¿Autogobierno “deficiente”?
Más allá del cortoplacismo, la Comunitat Valenciana ha carecido de una visión a largo plazo sobre su modelo de autogobierno
Recientemente, España ha descendido en el ranking de democracias tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024. Según Transparencia Internacional, uno de los factores determinantes en esta caída de diez posiciones (del puesto 46 al 56, de un total de 180 países) ha sido el debilitamiento de las agencias autonómicas antifraude, incluida la valenciana. Esta situación ha llevado a España a ser catalogada como una democracia “deficiente”. Aunque me temo que este tirón de orejas a la AVAF se debe más a un cambio entre sus habituales proveedores que a otra cosa.
Si existiera un método para medir el éxito del autogobierno, la Comunitat Valenciana también podría ser calificada como “deficiente”, aunque por razones distintas. Las sucesivas crisis que la han azotado, no muy diferentes a otros territorios, han debilitado su capacidad de respuesta. La crisis financiera y de deuda la dejó sin un sistema financiero propio, sobreendeudada y sin margen apenas margen para actualizar un modelo de financiación claramente lesivo para nuestros intereses. A pesar de los esfuerzos desplegados por racionalizar nuestro sector público instrumental, la llamada “grasa” administrativa, el impacto sanador fue mínimo, incluso con el sacrificio sanador que se llevó por delante la Radiotelevisión valenciana.
La crisis sanitaria derivada de la pandemia puso a prueba, nuevamente, el sistema autonómico, con serias dudas de si salimos más fortalecidos y sin haber modificado el marco legislativo de la alarma constitucional para hacerlo más preciso ni abrirlo a una gestión descentralizada. La reconstrucción tras la devastadora DANA también ha evidenciado los límites del autogobierno, demostrando la necesidad de una mayor colaboración entre niveles territoriales y una mejor capacidad de respuesta ante graves catástrofes y contingencias.
Más allá del cortoplacismo, la Comunitat ha carecido de una visión a largo plazo sobre su modelo de autogobierno. Una de las razones podría ser la ausencia de estructuras organizativas e institucionales adecuadas. La falta de un instituto de estudios autonómicos, como el existente en Cataluña desde hace 40 años, ha sido una desventaja significativa. Un organismo de este tipo permitiría analizar el potencial del autogobierno y diseñar estrategias para su fortalecimiento. Cuestiones como la exigencia de nuevos traspasos de competencias, la mejora del rendimiento institucional o, incluso, la defensa de los intereses autonómicos frente a decisiones estatales, justificarían su creación. Sin embargo, la coyuntura de la cohabitación entre gobiernos o la connivencia con otros, ha terminado por fomentar una visión propia.
Históricamente, los instrumentos para evaluar y mejorar el autogobierno valenciano han sido insuficientes, siendo un servicio que ha ido cambiando de órgano directivo y de departamento. Ni la creación de la Dirección de Desarrollo Autonómico a principios de siglo, ni la reforma estatutaria de 2006, ni la creación de un departamento propio con los gobiernos botánicos logró alcanzar dicho objetivo por la escasez de medios y estructura. Hoy, la reconstrucción tras la DANA podría ser el punto de partida para un replanteamiento profundo del diseño autonómico en dicho ámbito. No se trata de aplicar soluciones temporales, sino de establecer un andamiaje sólido que garantice un autogobierno eficiente y resistente ante lo que pueda venir.
Este replanteamiento debe trascender las estrategias políticas fluctuantes y fundamentarse en la estabilidad, abordando aspectos esenciales para el desarrollo del proyecto autonómico. Entre ellos, destacan el reconocimiento innegociable de un hecho diferencial evidente, como el derecho civil propio; el respeto a unas señas de identidad compartidas; un sistema educativo que no se vea afectado por cada cambio de gobierno; y una hacienda propia suficiente, que no sufra una financiación per cápita insuficiente, un endeudamiento forzado o inversiones estatales deficitarias.
En este contexto, el proceso de reconstrucción tras la DANA ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la autonomía que queremos. No se trata solo de gestionar las consecuencias de la devastación sufrida sino una oportunidad para repensar nuestro autogobierno, dotándolo de herramientas que permitan afrontar con mayor solvencia los desafíos venideros. Ahora es el momento de actuar con determinación y con una visión clara de progreso y fortalecimiento institucional.