La Generalitat valenciana solicita la transferencia de la gestión de Cercanías de Renfe

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno autonómico va a reclamar al Estado la gestión del servicio de Cercanías de Renfe. “No funciona como debería y es un problema desde hace muchos años”, ha asegurado Puig en el debate de política general que se ha iniciado este lunes. El jefe del Consell ha afirmado q...

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno autonómico va a reclamar al Estado la gestión del servicio de Cercanías de Renfe. “No funciona como debería y es un problema desde hace muchos años”, ha asegurado Puig en el debate de política general que se ha iniciado este lunes. El jefe del Consell ha afirmado que iniciará el proceso para el traspaso antes de fin de año y que se garantizará los recursos humanos, materiales y financieros.

Los usuarios de Cercanías Valencia sumaban, antes de la pandemia, unos 55.000 viajeros al día, de los que las líneas entre Valencia y Gandia, Xàtiva y Castellón concentran el 92%. Puig no ha precisado qué parte de la gestión del servicio reclamará pero, posiblemente, se ciña al mismo modelo que la Generalitat de Cataluña logró en 2010, cuando consiguió que se le traspasaran las competencias de planificación de horarios, atención al cliente, tarifas y gestión y supervisión general del servicio.

Renfe ya ha entablado negociaciones con Euskotren, el operador público de transportes del País Vasco, para trasferir la gestión de los servicios de Cercanías que circulan por la región de una forma similar al modelo competencial trasferido a Cataluña. En marzo, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguró en el Senado “no tener ningún problema” en plantear para el País Vasco una forma de gestionar los Cercanías más acorde a sus competencias.

Las críticas al servicio de Cercanías de Valencia han aumentado en los últimos meses debido a la cancelación de trayectos que, según fuentes de Renfe, suponen entre el 1,5 y el 2% de los servicios. Son numerosas las protestas de los usuarios que se han organizado también en plataformas ciudadanas. Compromís, socio del Gobierno de la Generalitat del PSPV-PSOE y de Unides Podem, ha participado en varias movilizaciones y ha presentado iniciativas parlamentarias en Valencia para reclamar la transferencia, según señaló su portavoz en las Cortes Fran Ferri, la pasada semana.

La solicitud de la gestión del servicio de Cercanías ha sido uno de los “anuncios” realizados por Ximo Puig en el debate parlamentario más importante del año. Sin embargo, la intervención de respuesta de la portavoz del PP en las Cortes valencianas, María José Catalá, ha dejado ensombrecido la iniciativa al recordar que Puig anunció la misma reivindicación en 2016. Al igual que la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, Catalá, en su estreno como portavoz popular, ha hablado de “anuncios reciclados”.

El jefe del Consell ha hecho un diagnóstico de la situación de la Comunidad y ha desplegado las líneas estratégicas de la acción de Gobierno valenciano para la recuperación: la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento del estado de bienestar valenciano, el impulso a la economía y la creación de puestos de trabajo y la apuesta por la investigación. Entre las iniciativas expuestas destaca la de una inversión de 600 millones para la recuperación “integral” de la Albufera y el apoyo del Gobierno de España al proyecto Gigafactoría Element, para la fabricación de baterías y el almacenamiento de energía, que generará 30.000 puestos de trabajo y potenciará la eliminación de 4,5 millones de toneladas de CO2.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha desvelado además la creación de “un gran banco para almacenar datos”. Según ha expuesto, la iniciativa estará liderada por la tecnológica Net Hits que realizará una inversión de 241 millones y creará de 1.200 puestos de trabajo. “Este proyecto dará servicio en Europa a una multinacional norteamericana del sector audiovisual y será presentado próximamente”, ha indicado.

Como se esperaba, Puig ha hecho referencia a la principal reivindicación del territorio, un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con la discriminación a la que está sometida la comunidad y que hace que cada valenciano reciba 215 euros menos que la media española. Aun así, el socialista ha asegurado que el Gobierno ha designado este año más dinero que nunca: “No todo está igual que en 2014″, ha dicho y ha asegurado que este año la Generalitat ha recibido 13.800 millones entre aportaciones directas y déficit autorizado, “un 28% más que en 2018, el último año del ministro Montoro (PP)”. También ha hablado de la España “periférica y polifónica” y de la necesidad de un “juego fiscal limpio”, en referencia a la “competencia desleal” que la Comunidad de Madrid realiza en materia fiscal. Catalá ha calificado esas críticas de “madrileñofobia” y, como también ha hecho posteriormente Ciudadanos, ha criticado la “extrema debilidad para defender los intereses de los valencianos” ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Otra de las peticiones en las que han coincidido PP y Ciudadanos ha sido en reclamar una bajada de impuestos a lo que el jefe del Consell ha contestado apelando a que menos ingresos llevan a un “infierno social”.

El presidente de la Generalitat se ha referido al origen de los fondos que recibirá la Comunidad Valenciana en los próximos años: del programa europeo Next Generation, 15.270 millones; del Marco Financiero Plurianual europeo, 2.754 millones; de los Programas europeos en Concurrencia Competitiva, 526 millones: y de los fondos autonómicos y del Estado, 2.650 millones. En total, estas cuatro fuentes de financiación suman 21.200 millones para la transformación de la Comunidad Valenciana.

El PP ha salpicado su intervención de peticiones de responsabilidad a Puig por mantener en el Gobierno a Mónica Oltra, por, según considera, tener un trato de favor hacia su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, en el caso por el que este educador social ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años en un centro privado, concertado con la Administración autonómica. La sentencia carga contra la actuación de la consejería por lo que considera demora e inacción en la denuncia de los hechos e incluso la acusa de “hostilidad” hacia la víctima al no dar credibilidad a su testimonio. Catalá considera que el del presidente de la Generalitat es un “silencio atronador”. La recién estrenada portavoz del PP ha hablado del Gobierno valenciano como un gobierno agotado y ha pedido a Puig que convoque elecciones.