Interior despliega una red de sensores en edificios de Barcelona para detectar drones ilegales
La infraestructura costará 400.000 euros y en una segunda fase incluirá el aeropuerto del Prat y la petroquímica de Tarragona
El Departamento de Interior de la Generalitat ha anunciado que este julio empezará a desplegar una red de sensores en edificios de Barcelona para controlar los vuelos de drones. “Vamos a detectar, controlar y monitorizar los drones no autorizados”, ha afirmado este lunes el consejero Miquel Buch en la presentación del que se ha bautizado como “proyecto Kuppel”, cúpula en alemán. Instalando sensores y cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de edificios altos, la idea de Interior es tejer una red de control aéreo par...
El Departamento de Interior de la Generalitat ha anunciado que este julio empezará a desplegar una red de sensores en edificios de Barcelona para controlar los vuelos de drones. “Vamos a detectar, controlar y monitorizar los drones no autorizados”, ha afirmado este lunes el consejero Miquel Buch en la presentación del que se ha bautizado como “proyecto Kuppel”, cúpula en alemán. Instalando sensores y cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de edificios altos, la idea de Interior es tejer una red de control aéreo para evitar usos ilícitos aprovechando las posibilidades de camuflaje y agilidad que brindan los drones a operaciones ilícitas como el tráfico de droga o la introducción de mercancía en las cárceles. El plan tiene un coste de 400.000 euros y será implantado por la empresa alemana Droneless. Más adelante la red se ampliará al aeropuerto del Prat y a la petroquímica de Tarragona.
Interior tiene registrados 900 incidentes con drones en el último año y medio en Cataluña. Sobrevolar zonas restringidas, vuelos a baja altura o pilotar sin la correspondiente licencia cuando se usa el aparato con fines profesionales son algunos de los supuestos que acarrean sanción. La Generalitat también tiene constancia de episodios en los que el dron ha sido usado por traficantes de droga para transportar la mercancía. En otros casos, Interior niega que se haya detectado en Cataluña pero sí en prisiones de otras regiones, los aparatos han servido para introducir, por vía aérea, objetos ilícitos en la cárcel. Las consecuencias pueden ser multas menores por infracciones en materia de seguridad ciudadana o sanciones de hasta 300.000 euros, en aquellas situaciones en que la policía considere que se ha atentado contra la seguridad aérea.
La red empezará a desplegarse en Barcelona, donde durante este mes de julio se montan los equipos de detección para que entren en funcionamiento a partir de la primera quincena de agosto. Luego, en septiembre, Droneless colocará otros equipos en El Prat de Llobregat (Barcelona) para controlar el puerto y el aeropuerto Josep Tarradellas, y también en la zona del Camp de Tarragona, para vigilar el polígono petroquímico y el aeropuerto de Reus. La Generalitat ha previsto instalar un veintena de equipos, que estarán bajo la supervisión de la sala central de mando de los Mossos. Buch, que ha comparecido acompañado del director general de la policía, Pere Ferrer, y del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha señalado que “el uso de drones puede ser a nivel doméstico pero también puede tener un riesgo asociado al terrorismo, al espionaje, al tráfico de drogas o incluso a la seguridad aérea”.
El propósito de Interior es poder detectar cualquier movimiento sospechoso que, desde el aire, se realice sobre zonas urbanas o infraestructuras críticas. El departamento detalla que se trata de “garantizar la seguridad ante posibles actividades vinculadas a ataques terroristas, interferencias que pongan en riesgo la seguridad aérea, intrusiones, espionajes o tráfico de drogas”. Una vez localizado e interceptado un aparato volador sospechoso, se le hará un seguimiento mediante un sistema de cámaras (en Barcelona se fijarán en los tejados de algunos de los edificios más altos de la ciudad) e incluso podrá ser derribado si se considera que supone una amenaza inminente para la seguridad ciudadana. Interior asegura que la red de antenas que alimentan la red de vigilancia no emiten radiaciones nocivas e, igualmente, se afirma que las cámaras que se instalarán solo sirven para grabar los movimientos de los drones, en ningún caso para tomar imágenes de las personas que se encuentren en la calle.