La Fiscalía archiva la denuncia contra la Consejería de Fomento andaluza por la supuesta adjudicación de contratos de obra a dedo

La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar la denuncia presentada en septiembre pasado por el PSOE contra la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía por, presuntamente, otorgar contratos de obra por más de cuatro millones de euros por vía de urgencia a una empresa, Obras Civiles y Edificación Barveal S. L., que no se encontraba inscrita en el registro de licitadores de la Junta andaluza ni en el de...

La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar la denuncia presentada en septiembre pasado por el PSOE contra la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía por, presuntamente, otorgar contratos de obra por más de cuatro millones de euros por vía de urgencia a una empresa, Obras Civiles y Edificación Barveal S. L., que no se encontraba inscrita en el registro de licitadores de la Junta andaluza ni en el del Estado. La Fiscalía sevillana concluye que no existe indicio alguno de delito en las contrataciones. La titular de la Consejería en el momento de los hechos, que no de la denuncia, era la popular Marifrán Carazo, ahora alcaldesa de Granada.

En su escrito de archivo, según explica un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía concluye que una vez valorados los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, “no se hallan indicios de delito de prevaricación ni de otra naturaleza”. La policía ha analizado, explica el comunicado, “los expedientes administrativos de contratación, la vida laboral de las dos empresas investigadas y las operaciones con terceros de las dos referidas empresas”.

El objetivo de los contratos era la contratación de tres tramos de carretera en la provincia de Cádiz. Se trataba de contratos de emergencia, explicó la consejería, por la peligrosidad que ofrecían los tramos. Según la investigación policial, los tres tramos de los que se ejecutaron esas obras de emergencia se finalizaron en el plazo acordado y realmente, dice, había “una situación de peligro para la seguridad vial” y además se podría producir un “grave perjuicio económico” si no se realizaban “de inmediato”. Los tramos ejecutados eran el Chiclana de la Frontera-Medina Sidonia, con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros y una duración de veinte días, el Sanlúcar de Barrameda-Jerez de la Frontera, una obra de cuatro meses y 2,9 millones de euros, y la reparación del hundimiento de un tramo de la calzada derecha en Arcos de la Frontera, por valor de 1,3 millones de euros y 45 días de trabajo. Esta última adjudicación recayó en la empresa Juan Veas Pérez SLU y, según el escrito de Fiscalía, se enfrentó en el concurso a otras seis empresas.

Las dos primeras adjudicaciones, por otro lado, fueron para la empresa Obras Civiles y Edificaciones Barveal, SL. y las consiguió frente a ocho empresas competidoras, explica la fiscalía. Esta empresa se creó poco antes de recibir esa adjudicación en noviembre de 2021. En contra de lo estipulado por el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para las entidades adjudicatarias de contratos iguales o superiores a 500.000 euros, Barveal, con sede en Jerez de la Frontera, no estaba dada de alta en el registro de licitadores y empresas calificadas en el sector público. Un par de meses después, en enero, se adjudicó el segundo contrato.

La adjudicación de los trabajos no permitía la subcontratación ni la creación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para realizarlos y, aun así, denunció el PSOE, la Consejería de Fomento se lo adjudicó a Barveal, que solo tenía un trabajador y finalmente subcontrató las obras. La empresa jerezana, que no tiene página web, teléfono o correo electrónico visible, tiene como administradora única a Bárbara Veas y como domicilio social una casa de dos plantas en Guadalcacín (Jerez de la Frontera) que es, a la vez, la residencia de Veas, según confirmó su casero a este diario hace un par de meses. Desde que se hizo pública la denuncia, tanto la consejería como la empresa han defendido la legalidad de las actuaciones, hecho que ahora confirma la fiscalía con el archivo de la denuncia sobre ellas.

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha saludado el archivo de la investigación para alabar la actuación de la actual alcaldesa de la capital: “A pesar de las malas artes del PSOE para perjudicar la imagen de Marifrán Carazo,la justicia ha demostrado la transparencia en todo momento de su actuación en todo momento al frente de la consejería de Fomento”.