Era evitable

Lo que pasó en una nave en Badalona hace un año ha vuelto a ocurrir. Lo que pasó en un piso en el barrio de Sant Roc en 2019, también. Igual que lo que pasó en Reus, en 2016. Ahora, cuatro personas han muerto, entre ellas dos niños, a causa de un incendio en un local abandonado en el centro de Barcelona. La causa es la misma: la pobreza. Pobreza habitacional, pobreza energética... Da igual lo que se le añada, porque es pobreza, una precariedad extrema que, incluso, puede llevar a la muerte. La pobreza te hace vulnerable, sin quererlo, y te expone a situaciones inimaginables que pueden desencad...

Lo que pasó en una nave en Badalona hace un año ha vuelto a ocurrir. Lo que pasó en un piso en el barrio de Sant Roc en 2019, también. Igual que lo que pasó en Reus, en 2016. Ahora, cuatro personas han muerto, entre ellas dos niños, a causa de un incendio en un local abandonado en el centro de Barcelona. La causa es la misma: la pobreza. Pobreza habitacional, pobreza energética... Da igual lo que se le añada, porque es pobreza, una precariedad extrema que, incluso, puede llevar a la muerte. La pobreza te hace vulnerable, sin quererlo, y te expone a situaciones inimaginables que pueden desencadenar episodios trágicos como el de la plaza de Tetuán. Tragedias que serían evitables si se garantizase un derecho tan esencial para la dignidad humana como el de la vivienda.

La emergencia habitacional es una realidad. Las entidades sociales, que con la pandemia hemos duplicado las ayudas para la vivienda, hace años que advertimos de que el acceso a una vivienda digna es un lastre para miles de familias que se encuentran ante una dura dicotomía. ¿Comer? ¿Pagar el alquiler? ¿Hacer frente a las facturas energéticas? Constantemente tienen que escoger entre cubrir una necesidad básica u otra, como si fuese una elección lógica. Esto sucede aquí. En nuestro vecindario. En nuestra comunidad. Nos sucede a nosotros.

A día de hoy, el derecho a la vivienda es papel mojado. Las administraciones públicas son las responsables de que lo sea. Durante décadas no han priorizado la garantía de este derecho y los resultados son visibles. La inversión en políticas de vivienda ha sido claramente insuficiente, a muchísima distancia de los recursos que sí que han destinado otros países de la Unión Europea (el 0,1% del PIB frente al 0,6% de la media europea). Las consecuencias son un parque de vivienda social pírrico (no llega ni al 2%, en contraposición con el 15% de la UE) y unas mesas de emergencia, con más de 600 personas en lista de espera, que no dan abasto. Sin ninguna alternativa, no extraña que las personas en situación de vulnerabilidad habitacional se vean obligadas a vivir en infraviviendas, en lugares que no son seguros, con unas condiciones de habitabilidad pésimas y a menudo sin acceso a los suministros básicos. Tampoco tiene que sorprender, pues, que fenómenos como los asentamientos y la ocupación aumenten año tras año. Si los poderes públicos no dan respuestas, las personas tienen que buscar sus propias soluciones, sean las que sean. Es cuestión de pura supervivencia.

Otra vez, esta tragedia nos pone en un espejo, sobre todo cuando, entre las víctimas, hay dos niños muy pequeños que son el ejemplo claro de lo que las cifras impersonales dicen: uno de cada tres niños catalanes son pobres. Es bastante probable, sin embargo, que superado el choque inicial, todo quede igual y que, de aquí unos meses o años, otra noticia parecida llene titulares. La pregunta será de nuevo la misma: ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo se ha actuado para evitarlo?

Francina Alsina es presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.