Ir al dentista ya no tiene precio

Un 12 % de la población en Cataluña no se puede permitir ir al dentista por motivos económicos. Un 62 % de la población del Estado tiene dificultades para pagar los gastos de salud dental. Cuidar nuestra boca es un privilegio, y marca la desigualdad más clara en el acceso a la asistencia sanitaria en nuestro entorno, a pesar de su claro impacto en la salud física, mental y social. La salud dental no se ha considerado nunca una “salud de primera” y solo revisiones y extracciones se han incluido en la cartera de servicios de salud pública.

Con la Ley de la atención pública de la salud buc...

Un 12 % de la población en Cataluña no se puede permitir ir al dentista por motivos económicos. Un 62 % de la población del Estado tiene dificultades para pagar los gastos de salud dental. Cuidar nuestra boca es un privilegio, y marca la desigualdad más clara en el acceso a la asistencia sanitaria en nuestro entorno, a pesar de su claro impacto en la salud física, mental y social. La salud dental no se ha considerado nunca una “salud de primera” y solo revisiones y extracciones se han incluido en la cartera de servicios de salud pública.

Con la Ley de la atención pública de la salud bucodental, por fin Cataluña se suma a la mayoría de las comunidades autónomas, que, desde 1990, ya habían legislado para mejorar el acceso al dentista de la población infantil, y va todavía más allá: incluye desde un primer momento a los adultos más vulnerables y a los niños desde el nacimiento, añade como mínimo las higienes dentales, las obturaciones y las endodoncias y marca un horizonte de extensión a toda la población, asumido desde la gestión pública de la atención primaria. No ha sido un camino fácil, desde enero del 2019 en que En Comú Podem registró la proposición, en una legislatura que hace tiempo que parece agotada, escuchando a los sectores implicados, construyendo una amplísima mayoría y haciendo asumir la necesidad al Gobierno.

Un camino que tiene que seguir con la ampliación de la cartera en todo el Estado, y que se empezó a gestar hace tres años en Barcelona con la llegada al Gobierno de los comunes. Las iniciativas municipales han puesto en la agenda un tema larga e injustamente invisibilizado y normalizado. En el año 2018 abrió las puertas un servicio de odontología gratuito para personas en seguimiento de los servicios sociales. La buena acogida de esta iniciativa llevó a dar un paso más y se planteó cómo llegar a hacer más asequible el dentista a más personas. En marzo del 2019 el Pleno municipal aprobó crear un operador municipal que ofreciera un servicio de calidad, con garantías y a unos precios ajustados a los costes. El Colegio de Odontólogos llevó la iniciativa a los tribunales y obtuvo la suspensión cautelar, levantada en febrero del 2020 por el TSJC. En el mismo mes se acordaba con una asociación de clínicas dentales un sistema de tarifación social para los 266.000 beneficiarios de la Tarjeta Rosa y la Tarjeta Barcelona Solidària.

La aprobación es un gran paso, pero tendrán que venir más: en primer lugar y desde el primer minuto, desarrollar el reglamento para que la ampliación de cobertura sea efectiva. Y continuar la partida en Madrid: la ampliación de la cobertura de la salud bucodental está en el acuerdo de Gobierno progresista y antes de la pandemia formaba parte de las prioridades del Ministerio de Sanidad. Cataluña deja la cola y da un paso al frente para marcar el camino a seguir para un cambio de cartera en todo el Estado que no podrá ser menos ambicioso. El camino hasta la plena inclusión de la odontología en la sanidad pública será largo, y seguirán siendo necesarios todos los esfuerzos e iniciativas para hacer que sonreír deje de ser un privilegio.

Gemma Tarafa Orpinell es concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona.

Marta Ribas Frías es diputada en el Parlamento de Cataluña.