Un análisis de Toxicología descarta que el niño de cuatro años fallecido en Almería sufriese una agresión sexual
El informe asegura que no hay restos biológicos de terceras personas en su cuerpo ni tampoco drogas. Su madre y su pareja permanecen en prisión
Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla han descartado la presencia de restos biológicos de terceras personas en el cuerpo de Lucas, el niño de cuatro años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a principios de mes en un búnker abandonado en la playa de Garrucha (Almería, 10.603 habitantes). El examen se realizó después de que la autopsia detectara signos de “violencia física y sexual” en el cuerpo del menor, nacido en Venezuela en 2021 y que según su familia vivía en un mundo de terror y dolor. También después de que un auto judicial relatara que el menor sufrió golpes y fue agredido sexualmente el día en el que murió, lo que sirvió para encarcelar de manera provisional a su madre y a la pareja de esta.
Los hechos sucedieron el pasado 3 de diciembre. La familia denunció la desaparición del menor, que supuestamente había pasado la tarde con su madre en la playa. Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil establecieron un dispositivo de búsqueda hasta que hallaron al pequeño, ya sin vida, dentro de un búnker abandonado que hay en una playa de Garrucha, ya en el límite con el término municipal de Mojácar. A la mañana siguiente fue detenida la madre del niño, Bárbara, de 21 años. Y poco después los agentes arrestaron también a su pareja sentimental, Juan David, de 25 años. Pasaron a disposición judicial tres días más tarde y fueron enviados a prisión por el juez Víctor Valdivia, encargado del caso.
La decisión la tomó a partir de la investigación policial, que quedaba plasmada en un auto judicial que indicaba que las actuaciones se habían realizado “por un delito de asesinato y un delito de maltrato habitual”. El documento recogía que el hombre maltrataba de manera habitual al menor. E indicaba que el día en el que murió Lucas, además de atacarle con golpes, el hombre arrestado también “habría agredido sexualmente” al menor, como indicaban las conclusiones de la autopsia inicial realizada. A consecuencia de la agresión física, el pequeño murió al mediodía, destacaba el auto. Este añadía igualmente que tras su fallecimiento, los dos adultos llevaron el cuerpo hasta la playa. Allí lo abandonaron en un búnker. Desde su fallecimiento, la familia ha relatado un largo historial de lesiones sufridas por el menor durante los últimos meses.
Ambos están en la cárcel almeriense del Acebuche desde entonces, pero el procedimiento ha avanzado con la realización de nuevas pruebas. Entre ellas, las desarrolladas por el Instituto Nacional de Toxicología, que fueron enviadas este lunes a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Vera (Almería), que lleva el caso. Sus conclusiones descartan la presencia de “características genéticas que sugieran la presencia de ADN ajeno a él”, según consta en el documento fechado este 22 de diciembre. Es decir, que no existen restos de semen o saliva de terceros en el cuerpo del pequeño. Los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología también realizaron un examen sobre la posible presencia de alcohol o drogas en el organismo del niño. Los resultados fueron negativos, aunque el informe subraya que la utilización de sustancias psicoactivas puede no ser detectadas debido a factores como el tiempo transcurrido, la baja concentración o el uso de algún otro compuesto no controlado por el laboratorio.
Lo que sí encontraron los forenses fueron trazas de ibuprofeno, una presencia que puede tener relación con la defensa de las dos personas detenidas en el caso, la madre del niño y la pareja que tenía en este momento. Sus abogados, Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, explicaron que la muerte del niño a un “patrón de negligencia sanitaria absoluta” basada en la “automedicación” a base de ibuprofeno y un “diagnóstico por Internet” admitido por la madre, lo que “agravó la hemorragia interna” que ya padecería el pequeño, según recoge Europa Press.
Juan David tenía en vigor una orden de alejamiento de su pareja y del niño desde el pasado 19 de octubre, cuando una trifulca entre ellos requirió la intervención policial, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A causa de esta situación, la Fiscalía había abierto una investigación. “Servicios Sociales Comunitarios inició las entrevistas con la madre del menor a requerimiento de Fiscalía de Menores el 24 de octubre de 2025, sin que hasta la fecha Servicios Sociales Comunitarios nos haya remitido informe psicosocial alguno, en base al cual pudiéramos instar la retirada del menor”, aseguraba hace unos días un portavoz de la Fiscalía del TSJA. “A Menores no ha llegado a día de hoy informe alguno sobre la drogadicción de la madre”, añaden las mismas fuentes. Ni la Consejera de Familia e Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López (PP), ni el subdelegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE), detectaron ningún mal funcionamiento en la respuesta de las instituciones.