La Generalitat descarta avalar de manera directa a los encausados por el Tribunal de Cuentas

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha confirmado este martes que, de momento, ninguna entidad financiera ha respondido a sus peticiones y las de los 34 ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas para avalar las multas que pide el órgano fiscalizador. Pese a ello, el Govern no hará efectiva la cláusula específica del decreto ley que ponía en marcha el fondo de 10 millones y que se reservaba el derecho a avalar de ...

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha confirmado este martes que, de momento, ninguna entidad financiera ha respondido a sus peticiones y las de los 34 ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas para avalar las multas que pide el órgano fiscalizador. Pese a ello, el Govern no hará efectiva la cláusula específica del decreto ley que ponía en marcha el fondo de 10 millones y que se reservaba el derecho a avalar de manera directa a los acusados por el procés. El plazo para abonar la fianza de 5,4 millones de euros vence este miércoles. La falta de aval aboca a los afectados —que habían solicitado formalmente acogerse a la iniciativa del Govern— a depositar bienes y propiedades personales para cubrir al máximo la suma exigida.

“No descansaremos hasta que se pueda cuidar a los trabajadores públicos de la Generalitat. No insistiré en su solvencia jurídica del decreto ley. Ha habido pronunciamientos de partidos relevantes [el PSC] y que han considerado conforme al derecho el texto”, ha defendido Giró. El titular de Economía ha asegurado que la Generalitat “persistirá” en encontrar una solución y buscará que una entidad extranjera se haga cargo del aval, si bien no ha querido dar pistas.

Sin embargo, ha descartado activar la disposición adicional del decreto ley que abría la puerta a avalar de manera directa, a cargo del fondo aprobado para el Govern, a los 34 investigados. “No someteremos a ninguno de los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a dar curso a una operación así, teniendo en cuenta lo que ha sucedido”, ha dicho el consejero en referencia a actuaciones judiciales contra el independentismo. Giró ha descartado que la cúpula del ICF haya expresado algunas dudas sobre la operación y sus consecuencias jurídicas y que esa sea la razón para descartar esa vía.

El anuncio llega después de que ninguna entidad bancaria aceptara avalar a los investigados por el órgano fiscalizador. “No sé qué ha pasado. El mecanismo es jurídicamente impecable. No ha ayudado el ruido [mediático] y el poco margen de tiempo”, ha explicado el titular de Economía sobre las trabas del mundo financiero. Giró ha asegurado que no tiene noticias de que el Banco de España haya bloqueado los planes del Ejecutivo catalán. El plazo para aportar la fianza colectiva vence este miércoles y el Tribunal de Cuentas descartó el pasado lunes extenderlo para hacer el pago. En la lista de afectados aparecen, entre otros, el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Economía del Govern, Andreu Mas-Colell.

El decreto ley aún está pendiente de convalidación por parte del Parlament y el consejero ha recordado que están pendientes del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que se encarga de verificar que las normas catalanas se ajustan al derecho. El ente tiene hasta el día 29 de este mes para pronunciarse y después se someterá al legislativo catalán. Giró ha asegurado que, si este informe hubiera llegado antes, posiblemente la interlocución con las entidades financieras habría sido más fácil. “Me alegraría tener una llamada diciéndome que gracias a eso se desvanecen las dudas jurídicas y que nos colaborarán”, ha explicado.

Según la investigación del órgano fiscalizador, que se remonta a los gastos de 2011, cuando Artur Mas aún estaba al frente del Ejecutivo catalán, se emplearon 5,4 millones de euros en promoción exterior y búsqueda de apoyos a nivel internacional para la secesión catalana. Las defensas alegan que la situación es rocambolesca porque, por ejemplo, si en un viaje al exterior se realizó una atención a medios y allí se preguntó por el procés, todo el coste cuenta como supuesta malversación.

Apoyo de los independentistas

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha enviado una carta a sus afiliados solicitando que se hagan donaciones a la llamada caja de solidaridad (la hucha creada por las entidades independentistas para pagar las multas de procesos judiciales a secesionistas) de cara a poder responder ante el Tribunal de Cuentas. “La presión mediática y de los organismos del Estado han hecho que las entidades financieras no puedan acceder, de momento, a conceder el aval”, asegura Sànchez.

Laia Estrada, diputada de la CUP, ha expresado su apoyo al Ejecutivo catalán. “Estaremos al lado del Govern. Somos conscientes de que la situación es extremadamente compleja. Quizá lo asuma el Instituto Catalán de Fianzas. El papel de la Generalitat tiene que estar al lado de la gente represaliada”, ha dicho.

Antes de trascender que el Govern no había encontrado un banco para formalizar el aval, David Cid, portavoz de En Comú Podem, ha acusado al Partido Popular de convertir al Tribunal de Cuentas en su “cortijo” que utiliza para “reventar” el diálogo entre Gobiernos. “El decreto es sólido”, ha afirmado apuntando que espera al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para decidir si votarían a favor o no de convalidar ese decreto.