrategia de defensa que, de forma burda, pretende apartar a esta jueza del procedimiento”, señala la instructora. “Apuntan informaciones que no son más que una campaña difamatoria, que destila un machismo atroz”, añade en una resolución notificada este martes.

Desde que arrancó la instrucción, hace diez meses, Ruiz Tobarra ha encajado las invectivas del entorno de los dos exdirigentes de la Generalitat investigados, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la gota fría, Emilio Argüeso. Ambos han denunciado la supuesta injerencia en las pesquisas del marido de la funcionaria, el también magistrado Jorge Martínez. La presunta intromisión fue divulgada por medios digitales como Ok Diario, que llegó, incluso, a publicar que la pareja de la funcionaria interrogó a una víctima de la inundación. Un dato que desmienten distintas fuentes.

Machismo y discurso de odio

“Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como jueza y como mujer”, señala la magistrada. “Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta jueza y hacia mi marido”, apunta.

Según Ruiz Tobarra, las peticiones de prueba de José María Bueno Manzanares, abogado del exdirector de Emergencias de la Generalitat, “pretenden acreditar que el procedimiento está dirigido por su esposo”. “Se violan por parte de dicho letrado todos los principios más elementales de la deontología profesional”, concluye.

En su contundente resolución, la magistrada relata los manejos de la defensa de Argüeso para atacarla y minar su imagen de imparcialidad. “Se pretende convertir por el letrado este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y, por supuesto, a mi marido”, denuncia.

Todo ello conduce a la instructora a abrir una pieza separada para determinar si sanciona disciplinariamente al letrado del exdirector de Emergencias de la Generalitat investigado en la causa.

La otra exalto cargo de Mazón imputada, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, también ha alimentado los ataques contra la jueza. La exdirigente presentó el pasado julio una queja contra Ruiz Tobarra ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces. Acusaba a la instructora de “falta de imparcialidad” y de cometer presuntas irregularidades durante la investigación. Desde hace un par de semanas, este órgano estudia la protesta, que pedía la suspensión de una magistrada con fama de discreta y trabajadora.

La jueza se muestra muy crítica con la estrategia de defensa de la exconsejera. “Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos. La otra representación letrada de la defensa [el abogado de Pradas] ya presentó tres quejas ante el CGPJ con similares acusaciones y pruebas del mismo cariz, informaciones periodísticas insultantes hacia mí y quejas por las resoluciones dictadas, acusaciones de parcialidad”, apunta. “Poco ha importado que hasta el momento las resoluciones hayan sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Valencia”, añade la instructora. Se refiere a que decisiones de calado -como la imputación de Pradas y Argüeso- fueron avaladas por esta instancia judicial superior. En su alegato, Ruiz Tobarra apela a su independencia. “Los jueces no se eligen por las partes”, advierte a los imputados.

Grabación secreta a la hija de la instructora

Entre sus reproches, la jueza recrimina que una de las partes de la causa se conectara en línea –hay decenas de acusaciones particulares y populares- con objeto de grabar “subrepticiamente” a su hija y a su marido, que entraron en una ocasión en la sala de vistas tras concluir una declaración. “Algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”, carga la magistrada Ruiz Tobarra.

Junto a los dos exaltos cargos de Mazón investigados, que fueron destituidos por el president cuatro semanas después de la riada, la jueza también ha tenido enfrente al pseudosindicato Manos Limpias. La organización que dirige el ultra Miguel Bernard acusó de “prevaricadora” a la magistrada y de impulsar unas pesquisas “politizadas y sectarias”. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó su denuncia, basada en recortes de prensa, de esta entidad, que también llegó a insinuar sin pruebas que el Gobierno de Pedro Sánchez oculta la cifra real de víctimas de la inundación.

Durante sus pesquisas, la jueza ha rechazado todos los manejos de los imputados para atribuir la responsabilidad de la riada a organismos del Gobierno central, como la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ruiz Tobarra también se ha negado a imputar a la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé. Y ha destacado que la Generalitat ocupaba el “mando único” de la emergencia. La instructora también ha atajado en seco todos los movimientos de las partes para extender bulos y conspiraciones sobre el número real de fallecidos.

En su batería de resoluciones de este martes, la jueza también ha desechado, por enésima vez, la petición de imputar a la delegada del Gobierno en Valencia, tal y que solicitaba una acusación popular. “Es una suerte de eterno retorno procesal”, ha cargado la magistrada. Y ha citado al presidente de la CHJ, Miguel Polo, a declarar como testigo el próximo día 19.

La magistrada indaga una causa que rastrea los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. En varias ocasiones, la magistrada ha ofrecido a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria. Una posibilidad que el president ha rechazado.