Aragonès plantea que Cataluña recaude todos los impuestos y después transferir recursos al Estado

El Gobierno de Pere Aragonès quiere controlar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Gestionarlos y recaudarlos y, después, transferir una parte de los recursos al Estado, a similitud del concierto vasco pero incluyendo también recursos para un fondo de solidaridad con “comunidades de menos capacidad fiscal”. Esa es la base de la ...

El Gobierno de Pere Aragonès quiere controlar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Gestionarlos y recaudarlos y, después, transferir una parte de los recursos al Estado, a similitud del concierto vasco pero incluyendo también recursos para un fondo de solidaridad con “comunidades de menos capacidad fiscal”. Esa es la base de la propuesta del nuevo modelo de “financiación singular” para Cataluña que ha presentado este martes un Ejecutivo que se encuentra a las puertas de las elecciones, convocadas para el 12 de mayo. La consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha asegurado que su planteamiento es equiparable a sistemas de financiación existentes en países de corte federal, como Suiza o Canadá, y que es “razonable e imprescindible”. Además de parecerse al modelo vasco, coincide con el pacto fiscal que Artur Mas presentó en 2012.

El Gobierno ha reaccionado con máxima cautela en público, para evitar una tensión con un aliado como ERC, pero en privado distintos miembros del Ejecutivo dejan claro que este concierto a la catalana no está encima de la mesa y no es factible negociar sobre esta base, que además, según su visión, sería incluso discutible constitucionalmente porque mientras el País Vasco tiene reconocida la especificidad fiscal en la Constitución, Cataluña está en el régimen general. Por eso el Ejecutivo mantiene su oferta, la misma que se negoció para la investidura: una reforma completa de la financiación autonómica en la que se podría estudiar cualquier propuesta de los independentistas, pero siempre que sea en el marco de esa reforma que implique a todas las autonomías y no con una negociación bilateral con Cataluña.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, evitó un rechazo tajante de la propuesta, pero dejó claro que el marco es la negociación multilateral de la financiación autonómica mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue algo más directa. Si bien, Montero evitó polemizar con ERC. “La posición del Gobierno es muy clara: vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación de todas las comunidades del régimen común, incluida Cataluña”, aseguró Montero. “Pero para ello necesitamos consenso, fundamentalmente con el PP”.

Desde las filas de Junts, por su parte, ha aprovechado para cargar contra su exsocios en el Govern y lanzar una advertencia al Gobierno central. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha evitado entrar en el detalle de la propuesta del Govern, muy similar a la que en su día hizo el expresident Artur Mas, pero si ha afeado el momento en que se ha producido. “Esto es un panfleto electoral que desprestigia las instituciones”, ha criticado. ”Si el PSOE cree que Junts colaborará en el café para todos para fortalecerlo, que se olvide de nuestros votos, porque el espíritu del acuerdo de Bruselas no era este”, ha alertado Turull en un acto en Mollerusa (Lleida).

Una recaudación actual del 9%

El fondo del asunto, para la Generalitat, está en los 52.000 millones de euros que pagan los catalanes en impuestos. Actualmente, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) apenas recauda el 9% y el resto de recursos tributarios que llegan a su caja proceden del modelo de financiación autonómica, en el que como el resto de territorios participa en una cesta de impuestos, además de tener impuestos cedidos. La cifra de 52.000 millones es de 2021, cuando en los Presupuestos de la Generalitat la recaudación vía impuestos alcanzaban los 30.000 millones. Las cuentas se completan con otros ingresos, como las tasas o los ingresos procedentes de la explotación del patrimonio de la Administración catalana, lo que da idea del aumento de recursos con los que podría contar la Generalitat.

Ese incremento, sin embargo, estaría limitado por las dos vías de transferencia que contempla la propuesta de la Generalitat, que deja aparte la Seguridad Social. Los autores del trabajo, que también ven claro su encaje en el ordenamiento jurídico vigente, han ideado dos vías para enviar dinero a Madrid. Una sería similar al cupo vasco y la cuantía se basaría en las inversiones y los gastos que la Administración del Estado efectúa en Cataluña. La segunda es la creación de un fondo interterritorial, con el que Cataluña participaría en la solidaridad. Ambos serían concretados a partir de la negociación política y de hecho, su cuantía es el gran secreto que mantiene el Govern. No quiere fijar ninguna cantidad ni ningún porcentaje respecto al PIB que pueda ser entendido como una línea roja o un punto débil en posibles negociaciones.

La cuantía total de esos dos fondos son “métricas que han de ser objeto de negociación política”, ha argumentado la consejera de Economía para negarse a cuantificarlos. Lo que sí señala el documento elaborado por la Generalitat es que la implantación del modelo podría ser escalonado, por la complejidad que la Hacienda catalana asumiera toda la gestión. Además, se reclama la transferencia de recursos humanos y económicos de la Agencia Tributaria, lo que acabaría abriendo otra caja de los truenos.

Hace unas semanas, el grueso de las instituciones económicas y empresariales catalanas había cerrado filas sobre la necesidad de una mejora en las finanzas de la Generalitat, con diversas propuestas entre las que se encontraba el concierto. Pese a las semejanzas con el modelo foral del País Vasco y Navarra, Mas ha considerado que el planteamiento de un fondo de solidaridad interterritorial es “casi insignificante” en el caso del sistema del que se beneficia el País Vasco. La Generalitat no hace planteamientos sobre las cuotas de la Seguridad Social.

Actualmente, la Generalitat, a través de la cesta de impuestos cedidos y compartidos, y los propios, gestiona más de 25.000 millones, menos de la mitad de los 52.000 millones que la propuesta lanzada este martes. La idea inicial es que el resultado final del trasvase de recursos en Cataluña se cierre tras negociaciones entre ambas administraciones, tal y como sellaron PSOE y ERC durante la negociación de la última investidura de Pedro Sánchez. En la propuesta no figuran porcentajes, aunque desde el Govern siempre se ha afirmado la necesaria reducción de lo que considera el déficit fiscal catalán, que asegura que cada año asciende a 22.000 millones de euros

“Hoy presentamos un cambio de paradigma, un modelo que implica que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos”, ha asegurado Mas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. “El marco constitucional español permite encajar esta propuesta”, ha remarcado la titular de Economía, que sí ha aceptado que son necesarios cambios legislativos, pero que dependen solo de la “voluntad política”.

En noviembre, el presidente de la Generalitat encargó a Mas que elaborara la propuesta de modelo “justo y singular” para Cataluña. Con eso, el Ejecutivo republicano buscaba avanzar en uno de los compromisos del partido para la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo que permitió poner en marcha el Gobierno central reconocía que la financiación de la Generalitat estaba desfasada y que, por tanto, necesitaba una actualización.

Sin embargo, el Ejecutivo siempre ha querido inscribir una posible mejora dentro del sistema global de financiación de todas las comunidades autónomas, que lleva una década sin ser actualizado. “El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación”, decía el acuerdo firmado entre ERC y PSOE.

Natàlia Mas ha señalado que la propuesta es “razonable e imprescindible” y que se basa en la “autonomía tributaria, suficiencia financiera y solidaridad fiscal”. Su presentación en el Palau de la Generalitat ha sido una enmienda a la totalidad al actual sistema de financiación autonómico, además de criticar la falta de “lealtad institucional” del Estado con las comunidades autónomas, al asegurar que pese a que ha incrementado un 90% sus ingresos, las comunidades apenas han ganado la mitad de los recursos que gestionaban.

El Govern reclama afrontar esta negociación de forma bilateral y no la asumirá en ningún foro multilateral. El documento del Ejecutivo de Pere Aragonès niega que sea “ningún privilegio” de Cataluña y considera que puede ser extensible al resto de las comunidades autónomas.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal