28 pisos bajo amenaza de desahucio en Montserrat tras quedárselos la Sareb

Los inquilinos de 28 viviendas del municipio valenciano de Montserrat han recibido estos días una notificación judicial en la que son informados de que el próximo 21 de febrero se procederá al lanzamiento judicial de los pisos en los que residen. En la diligencia les advierten de que el día señalado habrá un cambio de cerraduras y los enseres que se encuentren dentro se considerarán abandonados, explican fuentes vecinales. Un juzgado de Picassent resolvió a finales de 2022 un procedimiento de...

Los inquilinos de 28 viviendas del municipio valenciano de Montserrat han recibido estos días una notificación judicial en la que son informados de que el próximo 21 de febrero se procederá al lanzamiento judicial de los pisos en los que residen. En la diligencia les advierten de que el día señalado habrá un cambio de cerraduras y los enseres que se encuentren dentro se considerarán abandonados, explican fuentes vecinales. Un juzgado de Picassent resolvió a finales de 2022 un procedimiento de ejecución hipotecaria porque el promotor inmobiliario de estos edificios no pudo hacer frente a los préstamos. Salieron a subasta 61 viviendas y al menos 28 de esos pisos han pasado a manos de la Sareb (la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como banco malo).

El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en torno a la década de 2010 miles de promociones de casas a medias y hundió por años la venta de inmuebles en toda España. La crisis que siguió ha mantenido miles de pisos vacíos y sin vender, en un limbo de embargos, ejecuciones hipotecarias y subastas, favoreciendo las ocupaciones en una coyuntura de alquileres altos y escasez de vivienda. En Montserrat, localidad valenciana de unos 10.000 habitantes, propietarios, alquilados y okupas de cinco fincas (unos 70 pisos en total) encaran con incertidumbre el final de un proceso que ha durado años.

Lo edificios afectados, situados en las calles de la Pau y Metge Manuel Llombart del municipio, cuentan en la actualidad con diferentes tipos de residentes: los hay que compraron los pisos y son propietarios, otros tienen contratos de alquiler anteriores a 2020, que se hicieron en su día legalmente; otros son posteriores y un juzgado no los ha considerado válidos porque se hicieron cuando estaba en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria, y luego están los okupas. Los únicos a los que nos les afecta el lanzamiento judicial es a los dueños de tres viviendas. La Sareb tomará posesión de cerca de una treintena de estos inmuebles el próximo 21 de febrero y queda en el aire qué pasará con los inquilinos con algún tipo de contrato en su poder.

“El banco no dispone todavía de las llaves. Teníamos el préstamo impagado, éste fue al juzgado y se debía determinar la toma de posesión, que será el 21 de febrero”, apunta una portavoz de la Sareb a este diario. La entidad trabaja en el análisis de la vulnerabilidad de las personas que viven en los edificios. “Hay que analizar caso por caso”, señala.

Para los ocupantes de estos pisos en situación de vulnerabilidad, el llamado banco malo aplicará un protocolo que consiste en ofrecer un contrato de alquiler social con acompañamiento. En estos casos, la Sareb hace un examen para comprobar la vulnerabilidad de los ocupantes de las casas, se contacta con Servicios Sociales y tras confirmar su situación, se les ofrece un alquiler social, unido a un programa de acompañamiento, que consiste en asignarle un trabajador social que periódicamente visita la casa y les ayuda a pedir ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital, por citar un ejemplo.

Los contratos de los alquilados se revisan judicialmente y si son legales y están en vigor, la Sareb se subroga el alquiler. En el caso de que el contrato no sea legal sí hay un problema porque la Sareb tiene que recuperar la vivienda para venderla, según fuentes de la entidad.

El anterior gobierno municipal, dirigido por una coalición de PSPV, Compromís y la Agrupación Independiente de General de Urbanizaciones y Asociaciones (Agua), con el alcalde socialista Josep Maria Mas al frente, conocía el problema y se reunió en varias ocasiones con los juzgados de Picassent para que se agilizasen los procesos de desahucio de estas y otras promociones con el fin de evitar conflictos a los vecinos. También pedía a la Sareb que sacara al mercado local los pisos en su poder derivados de las ejecuciones hipotecarias. Pero en diciembre del año pasado, una moción de censura presentada por el PP, Vox y Aigua, los desalojaba del ejecutivo municipal.

Ahora, Juan José Rández (Vox), concejal de Cultura, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Transportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías en el nuevo gobierno local, preguntado por la situación de estos inmuebles, explica —a través de un correo electrónico— que se trata de “un procedimiento legal que no depende de la administración local, es una actuación enmarcada en la Sareb, de ámbito estatal”. “Es una situación judicializada que afecta a todos los municipios de España y que se produce diariamente en multitud de localidades bajo gobiernos de distintos signos”. “Deseamos que se proporcione una respuesta institucional y legal que procure el bienestar de todas las personas implicadas en el procedimiento; de ellas en particular y de todo el vecindario de Montserrat en general”, ha declarado.