El Govern modificará el proyecto urbanístico para salvar BCN World

“El proyecto sigue adelante”. Con esa contundencia la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha subrayado este miércoles la intención del Ejecutivo de mantener vivo el proyecto de BCN World pese al golpe judicial asestado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que aprobó una sentencia que anula parcialmente el planeamiento urbanístico por el riesgo químico que supone la proximidad de una zona de espacios públicos y equipamientos al polígono petroquímico de Tarragona. El Departam...

“El proyecto sigue adelante”. Con esa contundencia la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha subrayado este miércoles la intención del Ejecutivo de mantener vivo el proyecto de BCN World pese al golpe judicial asestado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que aprobó una sentencia que anula parcialmente el planeamiento urbanístico por el riesgo químico que supone la proximidad de una zona de espacios públicos y equipamientos al polígono petroquímico de Tarragona. El Departamento de Territorio analiza la sentencia con, según ha explicado Budó, la intención de reelaborar la parte del plan director urbanístico (PDU) anulado. “Recogemos lo dice la sentencia para mejorar el proyecto”, ha dicho Budó.

Las directrices urbanísticas anuladas, las que afectan al sector 1, afectan especialmente a la zona de equipamientos y zonas verdes. La Generalitat defiende que el fallo judicial llega pese a los informes favorables que se elaboraron de forma previa a la aprobación del PDU, especialmente el encargado a Protección Civil. La memoria ambiental elaborada en 2016 ya advertía de los riesgos químicos que representaban los centros de producción química próximos -Repsol, Basf, Covestro, Clariant, Elyx y Ercros (2)- a la zona, aunque el verdadero impacto está en uno de los centros de Ercros, que rompería el límite de 500 metros de seguridad previsto por la ley.

El Departamento de Territorio analiza la sentencia con el objetivo de rehacer el PDU con la máxima celeridad posible y con el objetivo de que esté listo en dos meses, plazo que no está claro que sea posible cumplir. El motivo de esos dos meses es una decisión que ha tomado el Govern, avanzada ayer por EL PAÍS, por la que se dota de dos meses más a Hard Rock International para que adquiera los terrenos a CriteriaCaixa por 120 millones de euros, en la segunda prolongación oficial del plazo fijado por la Generalitat. El operador de centros de juego y ocio, según ha explicado Budó, ha demandado ese nuevo aplazamiento (estaba previsto firmar antes del 5 de octubre y ahora tendrá que ser antes del 15 de diciembre, previsiblemente a las puertas de la campaña electoral) por el impacto económico que la crisis turística está dejando en sus arcas.

Aprovechando esa situación el Govern quiere renegociar las condiciones para reducir la cuantía que la Generalitat tenía que avanzar (96 millones de euros) como intermediario de la operación, uno de los últimos puntos más controvertidos de todo el proyecto. BCN World, redenominado por la Generalitat Centro Recreativo y Turístico (CRT) prevé incentivar el turismo internacional en la Costa Dorada a través de la oferta de juego, con un macrocasino.

Pero aún existen dudas y debate en los servicios jurídicos de la Generalitat sobre cómo afrontar el golpe judicial originado por la denuncia de la plataforma ecologista Gepec. Primero si, pese a la anulación parcial del PDU, se puede considerar que el planeamiento sigue en vigor, básico para la firma del contrato con Hard Rock. Y, segundo, sobre si es necesario seguir la vía judicial y pedir un recurso de casación al Tribunal Supremo, que daría más garantías legales, pero que también podría alargar los plazos.

En todo caso existe cierto optimismo en el lado de la Generalitat, al considerar que el cálculo de espacios verdes y equipamientos se hizo en exceso, lo que ahora permitiría recortar ese perímetro, repartirlo por todo el sector y pasar los obstáculos que fija el fallo. Pero esos planteamientos se basan de momento en cálculos iniciales que se tendrán que consolidar en las próximas semanas. El consejero de Territorio, Damià Calvet, se conoce bien el documento, puesto que fue un activo redactor de éste cuando era presidente del Incasòl. Lo elaboró junto al equipo de Urbanismo del Departamento de Territorio. La gran duda es conocer qué nivel de inseguridad jurídica aceptará Hard Rock para invertir 900 millones en un proyecto con una sentencia contraria y con los operadores turísticos debatiendo si el sector volverá a ser cómo lo fue antes de la pandemia.