El caso de las subvenciones en el deporte amenaza al feudo del PSC

La investigación judicial del caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), sobre el supuesto desvío de subvenciones, está amenazando al feudo del PSC en el Baix Llobregat cuando falta poco más de un año para las elecciones municipales de 2023. La sombra de la sospecha se ha extendido esta semana hacia el Ayuntamiento de Cornellà, dirigido por el socialista Antonio Balmón, con la detención de 11 personas, entre ellas un teniente de alcalde y un exedil. Los investigadores registraron oficinas municipa...

La investigación judicial del caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), sobre el supuesto desvío de subvenciones, está amenazando al feudo del PSC en el Baix Llobregat cuando falta poco más de un año para las elecciones municipales de 2023. La sombra de la sospecha se ha extendido esta semana hacia el Ayuntamiento de Cornellà, dirigido por el socialista Antonio Balmón, con la detención de 11 personas, entre ellas un teniente de alcalde y un exedil. Los investigadores registraron oficinas municipales y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat por la concesión de un contrato supuestamente irregular al CELH. La alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, acaba de pedir el archivo de su imputación por omisión del deber de perseguir delitos. El PSC confía en que la jueza acuerde el sobreseimiento.

Marín aspira a presentarse de nuevo a las elecciones —es alcaldesa desde 2008—, siempre y cuando el juez no decrete la apertura de juicio oral. En ese caso, el escenario se complicaría enormemente y ya hace meses que dejó entrever —”tomaré las decisiones que toque”— que daría entonces un paso atrás. El código ético del PSC establece que la apertura de juicio oral por la acusación de “comisión de delitos dolosos graves” que puedan suponer penas privativas de libertad comporta “la suspensión cautelar de militancia”.

Marín ha pedido el archivo de la causa; si va a juicio, no sería alcaldable

El enunciado no excluye que un afiliado que deba ir a juicio oral pueda ser candidato electoral, aunque fuentes del partido admiten que se generaría una situación incierta si cualquier afectado quisiera dar el paso. No parece que sea el caso que se esté planteando Marín. “No estamos en esta fase. Estamos convencidos de que la causa se archivará. Ella lo ha pedido y el escrito está muy bien fundamentado”, señalan fuentes del partido. “¿Preocupado?”, se preguntó el primer secretario del PSC, Salvador Illa, este miércoles en una entrevista radiofónica. “Estoy tranquilo porque veo que hay colaboración con la justicia y confío en que las cosas se han hecho correctamente. Si fruto de la acción de la justicia se cree que no, tomaremos las medidas”.

El mensaje oficial es de tranquilidad, pero la situación inquieta en el PSC por el impacto que pueda tener la causa del fraude en el desvío de las subvenciones en los dos municipios donde gobierna de forma ininterrumpida desde 1979. El Baix Llobregat es el granero de los socialistas y no se ha visto salpicado con causas graves de corrupción, a diferencia de lo sucedido en Sabadell o en Santa Coloma de Gramenet. Fuentes del partido dicen que el tiempo juega a su favor porque queda un año y cuatro meses para la cita con las urnas y es un periodo suficiente para que los cuadros del partido puedan explicarse en los barrios donde apuntalan sus victorias. Con todo, admiten que cualquier asunto relacionado con la corrupción, aunque no sea una macrocausa, siempre pasa factura y puede tener cierta afectación, especialmente en L’Hospitalet, donde el volumen del eventual fraude es mucho mayor que el de Cornellà.

Miembros del partido temen que la causa incida en los comicios

La cuestión es que el PSC recuperó en 2019, aprovechando cierto tirón del efecto Pedro Sánchez, las mayorías absolutas perdidas en 2015 con porcentajes del 43% (L’Hospitalet) y el 47% (Cornellà). Y queda ahora la duda de si podrán mantener ese listón. Pese a su imputación, Marín está muy bien valorada en el barómetro municipal —solo la suspenden los votantes de ERC y comunes con un 4,9—, pero no tiene un relevo claro en el caso de renunciar. La situación del PSC en L’Hospitalet es además complicada: Cristian Alcázar, imputado y detenido en su día, es el primer secretario del PSC en el municipio y derrotó en primarias a Francesc Belver, primer teniente de alcalde y el candidato preferido por el que apostó Marín, el principal activo del PSC en el municipio.

El PSC celebró a final de año un congreso para certificar el relevo al frente del partido y Miquel Iceta pasó el testigo a Illa. El actual ministro de Cultura y Deportes fue nombrado presidente en sustitución de Marín, nombrada vicepresidenta en un cargo casi inédito. La medida sirvió para encumbrar a Iceta y apartarla a ella de la primera línea del partido. En su escrito de defensa, Marín explica que se reunió con Jaume Graells, el edil denunciante, el mismo día que tuvo conocimiento de los hechos, que dio traslado a la secretaría municipal, que citó a los dos concejales sospechosos y que no participa en la concesión de subvenciones. Balmón, por su parte, consideró “desproporcionada” la actuación policial en Cornellà, defendió la “honestidad” de los detenidos y dijo estar “muy tranquilo” con el proceder del Ayuntamiento.

Mientras, la oposición se moviliza: los comunes y Podem dicen que el PSC no ha dado explicaciones convincentes; ERC pide que Marín comparezca y se explique en el Parlament y el PP ha pedido a los socialistas dimisiones recordando que el Consell Esportiu del Baix Llobregat se financia con dinero público y le reprochó que use una doble vara de medir al pedir la dimisión de Xavier García Albiol pese a no estar investigado en el caso de Los Papeles de Pandora. Vox anunció ayer que se personará en la causa como acusación particular.