El bono joven de alquiler se podrá pedir en Cataluña a partir del 8 de junio

Cataluña será, con toda probabilidad, la primera comunidad autónoma donde se podrá pedir el bono joven, la ayuda de 250 euros mensuales para pagar el alquiler, aprobada por el Gobierno español el pasado mes de enero. La Secretaría de Vivienda de la Generalitat tiene previsto sacar este martes la convocatoria que fijará las bases para solicitar la ayuda a partir del miércoles 8 de junio, ha adelantado RAC1. La ayuda se podrá...

Cataluña será, con toda probabilidad, la primera comunidad autónoma donde se podrá pedir el bono joven, la ayuda de 250 euros mensuales para pagar el alquiler, aprobada por el Gobierno español el pasado mes de enero. La Secretaría de Vivienda de la Generalitat tiene previsto sacar este martes la convocatoria que fijará las bases para solicitar la ayuda a partir del miércoles 8 de junio, ha adelantado RAC1. La ayuda se podrá tramitar por internet (entiende que por la edad de los solicitantes no será un problema) o en las oficinas locales de vivienda o juventud, precisa el área de vivienda.

Pueden solicitar el bono joven las personas de entre 18 y 35 años que tengan unos ingresos inferiores regulares a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, que es de 579 euros, por lo que los ingresos máximos serían de 1.737 euros al mes). Tendrán derecho a las ayudas los jóvenes inquilinos que paguen hasta 600 euros al mes, un indicador que las comunidades pueden elevar hasta 900 mensuales. También podrán optar quienes paguen hasta 300 euros mensuales por una habitación.

Otra de las condiciones del bono es que, ante la previsible falta de ayudas dada la demanda que habrá, se concederán por orden de solicitud. Hasta que se termine el presupuesto. Eso sí, los beneficiarios recibirán la ayuda de 2022 con efecto retroactivo desde el mes de enero. La Generalitat cree que, a estas alturas del año y en vísperas al verano, entre gestionar las peticiones y resolverlas, no comenzará a pagar las ayudas hasta después del verano.

El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana reveló en marzo el reparto por comunidades del total de 400 millones de euros que entre 2022 y 2023 destinará a pagar esta ayuda. A Cataluña le corresponden 29 millones cada uno de los dos años, que permitirán llegar a unas 10.000 ayudas anuales (el cálculo es fruto de dividir los 29 millones anuales por 3.000 euros, que son 12 meses de ayuda de 250 euros). El secretario de Vivienda, Carles Sala, considera que la ayuda es “insuficiente e injusta”. El presupuesto que le corresponde a Cataluña supone el 14,5% del total, “cuando la comunidad tiene una cuarta parte de los contratos de alquiler de primera vivienda de España”.

Los representantes de la Generalitat señalan votaron en contra del reparto de fondos para la ayuda durante la Conferencia Sectorial de marzo. Sala recuerda, además, que el Govern concede anualmente ayudas al alquiler en la convocatoria ordinaria a 66.000 personas con rentas bajas, de las que 12.000 son menores de 35 años. Estas ayudas serán incompatibles con el bono joven diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno calculó al hacer pública la ayuda que podrá beneficiar este año hasta a 70.000 personas. Si se divide la dotación presupuestaria (200 millones) entre el tope anual por cada beneficiario (3.000 euros) se podrían atender cerca de 67.000 solicitudes. Según el INE, en España hay casi 600.000 inquilinos de ingresos bajos que no superan los 35 años de edad.

En la ciudad de Barcelona, la encuesta de 2020 que realiza el Ayuntamiento entre los vecinos de entre 14 y 35 años reveló que las condiciones laborales mejoran respecto a la edición de 2015, pero que sus ingresos medios (888 euros al mes) son inferiores a lo que pagan de piso, tanto si es de alquiler como de compra (les cuesta 893,8 euros de media). Cataluña tuvo el precio del alquiler congelado durante los meses en que estuvo vigente la Ley de Contención de Rentas, que impedía subidas. Pero el Tribunal Constitucional anuló los artículos que constituían la base de la regulación en respuesta a dos recursos presentados por el PP y el Gobierno.

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