Una juez de Lleida abre una nueva investigación por el 8-M
Un particular denuncia a las autoridades de la provincia por permitir la manifestación feminista
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida investiga si los responsables políticos que permitieron la manifestación feminista del 8 de marzo en Lleida son —con la decisión de no prohibir la protesta— responsables de la propagación del coronavirus dentro de la provincia.
La de Lleida fue la manifestación por el 8-M más multitudinaria de toda la provincia —3.300 personas, según la Guardia Urbana— una semana antes de que se declarara el estado de alarma. La Generalitat ha dividido la provincia en dos region...
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida investiga si los responsables políticos que permitieron la manifestación feminista del 8 de marzo en Lleida son —con la decisión de no prohibir la protesta— responsables de la propagación del coronavirus dentro de la provincia.
La de Lleida fue la manifestación por el 8-M más multitudinaria de toda la provincia —3.300 personas, según la Guardia Urbana— una semana antes de que se declarara el estado de alarma. La Generalitat ha dividido la provincia en dos regiones sanitarias —la de Lleida y la del Alt Pirineo y Aran— que suman 239 fallecidos por coronavirus y 3.526 contagiados.
La semana pasada un particular presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida relacionando el número de enfermos y fallecidos con la manifestación del 8 de marzo. La denuncia acusa de lesiones imprudentes y prevaricación administrativa a aquellos cargos políticos —no especificaba cuales— que habían permitido las marchas. La juez ordenó a la Guardia Civil que investigara los hechos que relataba el denunciante.
El martes por la mañana, un agente de la Guardia Civil de Lleida se presentó en la Subdelegación del Gobierno. “Nos reclamó las comunicaciones de manifestación efectuadas entre el 6 y el 8 de marzo. Le dijimos que en Cataluña el responsable de este tipo de comunicaciones es el departamento de Interior de la Generalitat y nosotros no tenemos nada que ver”, admitía ayer a EL PAÍS el subdelegado, José Crespín. Los agentes de la Guardia Civil están obteniendo información también de la Generalitat.
La investigación de Lleida se produce después de que el pasado 12 de junio la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Médel, acordara el archivo del caso 8-M al no encontrar indicios suficientes de delito. En dicho proceso, que también surgió de la denuncia de un particular, llegó a estar imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Fuentes cercanas a la investigación de la denuncia presentada en Lleida por la manifestación del Día de la mujer admiten que todo apunta a que esta causa también será sobreseída tras analizar la documentación que presente la Guardia Civil.