La Policía desarticula un entramado criminal que vendía cadáveres a 1.200 euros

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Cuatro personas, de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 41 y 74 años, han sido detenidas en Valencia por los hechos, vinculados a una misma funeraria de la ciudad. Uno de ellos tenía antecedentes penales. La supuesta trama falsificaba documentación con el objeto de “poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para ...

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Cuatro personas, de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 41 y 74 años, han sido detenidas en Valencia por los hechos, vinculados a una misma funeraria de la ciudad. Uno de ellos tenía antecedentes penales. La supuesta trama falsificaba documentación con el objeto de “poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver”, según indica la nota de prensa policial que se ha dado a conocer este lunes. Ahora, los presuntos autores se encuentran en libertad provisional.

La trama, además, llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos que ya habían sido estudiados; pero esas cremaciones no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad. Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias.

La investigación de la llamada Operación Thanathos comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de la comisaría de Ruzafa de Valencia de que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria. Para ello, “se habrían realizado falsificaciones en el libro de registro del centro, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil”. Fuentes cercanas a la investigación y al sector han señalado a este periódico que la funeraria implicada es Servicios Rivalto 1, en el barrio de Benimaclet, y que los hechos que precipitaron la primera investigación tuvieron lugar en el Hospital La Fe de Valencia en diciembre de 2022.

Uno de los responsables de la funeraria citada, que prefiere no dar su nombre, ha desvinculado a la empresa de los hechos. Ha manifestado a este periódico que los autores de los mismos fueron un trabajador de la firma “despedido de manera fulminante” y otro antiguo empleado, el cual hacía tiempo que no estaba en nomina. Él y otro directivo de la empresa fueron llamados a declarar ante el juzgado el pasado verano, pero no fueron detenidos en sus domicilios como los dos extrabajadores, según ha incidido.

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha manifestado que, en enero de 2023, se solicitó la entrega de la documentación relativa a un cadáver que acababa de llegar a la Facultad de Ciencias de la salud, ubicada en Castellón, y que, según informó la policía, presentaba irregularidades por parte de la funeraria. “La CEU UCH colaboró con la investigación y puso a disposición de la policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con esta funeraria”, ha asegurado la universidad a través de un comunicado.

Tras numerosas pesquisas, continúa la policía, “los investigadores comprobaron cómo dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura”, prosigue la nota. El fallecido debía haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el Ayuntamiento de dicha localidad valenciana. “Sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento”, apunta la nota.

Fuentes del sector funerario señalan que uno de los trabajadores implicados falsificó el libro del hospital, indicando que otra funeraria distinta a la que representaba se había hecho cargo del cadáver, entre otras cuestiones. También indican que cerca de 1.200 euros es la cantidad habitual que cobran las funerarias por ocuparse de los cadáveres, de su traslado a las facultades para sus prácticas quirúrgicas y de tramitar la documentación legal, siempre y cuando haya un consentimiento explícito de la donación antes o después del óbito por parte del propio afectado o de familiares y allegados.

Los agentes de la Policía continuaron con la investigación y localizaron otro caso con el mismo modus operandi; esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y, al parecer, el propio hombre, tres días antes de fallecer, autorizó la donación de su cuerpo. “En este caso, los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo. Para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo”, añade el comunicado.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad, continúa la policía.

Una incineración, múltiple facturación

Por otro lado, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. “Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica”, indica la nota. “Finalmente, los agentes detuvieron el pasado año a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa. A dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental”, concluye.

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que “hay cuatro detenidos y el foco está sobre una empresa funeraria, son dos los cadáveres que se han detectado de los cuales se habría hecho un uso fraudulento y hay que dejar que continúen las investigaciones”. Preguntada si han fallado los controles en este caso, Bernabé ha respondido: “Al contrario, lo que hemos hecho ha sido poner de manifiesto que se había producido y ahora están depurándose las responsabilidades”.

A principios del 2023, la consejería de Sanidad mandó una instrucción para cambiar el protocolo de actuación que se seguía desde hacía tres décadas en varios hospitales públicos, como La Fe, que permitía a las funerarias la gestión y registro de las muertes, llegando a hacer una especie de guardias. De este modo se rompió el acuerdo con la Asociación de Empresas de Pompas Fúnebres de Valencia (Aseva), que aglutinaba a más de una docena de firmas, pero no a todas. Ahora, son los sanitarios los que entregan toda la información para que decidan los familiares o allegados.

Tanto la facultad pública de de Medicina de Universitat de València como la privada, de la Universidad Católica han incidido en que trabajan con protocolos seguros y no compran cadáveres, sino que solo aceptan donaciones. “Trabajamos con protocolos seguros para la aceptación de cadáveres para la docencia y la investigación. La Facultad de Medicina i Odontología no compra cadáveres, sino que acepta donaciones en vid, después del cumplimiento de unos requisitos rigorosos. La institución no se ha visto afectada en el caso policial de la desarticulación de una trama de falsificación que se ha hecho pública hoy”. De media, la Universitat recibe la donación de entre 40 y 50 cuerpos al año y solo sufraga el traslado hasta la facultad”, señala. La Católica afirma que “no compra cadáveres, únicamente abona a las funerarias la cantidad establecida por éstas para el transporte y la retirada de los cuerpos, la incineración posterior, así como para la tramitación de los documentos pertinentes”. “La UCV garantiza a los donantes y a sus familias que los cadáveres son tratados con dignidad y en el respeto al anonimato en todo momento”, añade.

Por su parte, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha afirmado que sigue un protocolo “muy estricto” en la utilización de cadáveres para uso docente e investigador en su Facultad de Ciencias de la Salud y que recibe anualmente entre 10 y 15 cadáveres “que proceden de donaciones”. “La institución académica únicamente sufraga a la funeraria los gastos de traslado y cremación de los cuerpos, como es habitual en las universidades”, ha señalado.

La Universitat Jaume I de Castellón también se ha expresado en el mismo sentido y solo trabaja con donaciones de cadáveres y que nunca se han adquirido cadáveres a través de un pago.