Aragonès asume 10 proyectos de ley que quedaron en el aire con Torra

Pere Aragonès enumeró el jueves en su discurso de investidura la intención de aprobar durante esta legislatura un paquete de una quincena de leyes. Serán unas cuantas más, según los acuerdos de investidura que ERC suscribió por separado con la CUP y Junts. En todo caso la mitad de ellas son el legado de la última legislatura, cuando siguieron sin aprobarse normas como la de la Ciencia o la que debe regir el sistema electo...

Pere Aragonès enumeró el jueves en su discurso de investidura la intención de aprobar durante esta legislatura un paquete de una quincena de leyes. Serán unas cuantas más, según los acuerdos de investidura que ERC suscribió por separado con la CUP y Junts. En todo caso la mitad de ellas son el legado de la última legislatura, cuando siguieron sin aprobarse normas como la de la Ciencia o la que debe regir el sistema electoral en Cataluña, única comunidad que sigue sin tener norma propia. Destaca el silencio sobre la ley de Cámaras, pendiente del año pasado y que abrió una batalla interna entre los dos socios del Govern.

La gran duda es si el nuevo Govern recogerá el guante de elaborar una ley de Presupuestos para este año, prioridad máxima que le han demandado patronales y sindicatos para marcar las pautas de lo que debe ser la recuperación económica. Aragonès no hizo mención alguna en su discurso de investidura y el calendario, con apenas seis meses de actividad por delante y la necesidad de engrasar el Ejecutivo, lo complica. Los últimos, aprobados en 2020, necesitaron tres meses para tramitarlos y un periodo similar tardó el Govern en elaborarlos. Más allá de la ley presupuestaria, una rareza en Cataluña en el último lustro, Aragonès afronta las siguientes leyes.

Ley electoral. Aragonès tiene entre sus prioridades impulsar una ley electoral. Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de una norma así y se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma precisa para ser aprobada del apoyo de dos terceras partes de los diputados del Parlament y hasta ahora los grupos no han tejido consensos para impulsarla. Actualmente, la norma prima los votos de las zonas menos pobladas para preservar en principio el equilibrio territorial en relación con las provincias con mayor densidad demográfica.

Ley de Ciencia. Es una cuestión pendiente para la Generalitat desde que Andreu Mas Colell era consejero de Economía y Finanzas. En este caso, el Govern parece haber dividido esta en dos, ya que en paralelo quieren crear una Ley de Mecenazgo con vinculación a las actividades de investigación y desarrollo.

Ley de Turismo. Es otra que está pendiente de actualizar, después que la actual entrara en vigor en 2002 y el Gobierno autonómico realizara modificaciones puntuales a través de decretos, sobre todo para adaptarse al nuevo modelo de alojamiento vinculado a plataformas como Airbnb.

Ley de Contratación pública. El objetivo es agilizar los procesos y ganar en transparencia en los contratos, en los que tendrá que haber cláusulas sociales y laborales. Junts asustó al mundo empresarial cuando en la pasada campaña electoral afirmó que quería excluir a las empresas del Ibex de los concursos de la Generalitat.

Ley de Transición Energética. Es una de las que fuerza la CUP a elaborar, por lo que está asegurada la mayoría parlamentaria si hay capacidad para consensuar un texto. Sigue los parámetros marcados por la UE ante la emergencia climática y se basa en el uso de energía limpia y de kilómetro cero, pese a que uno de los problemas de Cataluña es precisamente la falta de generación eléctrica de origen renovable. En el mismo acuerdo con los anticapitalistas se acordó desarrollar una Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural.

Ley del Sistema de Policía. Es una norma que pretende establecer las bases de coordinación de las diferentes policías en Cataluña. Vinculada estará otra norma, la del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña y una nueva de Emergencias.

Ley de Territorio. También la tenía Quim Torra en su hoja de ruta de 2018. Es una caja-contenedor en la que se deben encajar diferentes ordenamientos que afectan al urbanismo, la vivienda y el paisaje. Puede ser esencial para intentar paliar los efectos de la Cataluña vaciada.