Avenida Carrilet: la otra cara de la vivienda social
Vecinos de L’Hospitalet denuncian el cambio en sus condiciones de rentas y la falta de mantenimiento
Los carteles en los balcones indican que algo pasa en estos dos bloques de pisos de Santa Eulàlia, el barrio de L’Hospitalet con más riesgo de gentrificación por su cercanía a la ciudad de Barcelona. “Obra insocial La Caixa”, “Caixabank sube el límite de acceso a VPO”, “pagando places solares y diez años sin agua caliente”. La entidad, que promovió estas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en 2010, ha impuesto cambios en las condiciones —rentas mínimas cada vez más altas, aumentos en los precios del alquiler— que han irritado a los vecinos, descontentos también con lo que co...
Los carteles en los balcones indican que algo pasa en estos dos bloques de pisos de Santa Eulàlia, el barrio de L’Hospitalet con más riesgo de gentrificación por su cercanía a la ciudad de Barcelona. “Obra insocial La Caixa”, “Caixabank sube el límite de acceso a VPO”, “pagando places solares y diez años sin agua caliente”. La entidad, que promovió estas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en 2010, ha impuesto cambios en las condiciones —rentas mínimas cada vez más altas, aumentos en los precios del alquiler— que han irritado a los vecinos, descontentos también con lo que consideran es un mantenimiento insuficiente.
“Cuando se construyó, esta promoción era vivienda asequible de la Obra Social. Ahora la llaman vivienda ‘básica’ y pertenece a Inmocaixa”, dice Ángel, portavoz informal de los vecinos, para ilustrar una sensación que otros comparten: que también aquí, en la avenida del Carrilet, el derecho a la vivienda “se ha transformado en negocio”.
El grueso del centenar de familias que viven en estos pisos de 40 metros entró a vivir en 2010: pagaban 355 euros al mes —incluidos IBI y mantenimiento— y debían acreditar ingresos mínimos anuales de 8.000. Los contratos de alquiler se renuevan cada cinco años. La última vez, para la mayoría, fue el pasado octubre: el alquiler pasó a ser de 550 euros y los ingresos mínimos, de 19.000. Los vecinos lamentan que, además, son más bien contratos de nuevo cuño. Recuerdan que en este tiempo han renunciado, por ejemplo, a una opción que sí se les ofreció al principio: la de comprar el piso.
La empresa de Ángel le quitó horas de trabajo y, llegado el momento de firmar la renovación, vio que no cumplía los nuevos requisitos. No dejó de pagar, pero temió por su continuidad en el barrio. “Juegan con la vida de la gente”, dice el hombre, que ha reconducido su situación “por el ruido” que han hecho los vecinos junto al Sindicat de Llogaters, que les ayuda a organizarse. “Ya no estamos solos”. Sobre este caso, el Sindicat acusó a la entidad de imponer “cláusulas abusivas e ilegales” y de “desatender sus obligaciones como propietario”.
Un portavoz de Fundación La Caixa explica que, al tratarse de una promoción de VPO, los precios “están regulados” y recuerda que los alquileres “están sustancialmente por debajo del precio de mercado”. El precio medio en esta promoción, añade, es de 480 euros al mes. Matiza que en ningún caso son “viviendas destinadas a familias en riesgo de exclusión social”. Sobre la supresión de las cláusulas de compra, sostiene que la entidad “tiene interés en mantener estas viviendas en régimen de alquiler”.
El otro gran frente de lucha de los vecinos es el mal estado de los bloques por el empleo de materiales de escasa calidad y por la falta de mantenimiento. Las placas solares para el agua caliente, cuenta Ángel, solo funcionaron los primeros meses. Verónica González, de 46 años y residente en los edificios desde hace año y medio, constata las deficiencias: pasillos sin luz, cerraduras sin cambiar, rellanos que nunca se han pintado, ruidos estremecedores de tuberías, puertas correderas del balcón que oscilan cuando hay viento, ascensores que se estropean más de la cuenta… y el interfono. “Desde que estoy aquí no ha funcionado, y he llamado varias veces para arreglarlo”, dice Verónica, que trabaja en una compañía de seguros.
Verónica accedió a la bolsa de vivienda social y, tras una odisea burocrática, llegó a la avenida del Carrilet. Asegura que es la que más paga del bloque: 575 euros. “Quizá es poco por cómo está el mercado, pero no es ningún chollo para un piso de 40 metros y con una cocina donde apenas puedes cocinar”. Llegó con la esperanza de acceder a un alquiler para toda la vida. Pero visto lo visto, piensa irse si encuentra un alquiler barato en Santa Eulàlia.
El portavoz de la Fundación La Caixa explica que “se está trabajando en la mejora del mantenimiento” para “solucionar incidencias puntuales como esta de L’Hospitalet”. Admite que los problemas se centran en las placas solares y las calderas. Estos últimos días, “se han pintado los vestíbulos” y la pared de los ascensores, entre otros trabajos. Y recuerda que InmoCriteriaCaixa gestiona 8.000 viviendas en régimen de alquiler en toda España.