El juez procesa a 45 policías por la violencia “innecesaria” y “gratuita” en las cargas del 1-O en Barcelona

Cinco años después, el juez que ha investigado las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O en Cataluña ha dado por acabada la instrucción. El magistrado considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 45 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por los excesos al reprimir la votación en Barcelona. El ...

Cinco años después, el juez que ha investigado las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O en Cataluña ha dado por acabada la instrucción. El magistrado considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 45 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por los excesos al reprimir la votación en Barcelona. El juez constata episodios de violencia “innecesaria” y “gratuita” contra los ciudadanos por parte de esos agentes, que en algunos casos, señala, fueron autorizados o tolerados por los mandos policiales sobre el terreno. La Fiscalía dispone ahora de más un mes para decidir si pide que se archive la causa o acusa a todos o algunos de los policías.

El auto del magistrado Francisco Miralles, de 69 páginas, repasa lo ocurrido aquella convulsa jornada en cada uno de los colegios electorales que la Generalitat habilitó en Barcelona para votar. En muchos de los centros no hay indicios de delito, bien porque las imágenes grabadas no despejan todas las dudas o bien porque la actuación de los antidisturbios fue correcta. En esos casos la policía también utilizó la fuerza y puede que causara lesionados, pero lo hizo de forma proporcionada y para cumplir la orden judicial de “desalojar” los colegios e impedir el referéndum ilegal. El juez acuerda, por ello, el archivo de las actuaciones respecto a 20 agentes, pero considera que hay indicios para procesar a otros 45 por los delitos de lesiones y, en algunos casos puntuales, por un delito contra la integridad moral. El operativo desplegado por el Ministerio del Interior en esa jornada en Cataluña estaba integrado por miles de policías y guardias civiles.

Esos 45 policías irán a juicio por haberse apartado de los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” que deben regir su actuación. El auto recoge un sucinto relato de las víctimas, así como los informes forenses encargados para acreditar las lesiones. Pese a los intentos de la acusación particular por juzgar también a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía y a responsables políticos del Ministerio del Interior, todos ellos han quedado fuera del procesamiento. No se ha podido probar que existiera una orden general para cargar de manera violenta y fuera del amparo legal.

Los presuntos excesos de los agentes procesados quedan reflejados con todo detalle en el auto. Las imágenes grabadas por los ciudadanos son el principal indicio contra los policías. En algunos casos, como en el colegio público Prosperitat, los policías cargaron sin alertar previamente, de manera adecuada, del uso de la fuerza. “No hubo negociación ninguna ni advertencia que pudiera ser oída por más personas de las que estaban en primera fila, procediéndose a los pocos segundos al uso de la fuerza, que en algunos casos resulta claramente innecesaria”, dice el auto. El juez subraya, como lo hace en otros colegios, la presencia de “personas de edad avanzada” entre una multitud que había acudido a votar y que estaban allí, a las puertas de los colegios, “sin ninguna actitud agresiva”.

La Escola Mediterrània fue otro de los puntos calientes de la jornada, con una veintena de denuncias por lesiones. Aquí ni siquiera hubo intentos de advertencia, sino “una auténtica carga policial”. “Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión”: hay policías que empujan a personas al suelo e incluso algunos que con sus porras golpean, en la cara, a personas que ya habían sido desalojadas. El juez afea a los agentes que la presencia de una barandilla “claramente suponía un peligro” para las personas congregadas. En este caso está investigado el máximo responsable del operativo en la calle, que responde a la identidad de Camel 1, que “ordenó a sus hombres actuar de la manera indicada”.

La “agresividad” tolerada por un mando

Ese mismo mando y esos mismos agentes son responsables de algunos de los incidentes más graves, ocurridos en otros dos colegios: el instituto Pau Claris y las Escoles Pies de Sant Antoni. En todos esos lugares actuaron con “especial desproporcionalidad” y con “agresividad hacia los ciudadanos”. Camel 1, responsable del oparativo, “consintió” el proceder “generalizado y violento” de los agentes, ya que en todos los lugares donde actuaron a sus órdenes hubo “situaciones violentas y lesivas para los ciudadanos”. En Pau Claris, por ejemplo, toda la actuación fue “claramente desproporcionada”, tanto en el acceso al colegio como en el intento de tomar la primera planta del edificio a través de una escalera. “No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las lancen escaleras abajo o lanzando objetos personales sin necesidad de ello”, dice el auto. El juez subraya que fue una actuación “claramente denigrante” para algunas personas. Uno de los agentes procesados por golpear con la porra en la Escola Mediterrània aparece también aquí “dando patadas a personas sentadas en el suelo y arrastrando a una mujer escaleras abajo cuando su desalojo no era en absoluto necesario” y no estaba atentando contra los agentes.

En el ambulatorio de El Guinardó, la policía tampoco siguió los protocolos ni las exigencias de proporcionalidad, como muestran los vídeos. Hubo una “actuación directa” contra los votantes que, recuerda el juez, “no tenían ninguna obligación de saber qué estaba ocurriendo ni lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (esto es, que el referéndum era ilegal y que la policía debía impedir su celebración). Los agentes “comenzaron a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo”. Hubo un total de diez personas heridas. Actos de violencia gratuita se vieron también en el colegio público Ramon Llull, donde se observa a un antidisturbios “cogiendo de forma claramente innecesaria a una persona por el cuello y arrastrarla”. Un vídeo también ha provocado el procesamiento de varios policías que, en el instituto Víctor Català, “levantan a una persona del suelo alzándola por una pierna” y a otro hombre, de avanzada edad, “tirando de sus orejas”. En ese mismo centro, un agente dio un “puñetazo en la cara a un ciudadano sin justificación alguna” y otro compañero “pisó intencionadamente la mano de una persona que estaba sentada en el suelo”.

Hace tres años, la Fiscalía pidió que se archivara la causa para la gran mayoría de los investigados, con la excepción de seis agentes que, a su juicio, no actuaron correctamente. El juez rechazó esa postura y siguió adelante con la investigación que ahora culmina. El colectivo Irídia, que ha impulsado la denuncia de los afectados y ha reunido el material gráfico, considera que el procesamiento es “un paso positivo contra la impunidad”. La abogada Anaïs Franquesa asegura que hubo un “esfuerzo colectivo” para identificar a los agentes y lamenta “la falta de mecanismos de control y fiscalización” de la policía, que puso muchas trabajas a la entrega de la información solicitada por el juez.

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