Transparencia Internacional critica la “demolición brutal” de la Agencia Valenciana Antifraude y el cierre de la balear
La entidad sostiene que la caída de cuatro puntos de España se debe al estancamiento “profundo” legislativo en el nivel nacional y al desmantelamiento institucional en la esfera autonómica
España cae en el Índice de Percepción de la Corrupción que elaboran los expertos de Transparencia Internacional hasta perder cuatro puntos y diez puestos en 2024, situándose en la posición 46 de los 180 países que conforman la clasificación mundial. En su informe anual, que ha presentado este martes en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, esta caída de España se debe al estancamiento “profundo” legislativo a nivel nacional y al desmantelamiento institucional en la esfera autonómica.
En este sentido, destacan las duras críticas al cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, decretado por el PP y Vox el pasado año, a la “demolición brutal” de la Agencia Valenciana Antifraude (también conocida como Avaf), tras la llegada a la Generalitat de los anteriores partidos en 2023, y por la “recapturación” por parte del Gobierno madrileño del PP del Consejo de Transparencia, en palabras de Manuel Villoria, presidente del Consejo Asesor de esta ONG.
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, Villoria ha explicado que el proceso de reformas en las autonomías “no solo se ha paralizado, sino que ha dado una vuelta atrás”. Y cita la “desaparición de la oficina balear sin ninguna causa”, el “tremendo control gubernamental” que se ejerce sobre el consejo madrileño y se extiende un poco más sobre el caso de la Agencia Valenciana Antifraude. Señala que se ha eliminado el código ético de esta institución abierta en 2017, y su comité de ética (del que Villora formaba parte, junto a otros tres expertos ) e incide en que “se han paralizado prácticamente las investigaciones más importantes, que afectaban probablemente a personas muy vinculadas a las élites políticas del Gobierno valenciano”.
El PP y Vox pactaron un cambio de la normativa de la Agencia Valenciana Antifraude para poder elegir a su director por mayoría absoluta y no por tres quintas partes de los votos del parlamento valenciano, como estipulaba la ley anterior aprobada por los partidos de izquierdas. De este modo, la mayoría de la derecha se impuso y nombró el pasado año como máximo responsable al inspector de Hacienda Eduardo Beut, que había mantenido vínculos con el PP 20 años atrás.
“La eliminación de agencias antifraude autonómicas, como en Baleares, y el debilitamiento de otras, como la AVAF, han generado una aplicación desigual de políticas anticorrupción en el territorio nacional. Solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas once comunidades han establecido consejos de transparencia”, apunta el informe.
Sin detenerse en casos de supuesta corrupción que están ahora en la agenda política, como el del Fiscal General del Estado o el caso Koldo, Villoria ha señalado también las deficiencias en la justicia española aunque constata algunos avances, apuntando que hay sectores de riesgo importantes como el financiero o la “opacidad brutal” en el ámbito de la defensa. Ha señalado que se necesitan más medios para los jueces, reformar la Fiscalía y abordar las reformas pendientes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. En España, siguen pendientes de transponer a la legislación española 87 directivas comunitarias, de las que 30 están ya fuera de plazo, de acuerdo con este informe.
Por su parte, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, ha subrayado que “la agenda anticorrupción institucional ha perdido peso y urge reactivarla” sobre todo en el nuevo contexto geopolítico con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el debilitamiento de las democracias,s egún recoge Efe.
De acuerdo con el informe, la puntuación que ha obtenido España país es la más baja de los últimos años: en 2020 obtuvo 62 puntos de 100; en 2021 bajó a 61; en 2022 y 2023 logró 60 y en 2024 se ha desplomado hasta los 56 y ha caído diez puestos (hasta el 46).
A nivel europeo, España pasa del puesto número 14 de los 27 socios comunitarios al 16, superado este año 2024 por Letonia, una circunstancia que Transparencia Internacional señala que se debe al “retraso” en la transposición de directivas europeas. Los Estados comunitarios mejor posicionados son Dinamarca (90), Finlandia (88) y Luxemburgo (81) frente a Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (41), que son los que peor se han comportado.