Más de 23.000 familias inquilinas de la Generalitat tendrán una moratoria en los alquileres

Las 23.500 viviendas del parque público de la Generalitat no tendrán que pagar sus alquileres durante el próximo mes de abril. Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la rueda de prensa del comité que sigue la emergencia. Dentro del Ejecutivo catalán se ha impuesto la línea de Pere Aragonès y Budó ha dicho ahora que no...

Las 23.500 viviendas del parque público de la Generalitat no tendrán que pagar sus alquileres durante el próximo mes de abril. Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la rueda de prensa del comité que sigue la emergencia. Dentro del Ejecutivo catalán se ha impuesto la línea de Pere Aragonès y Budó ha dicho ahora que no finalmente se modificará el proyecto de cuentas sino que su apuesta es que se apruebe el texto actual.

Los beneficiarios de la moratoria son los vecinos de las viviendas del parque público de la Generalitat propiedad del Incasòl y de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. No en todos los casos se trata de familias vulnerables. Budó ha explicado, a falta de detallar cómo será el proceso para acceder a esta ayuda, que implicará destinar unos 4 millones de euros al mes. No se ha especificado si la medida se puede alargar en el tiempo. “La población más vulnerable debe tener la máxima protección", ha dicho la consejera, que además ha querido poner de relieve que las ayudas del Gobierno para mejorar la situación por la Covid-19 se limitan al pago de hipotecas.

La apuesta de la Generalitat, ha dicho Budó, será aprobar los Presupuestos que están en trámite y descarta finalmente modificar su contenido. La consejera había abierto la puerta, el pasado martes, a hacer cambios para adecuarlos a la emergencia pero ahora rectifica. Las cuentas, además de los apoyos de Junts per Catalunya y Esquerra, tiene los votos de los comunes para salir adelante. “A partir de aquí desde el Govern nos comprometemos a trabajar para hacer las modificaciones presupuestarias necesarias” para atender las consecuencias del coronavirus.

El anuncio de Budó, el pasado martes, de abrirse a retocar los Presupuestos generó malestar en las filas de ERC, ya te entendían que el momento en que está la tramitación no permite hacer esas modificaciones. Desde un principio la tesis del equipo de Aragonès ha sido que con los 3.000 millones de aumento en el gasto que fijan las cuentas, a comparación de 2017, permiten tener recursos para mejorar, por ejemplo, la situación de la sanidad.

Aragonès y el propio presidente Quim Torra han insistido en esa idea, después de que este miércoles también se conociera que finalmente Ciudadanos ha sometido las cuentas al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, lo que ya de por si puede retrasar hasta en un mes su aprobación. La líder de Ciudadanos. Lorena Roldan, ha extendido para trabajar en “unos Presupuestos de emergencia” y ha criticado al president por defender unas cuentas que “no ayudarán a ningún autónomo, familia o pyme afectada por el coronavirus”.