Denunciada la líder del PP de Barcelona por despedir a una empleada doméstica

La secretaria general del PP en Barcelona, Elísabeth Jiménez, ha sido demandada en dos ocasiones por la empleada doméstica a la que cesó sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada. Helehany G. C. denunció primero a la dirigente por despido nulo. Ahora, ha decidido presentar una segunda demanda porque cobraba por debajo del salario mínimo interprofesional y reclama la liquidación de la parte proporcional de sus vacaciones no disfrutadas.

Helehany G. C., de 24 años, relata a EL PAÍS que comenzó a trabajar para la política en febrero del año pasado. Pese a no contar con pe...

La secretaria general del PP en Barcelona, Elísabeth Jiménez, ha sido demandada en dos ocasiones por la empleada doméstica a la que cesó sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada. Helehany G. C. denunció primero a la dirigente por despido nulo. Ahora, ha decidido presentar una segunda demanda porque cobraba por debajo del salario mínimo interprofesional y reclama la liquidación de la parte proporcional de sus vacaciones no disfrutadas.

Helehany G. C., de 24 años, relata a EL PAÍS que comenzó a trabajar para la política en febrero del año pasado. Pese a no contar con permiso laboral o de residencia, Jiménez la empleó con un sueldo de 400 euros al mes, con jornadas de cuatro horas al día de lunes a viernes. De acuerdo con el salario mínimo (SMI) que entró en vigor en 2019, la mujer, de nacionalidad hondureña, tendría que haber cobrado al menos 525 euros, según defiende su abogada Alicia Muñiz. Además, la responsable del PP no sufragó ninguna cuota de la Seguridad Social ni le ofreció un contrato. “Estuve una semana de baja por enfermedad y ese periodo fue descontado”, explica la trabajadora.

Muñiz recuerda que en la primera demanda, interpuesta en diciembre, pidieron que se declarase un despido nulo o improcedente y reclamaron ante los juzgados una indemnización de 25.000 euros por “daños morales y perjuicios”. Además, detalla que exigieron 1.537 euros por el finiquito respecto a las pagas extras que, según la letrada, tampoco se formalizaron. La empleada señala que en octubre le comentó a su exjefa que estaba embarazada, a lo que ésta le respondió que “no pasaba nada”. Un mes después, aseguró, prescindió de sus servicios con la justificación de que “no tenía dinero para pagarle”.

“Nos propusieron una cantidad irrisoria”, asegura la abogada, quien declara que la popular les ofreció 3.000 euros con la firma de un pacto de confidencialidad. El juicio por la primera demanda tendrá lugar el próximo 30 de marzo. La letrada asevera que su cliente no ha vuelto a ser contactada por Jiménez. Ahora reclaman una segunda cantidad que asciende a 1.455 euros, un cálculo que se basa en la diferencia entre los salarios pagados y los que Muñiz considera que debió percibir, además de la parte proporcional de la liquidación de los días festivos no disfrutados.

Helehany es una de muchas mujeres migrantes que aceptan empleos domésticos sin prestaciones y que desconocen sus derechos. Más del 80% de las trabajadoras en este ramo son de origen latinoamericano, según Servicio Doméstico Activo. La presidenta de la entidad, Carolina Elías, destaca que en su mayoría son hondureñas que se enfrentan a obstáculos con la ley de empleo en el hogar y de extranjería.

El martes pasado, el Sindicato de Trabajadoras sin Papeles, integrado por mujeres sin papeles, se reunió en Barcelona con las formaciones políticas del Parlament, y con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, donde denunciaron la precariedad de su situación laboral y los maltratos que sufren como colectivo. En el encuentro no estuvo presente el PP catalán, partido al que pertenece Jiménez. La dirigente popular rechazó hacer cualquier comentario sobre el asunto ya que declaró que “se trata de un aspecto de su vida personal”.

Jiménez fue concejal del distrito barcelonés de Ciutat Vella. En septiembre de 2018, la política participó en una manifestación contra Pedro Sánchez junto a miembros del partido de ultraderecha Vox y de la formación xenófoba Plataforma per Catalunya, como publicó El Temps. Ese mismo mes, hizo un llamado en un vídeo para que las personas quitaran lazos amarillos y sostuvo que los populares pagarían los abogados de las personas que se sintieran agredidas o acosadas por retirarlos.