Los Mossos contratan a tres empresas para la destrucción de marihuana por más de 330.000 euros
Las compañías tienen la función de arrancar, cortar y triturar las plantas en los operativos policiales
Más de 400 plantas de marihuana de más de un metro, floridas y brillantes, esperan la recolecta. Pero en lugar de los jardineros que las han cultivado clandestinamente en la montaña, ocultos entre frondosos árboles, riachuelos y barrancos, les aguarda una trituradora. La han transportado hasta ahí los agentes rurales en helicóptero, echándole un capote a los investigadores de los Mossos d’Esquadra que durante meses han investigado a la organización que ha cultivado semejante vergel cannábico. En menos de una hora, los dos operarios han reducido a migajas la plantación. Si la hubieran tenido que desbrozar los agentes una a una, podrían haber echado el día al sol. “Es un castigo divino”, bromeaban con EL PAÍS hace un año los mismos policías que unos meses antes tuvieron que desmantelar 4.000 ejemplares con sus propias manos.
Para acabar con esa odisea en Cataluña, donde de media se desmantelan dos plantaciones y media de marihuana al día, la dirección general de los Mossos d’Esquadra finalmente ha adjudicado un contrato a tres empresas distintas por valor de 334.700 euros para desbrozar las plantaciones de marihuana este año. El Departamento de Interior ha dividido todo el territorio en cuatro lotes, que han sacado a concurso. Hasta ahora, cada equipo de investigadores buscaban soluciones más o menos imaginativas, algunos a través de contratos menores, para arrancar, cortar las plantas de marihuana y triturarlas. Las tres empresas ganadoras del concurso serán avisadas cuando haya un operativo policial y tienen el deber de mantener la confidencialidad del lugar en el que actúan.
La marihuana hace ya casi una década que es un problema policial que no ha parado de crecer. A pesar de las primeras señales de estancamiento que los Mossos detectaron el año pasado, las cifras siguen siendo muy elevadas. Solo en 2023, la policía catalana decomisó más de medio millón de plantas: un 10% menos que el anterior, pero un 136% más que en 2019. Para el concurso público, la administración ha calculado el número de “servicios” vinculados a la marihuana, entendido como plantaciones que necesitan desmantelar. En total, 890 actuaciones que han dividido en los cuatro lotes. La mayor parte se concentra en el área metropolitana de Barcelona (385), seguido de las provincias Lleida (175), Tarragona (170) y Girona (135). Una misma empresa ha ganado dos de ellos, y otras dos, el resto.
La labor de los tres adjudicatarios consistirá en enviar los operarios que se dedicará a desbrozar las plantaciones. En el caso de que cuenten con la autorización judicial, los Mossos guardarán una muestra y el resto se destruirá en el mismo lugar. Si no, las plantas se trasladarán a un almacén central que la policía catalana estrenó en fase de pruebas en septiembre del año pasado en Noubarris, en Barcelona. La instalación nació pensada para que exista una única custodia de la droga intervenida, ante la dificultad y el desbarajuste que ha supuesto para las comisarías tener que guardar las plantas. Además del olor y el espacio que ocupan, se pudren y son un foco de insectos. Hasta ahora, cuatro regiones policiales (Barcelona, metropolitana sud, metropolitana norte y Girona) y los servicios centrales ya almacenan la droga en Noubarris. Las cuatro restantes se irán sumando poco a poco, según ha explicado un portavoz el cuerpo.
Finalmente, la queja histórica de sindicatos policiales y de investigadores ha obtenido una respuesta formal con la adjudicación de los contratos, que se publicó este jueves en el portal de contratación de la Generalitat. Pero algunos operativos especialmente complicados, como las plantaciones exteriores, en alta montaña, seguirán necesitando de respuestas imaginativas, porque no siempre son fácilmente accesibles a pie o en vehículos. Los contratos adjudicados se ejecutan hasta diciembre de 2024, pero la intención del Departamento es prorrogarlos dos años más, para 2025 y 2026. Según el valor de la licitación, calculan gastar más de un millón de euros en tres años.
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