La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con los letrados del Sistema de Salud para poner fin a una huelga millonaria
El cuerpo de funcionarios de la Administración autónoma cifra en un millón de euros diario la cantidad que ha estado en riesgo a lo largo de las tres semanas de paro indefinido entre notificaciones, demandas no atendidas y sentencias no recurridas
La Consejería andaluza de Salud ha llegado a un acuerdo con los letrados del Servicio Andaluz de Salud para poner fin a la huelga que este cuerpo de abogados de la administración autónoma había iniciado hace tres semanas ante el incumplimiento por parte de la Junta de las mejoras de sus condiciones laborales. El Gobierno regional se compromete a regularizar y ordenar la función de estos profesionales a través de un decreto que ac...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Consejería andaluza de Salud ha llegado a un acuerdo con los letrados del Servicio Andaluz de Salud para poner fin a la huelga que este cuerpo de abogados de la administración autónoma había iniciado hace tres semanas ante el incumplimiento por parte de la Junta de las mejoras de sus condiciones laborales. El Gobierno regional se compromete a regularizar y ordenar la función de estos profesionales a través de un decreto que actualice una estructura obsoleta, según denunciaban los funcionarios públicos.
La Junta cierra así una nueva crisis que se había abierto en el flanco sanitario y que, además, amenazaba con frustrar sus planes para reducir las listas de espera un 18% para finales de año y que dependen de la firma de dos macroconciertos y de contratos a dedo con entidades privadas, para las que es necesario el aval técnico de los letrados de SAS. En estas tres semanas de paro indefinido se han suspendido un total de 110 mesas de contratación, según indica el comunicado emitido por el comité de huelga de los letrados.
Pero el impacto económico entre las notificaciones y las demandas que no se han atendido es millonario, como el de las sentencias desfavorables. El comité de huelga cifra en una media de casi un millón de euros diarios la cantidad que está en riesgo entre juicios, procedimientos ordinarios, plazos procesales y recursos de sentencias. “La huelga ha afectado a un total de 295 juicios a los que no se ha asistido en las ocho asesorías jurídicas que se han celebrado sin la asistencia de los Letrados que defiende los intereses de las Administración y que suman un total económico reclamado de 9.706.970,94 euros. Junto a los juicios celebrados, se han quedado sin atender 840 plazos procesales. Se han producido un total de 4.179 notificaciones judiciales sin atender en las ocho Asesorías Jurídicas en las que se organizan los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de salud. Las demandas que se han notificado en este periodo y no se han atendido suman 210 y el importe económico reclamado en tales demandas suma un total de 6.819.330,84 euros. Las sentencias con cuantía desfavorable que se han notificado suman un total de 1.067.957,14 euros, algunas con condena en costas”, enumera el comité de huelga en su comunicado.
La estructura organizativa de este cuerpo formado por 42 profesionales se regula en un decreto de 2005, cuya actualización llevaban negociando con el Gobierno autónomo desde 2020. Cuando constataron que en los Presupuestos de 2024 no se recogieron las partidas necesarias para aprobar el nuevo decreto prometido, estallaron en forma de huelga, la primera convocada en España por un cuerpo de abogados perteneciente a la Administración.
Con el nuevo acuerdo, la Consejería de Salud se ha comprometido a regularizar y ordenar el funcionamiento vía decreto y a crear un grupo técnico de trabajo para concretar la Relación de Puestos de Trabajo y, “especialmente, la adecuación de las características esenciales y de los complementos específicos de cada profesional en función de la dificultad y complejidad de sus funciones”, según confirman fuentes de ese Departamento.
Los letrados se muestras satisfechos “porque se han estipulado plazos para avanzar en el grupo técnico”, destaca una portavoz a este diario, “por lo que el nuevo decreto debería estar terminado en el plazo de un mes”, apunta. Sin embargo, no esconden su cautela, porque recuerdan que si se ha llegado a esta situación de huelga es porque la Administración no cumplió con sus compromisos previamente.