El megadecreto de simplificación de la Junta acabará en el Constitucional

En una hora y 13 minutos de debate, el pleno del Parlamento de Andalucía, con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP y de Vox, ha despachado el más mastodóntico decreto ley nunca visto en la Cámara autonómica. El Parlamento ha convalidado este miércoles el cuarto decreto ley de simplificación administrativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno que cambia de una tacada 176 normas: 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El texto, que entró en vigor el pasado día 16, acabará en el Tribunal Constitucion...

En una hora y 13 minutos de debate, el pleno del Parlamento de Andalucía, con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP y de Vox, ha despachado el más mastodóntico decreto ley nunca visto en la Cámara autonómica. El Parlamento ha convalidado este miércoles el cuarto decreto ley de simplificación administrativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno que cambia de una tacada 176 normas: 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El texto, que entró en vigor el pasado día 16, acabará en el Tribunal Constitucional de la mano del PSOE al considerar que no está justificada la extraordinaria y urgente necesidad que exige esta medida legislativa excepcional. Para el Gobierno autónomo se trata de una “revolución normativa” para facilitar la actividad productiva y para la oposición, un “atropello, un coladero de negocietes y una chapuza” que consagra la desregulación.

El decreto afecta a todos los sectores productivos y prima la declaración responsable y el silencio administrativo positivo, pero no a todos por igual. Los grupos de izquierda (PSOE, Por Andalucía, Adelante) entienden que los procedimientos que tienen que ver con la empresa privada se agilizan, pero no los que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos.

Los grupos y sindicatos como Comisiones Obreras han tenido siete días para analizar los 620 folios del decreto (que consta de 277 artículos, distribuidos en 14 títulos, 30 disposiciones adicionales, 36 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 11 disposiciones finales) y los 1.927 de los que consta el expediente que lo acompaña, en un lenguaje jurídico que remite a derogaciones de cientos de artículos normativos.

En ese tiempo han encontrado cosas como la de cambiar la ley Forestal de Andalucía para cambiar suelos forestales por agrícolas en Andalucía y especialmente en el entorno de Doñana (en esto el PP sí ha reculado y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central); una subida del umbral de ingresos anual familiar para los destinatarios de viviendas y alojamientos protegidos; el permiso para que entidades urbanísticas privadas puedan autorizar construcciones en sustitución de un informe de un funcionario, una medida que tiene visos de inconstitucionalidad, según advirtió en su día el Consejo Consultivo; la eliminación de autorizaciones sectoriales del procedimiento ambiental; la supresión de órganos consultivos y de informes preceptivos en varias materias que cercenan la participación de entidades locales y organizaciones sociales en la toma de decisiones; la eliminación de auditorías específicas de impacto de género; la relajación de requisitos para centros educativos privados o la de los comité de valoración de los casos de dependencia.

Por Andalucía (Sumar) y el PSOE han intentado al inicio del pleno cambiar el orden del día, por lo que ha forzado una votación que tenía perdida de antemano por la mayoría absoluta del PP. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, no les ha permitido explicar su voto, a lo que tienen derecho según el Reglamento de la Cámara.

Antes del debate quedó disipada la incertidumbre sobre la inclusión de un artículo que ponía en riesgo el acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en Doñana. Se ha llegado a una nueva redacción que se incluirá en otro decreto ley que corregirá al que hoy se ha convalidado para evitar que con carácter retroactivo los suelos forestales se puedan convertir en agrícolas. Aunque este decreto se aprobará previsiblemente la próxima semana su entrada en vigor tendrá fecha del 17 de febrero para impedir que algunos propietarios se aprovechen de una medida que está en vigor desde el día 16. El PSOE dijo tener “constancia” de que ya había solicitudes presentadas en este sentido. Su secretario general, Juan Espadas, que no ha asistido al debate porque se encontraba en el Senado donde es portavoz de su grupo, ha destacado la “rectificación en toda regla” del Gobierno andaluz.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha utilizado al menos media docena de veces la palabra “revolución” para calificar la normativa impulsada por él y que ha implicado a todas las consejerías. “Simplificar no significa el incumplimiento de la legalidad”, ha opinado anticipándose a los reproches de la oposición sobre la disminución de controles. Según Sanz hay 500 medidas que benefician a las empresas a través de la vía de la declaración responsable lo que reducirá la luz verde para las tramitaciones. También ha pronosticado que los plazos para atender las solicitudes de los dependientes se reducirán un año y ha destacado la automatización de los procesos de ayuda a los ciudadanos.

Todos los grupos -incluido Vox, que ha votado a favor del decreto-, han dudado del éxito de la norma. “¡Pero si no han sido capaces siquiera de tramitar el bono joven de alquiler!”, ha recordado Ricardo López, portavoz del partido ultra. Los portavoces de la izquierda han ido desgranando lo que para ellos es un “coladero” durante los 10 minutos que disponían para intervenir.

El PSOE presentará un recurso al Tribunal Constitucional, aunque no ha decidido aún si a través de 50 diputados en el Congreso o 50 senadores. Este partido desconoce si el Gobierno central encontrará motivos para plantear también una demanda por invasión de competencias, como ocurrió con el primer decreto de simplificación. Por Andalucía también pretende lo mismo, pero no dispone de ese número de representantes. Por si acaso, ha anunciado que pedirá a la Comisión de Venecia, la misma a la que ha recurrido el PP para que informe de la ley de amnistía, que se pronuncie.

Los grupos han criticado el contenido del decreto, pero sobre todo las formas. Los portavoces del PSOE, Josele Aguilar, y de Por Andalucía, Inma Nieto, han asegurado que los informes jurídicos encargados por las distintas consejerías advierten de que no está justificada la extraordinaria y urgente necesidad de la medida. “Esto es una vergüenza democrática y una gran cacicada”, ha dicho Aguilar. “Vamos a mirar renglón a renglón y se lo vamos a tumbar”, ha advertido Nieto. En la misma línea la portavoz del grupo mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha dicho: “Esto es autoritarismo puro y duro para facilitar el chanchullo”.

“Boas tardes”, dijo con sorna el portavoz del PP, José Ramón Carmona, uno de los dirigentes andaluces que siguió desde Génova el recuento de votos de las elecciones al Parlamento de Galicia que arrojó otra victoria por mayoría absoluta para los populares. Ni Carmona ni Sanz han explicado por qué el Gobierno se ha negado a que el decreto pueda tramitarse como proyecto de ley, como han reclamado todos los grupos, lo que abriría la posibilidad de presentar enmiendas de mejora y abrir un turno de comparecencias a los sectores afectados.