Las entidades sociales piden al Govern fijar un modelo para actualizar las ayudas sociales

El Gobierno de Salvador Illa tiene por delante la negociación de los presupuestos de 2025, y las entidades del tercer sector no quieren que los avances y las promesas de la última legislatura queden en agua de borrajas. En un acto sobre desigualdades y territorio, la Taula del Tercer Sector ha apuntado cuáles deberían ser las prioridades sociales de las nuevas cuentas públicas, cuyo diseño es todavía una incógnita y para las que aún faltan apoyos parlamentarios. La presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha puesto el foco en dos aspectos: la vivienda y las prestaciones sociales.

Aunque Illa ya ha anunciado medidas para la construcción de viviendas, Alsina ha recordado que no existe una hoja de ruta consensuada entre los distintos actores y partidos políticos, y que todavía está pendiente de aprobación el Plan Sectorial Territorial de Vivienda. El plan tendría que haberse aprobado hace meses, pero quedó paralizado, igual que el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda, en el que todos los partidos políticos tendrían que ponerse de acuerdo. El objetivo es que las políticas no dependan del Gobierno de turno, sino que se mantengan en el tiempo pese a los cambios de color del Ejecutivo.

Ocurre lo mismo con el diseño de las prestaciones sociales. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo —presente en el acto— dijo en una comparecencia en el Parlament que este año se volvería a actualizar el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo que se usa para fijar los requisitos y las cuantías de las ayudas sociales en Cataluña. Este baremo estuvo más de una década congelado hasta que el anterior Govern lo actualizó, en dos ocasiones. La presidenta de la Taula ha apuntado que, pese a que ahora se está actualizando, existe el riesgo de que vuelva a congelarse, y por ello ha pedido que haya un modelo de actualización, acordado con el sector y otros agentes sociales, que establezca unos criterios objetivos para que subir el IRSC acorde con la evolución de los costes de la vida.

La Taula también reclama “hacer efectivo el convenio con Endesa que regula la pobreza energética” y extenderlo a las otras empresas comercializadoras, que no han firmado un convenio. De igual forma, está pendiente instalar más contadores sociales y la condonación de la deuda de los hogares vulnerables desde 2022 a 2024. La Taula también ha pedido mejorar las políticas de ocupación para que tengan en cuenta las realidades específicas de las personas y los territorios.