Momentos de inflamación

Cada cierto tiempo, el fuego y la furia se apoderan de las calles de Barcelona y otras ciudades de la mano de jóvenes airados que arremeten contra la policía y contra el mobiliario urbano. Primero fue en apoyo del movimiento okupa, después contra las políticas de austeridad, en 2017 en apoyo del independentismo, en 2019 contra la sentencia del procés y ahora por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los mismos protagonistas con distintas banderas. En los últimos años, estas protestas se han hecho cada vez más frecuentes y violentas. Contenedores ardiendo como síntoma de una patolog...

Cada cierto tiempo, el fuego y la furia se apoderan de las calles de Barcelona y otras ciudades de la mano de jóvenes airados que arremeten contra la policía y contra el mobiliario urbano. Primero fue en apoyo del movimiento okupa, después contra las políticas de austeridad, en 2017 en apoyo del independentismo, en 2019 contra la sentencia del procés y ahora por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los mismos protagonistas con distintas banderas. En los últimos años, estas protestas se han hecho cada vez más frecuentes y violentas. Contenedores ardiendo como síntoma de una patología estructural: el malestar y la rabia que sienten muchos jóvenes contra un sistema que les ha dejado sin expectativas y que perciben como profundamente injusto.

Las protestas de los últimos días en defensa de la libertad de expresión son el último episodio de un bucle que empezó en 2008. La ley que ha llevado a Pablo Hasél a la cárcel forma parte de la involución democrática impulsada por el PP como respuesta a las movilizaciones contra las políticas de austeridad, que además de agravar las consecuencias de la crisis, penalizó especialmente a las generaciones más jóvenes. El objetivo de la ley Mordaza era dificultar y desincentivar las movilizaciones por la vía de criminalizar las protestas, y lo ha conseguido —se han recaudado más de 400 millones de euros en sanciones amparadas en esa ley — pero a costa de hacerlas más virulentas e imprevisibles.

Este marco legal ha conducido a la paradoja, cínica e insoportable a los ojos de muchos jóvenes, de que mientras se cierran investigaciones judiciales sobre la supuesta corrupción del Rey emérito, se lleve a la cárcel a quien la ha criticado en sus canciones. De muy mal gusto, desde luego, pero canciones al fin, que expresan una opinión y que nunca deberían haber sido consideradas delito, por muy deleznables que sus letras nos parezcan. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, ha clarificado dónde se encuentra la frontera del delito: “Si expresas tus ideas políticas siempre es libertad de expresión. Si usas las palabras para amenazar, insultar o animar a delinquir, nunca es libertad de expresión”.

El encarcelamiento ha sido la mecha, pero hay otros factores de fondo que alimentan estos súbitos accesos de fiebre y de furia a los que se suman colectivos muy diversos de jóvenes con ganas de darle una patada al tablero. Algo tendrá que ver con todo ello que la tasa de paro se haya enfilado hasta el 40,7% entre los menores de 25 años y que la precariedad laboral sea el destino de los que han empalmado dos crisis económicas en diez años. Si al estallar la de 2008 el colectivo con mayor riesgo de pobreza eran los mayores de 75 años, ahora son los jóvenes de 16 a 24 años. Y el segundo, los menores de 16 años. Así lo constata el estudio La pobreza en España y Europa: los efectos de la covid-19, de Núria Bosch y Lluís Ayala.

Sin políticas destinadas a revertir la brecha generacional, muchos jóvenes se ven abocados a engrosar las filas de los excluidos. Cuando el sistema no integra, sino que expulsa, no debe extrañar que surjan revueltas antisistema. Lo preocupante es que cada vez haya más violencia.

Violencia contra la policía, como símbolo del Estado que les excluye, y contra ciertos bienes privados, como oficinas bancarias o sedes de grandes corporaciones. Pero también contra el mobiliario urbano y el espacio público, lo que revela el poco valor que estos jóvenes conceden a los bienes colectivos. Y últimamente, también con saqueos de comercios populares, un patrón que ya vimos en las protestas que en 2011 se iniciaron en el barrio de Tottenham de Londres. Esta vez han ardido además muchas motos y coches de gente que nada tiene que ver con las injusticias por las que protestan, como ocurrió en los suburbios de París en 2007 y en las revueltas de los chalecos amarillos en Francia.

Los colectivos que promueven estas protestas han interiorizado la idea de que solo si media violencia, el poder los escucha. “Es la única forma de que nos hagan caso”, decía en TV3 una joven que parecía muy razonable. Algo falla en nuestra democracia si una parte de la juventud está convencida de que protestar pacíficamente no sirve de nada; que, si no es con violencia, nadie les tiene en cuenta. Esto es algo muy perturbador, que nos interpela a todos. Corremos el riesgo de que la violencia callejera y la socialización del daño que representa la quema de motos y coches únicamente sirvan para despertar las pulsiones autoritarias de una sociedad atemorizada. Para alimentar el discurso de los que apuestan por soluciones represivas y de limitación de las libertades. La mano dura de la derecha de siempre.