El acoso y derribo de terneros pervive en cuatro comunidades pese a sus leyes de protección animal

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León permiten las competiciones de acoso y derribo a terneros por parte de jinetes armados con garrochas, pese a que sus leyes autonómicas de protección animal prohíben la violencia contra las reses. Miles de personas acuden a estos campeonatos celebrados en fincas privadas para ver cómo los becerros son heridos o mueren a manos de los caballistas en competiciones subvencionadas por las federaciones hípicas y los Gobiernos regionales, Diputaciones y Ayuntamientos.

En los eventos, los jinetes persiguen a los terneros en un prolongad...

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León permiten las competiciones de acoso y derribo a terneros por parte de jinetes armados con garrochas, pese a que sus leyes autonómicas de protección animal prohíben la violencia contra las reses. Miles de personas acuden a estos campeonatos celebrados en fincas privadas para ver cómo los becerros son heridos o mueren a manos de los caballistas en competiciones subvencionadas por las federaciones hípicas y los Gobiernos regionales, Diputaciones y Ayuntamientos.

En los eventos, los jinetes persiguen a los terneros en un prolongado acoso a la máxima velocidad posible durante más de 500 metros de carrera, hasta que clavan sus varas con puyas y provocan el vuelo y la caída de los animales, que terminan malheridos o muertos. Cuanto más espectacular es el desplome, más puntos logran los caballistas.

La violencia y maltrato que sufren los terneros en estos torneos -considerados deporte ecuestre en estas cuatro comunidades- perdura y las autonomías los incentivan con dinero público. Andalucía defiende que es legal, Castilla y León afirma que estudiará ahora si vulnera su ley de bienestar animal, Castilla-La Mancha se escuda en que la federación hípica organiza los torneos y no responde por la posible vulneración de su ley y Extremadura alega que no la reconoce como modalidad deportiva y, por tanto, desconoce si infringe su propia ley de protección animal. Unas 7.000 personas presencian estas competiciones cada año, según cálculos de las cuatro federaciones. En internet se pueden ver numerosos vídeos.

La ley 32/2007 de ámbito nacional obliga a las Administraciones a velar por que los animales “no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles” y considera infracción muy grave “el incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal, cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte de los mismos”. Los organizadores de los torneos deben disponer de un tractor con pala al final del corredero -donde se acosa a las reses- para recoger los cadáveres o los animales con fracturas.

Es posible que la competición sea prohibida en breve en Andalucía. Hace dos años la Fiscalía de Cádiz alertó a la Junta andaluza (PP) de que estas actividades vulneraban su Ley 11/2003 de protección de los animales y la Ley estatal 32/2007. Antes, en 2018, su propio Departamento de Sanidad Animal ya había advertido de que las agresiones que sufren los animales contravenían la norma, pero el Gobierno andaluz hizo oídos sordos en ambas ocasiones. Ante la inacción de la Junta, ahora la asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal ha denunciado al Ejecutivo en la justicia contencioso-administrativa por no prohibir estas competiciones.

“Es evidente que no tiene nada que ver con el deporte, carece de valores y solo se trata de divertirse haciendo daño. Se utilizan animales mansos y es ajeno a la tauromaquia, por lo que no pueden ser exceptuados de la ley. Hay que sacar a la Administración de su cómoda postura de mirar para otro lado en los casos de maltrato animal institucionalizado”, critica Lola García, presidenta de la asociación de letrados denunciante.

Tras su investigación penal sobre los concursos, la Fiscalía verificó que no se trataba de ganado de lidia sino de terneros mansos criados para el consumo de carne, pero no observó delito de maltrato animal por parte de los jinetes, al ampararse estos en un reglamento de la Federación Hípica Andaluza. “Hay un manifiesto incumplimiento de la normativa en materia de protección animal por parte de las prácticas amparadas en el reglamento de acoso y derribo”, concluía su reproche el ministerio público, que transmitió las pesquisas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural antes de que cayeran en saco roto.

Si la ley extremeña de protección de los animales data de 2002 y la andaluza de 2003, Castilla y La Mancha actualizó la suya en 2020 para definirlos como “seres sintientes”, y cuya finalidad es “evitar las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarios”. Los veterinarios han certificado que los niveles de cortisol de las reses -que denotan su estrés- se disparan durante la competición.

En un informe muy crítico, la asociación Avatma, formada por veterinarios abolicionistas de la tauromaquia y del maltrato animal, censura el padecimiento de los animales, agravado por el hecho de que son jóvenes, erales o novillos. Las competiciones culminan con fracturas, luxaciones, heridas, conmociones por traumatismo craneal, rotura de cuernos y la muerte por rotura del cuello. Tras las lesiones, los terneros son sacrificados.

“Las reses mayoritariamente utilizadas son de razas mansas, limusina, charolés, retinta, y sus cruces, y para entrenamiento siempre son mansas de corta edad, terneros y becerros, para poder iniciar a los jinetes y caballos jóvenes en la actividad. Las reses bravas, raza de lidia, son mucho más escasas en número, tienen un manejo mucho más difícil y pueden resultar peligrosas para jinetes y caballos inexpertos, se utilizan casi exclusivamente en las competiciones, alternando con las mansas”, confirma un veterinario que conoce la actividad muy de cerca y pide anonimato.

La Federación Hípica Española eliminó el acoso y derribo como deporte en 2010. “La competición tenía poco arraigo a nivel nacional y en el embroque había accidentes y el caballo sangraba. Entendimos que todo lo que provoque incidencias en la salud del animal no era deporte”, argumenta Venancio García, secretario general de dicha entidad, cuyo comité de bienestar animal se constituyó hace cinco años, cuando ya el acoso y derribo no era considerado deporte.

Las cuatro federaciones hípicas que amparan los torneos y comparten el reglamento intercomunitario para regular las competiciones son conscientes de que los colectivos animalistas les vigilan de cerca, y recientemente cambiaron el nombre del acoso y derribo, que ahora se llama doma y faenas de campo. El reglamento ha sido modificado varias veces y muchos términos que implicaban violencia han sido eliminados, aunque la competición se mantenga igual. Por ejemplo, donde antes se aclaraba que cada collera -formada por un garrochista y un amparador- atacaba una res mansa y otra brava, ahora solo menciona las reses de forma genérica, aunque en la práctica se siguen utilizando reses mansas en cada competición. Hasta ahora, el veterinario atendía en las competiciones a los caballos heridos, pero no a los terneros, mientras que ahora se supone que debe sanar a todos los animales.

José Manuel Alonso, presidente de la Federación Hípica Andaluza, asegura que el acoso y derribo gana popularidad: “Hay un bum de público y cada vez hay más gente. Entendemos que no hay maltrato animal”. Este invierno Huelva ha acogido el último campeonato intercomunitario, que contó con más de mil espectadores, según Alonso.

En Castilla y León (PP y Vox), donde se desarrollan ocho competiciones al año, sobre todo en Salamanca, la Junta alega que su ley autonómica de 1997 excluye el maltrato de animales de producción, pero asegura que estos días examinará si las competiciones vulneran alguna ley estatal, como la 32/2007. “Esta Administración respeta las leyes aprobadas por el Estado, aunque no las comparta o vayan en contra de las tradiciones de nuestro territorio. En consecuencia, someterá a estudio si esta modalidad deportiva contraviene la legalidad vigente y actuará en consecuencia”, afirman fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La Junta de Castilla-La Mancha avanza que a partir de ahora no se celebrarán más competiciones, pese a que en 2022 hubo cuatro torneos. “La federación de hípica no es partidaria de este tipo de competiciones”, aseguran fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que rechazan responder sobre si su ley autonómica de 2020 en defensa de los animales se ha vulnerado los últimos años. Este diario ha intentado sin éxito contactar con la federación hípica manchega.

En Andalucía, donde se celebran unos cinco eventos al año, la Junta asegura que la competición se ha adaptado a las recomendaciones hechas por su jefe de servicio de protección animal.

En Extremadura, la Junta (PSOE) no reconoce el acoso y derribo como actividad deportiva, pero cada año se celebran ocho competiciones. La federación hípica, que ha solicitado al Gobierno extremeño el reconocimiento como modalidad deportiva ecuestre, defiende que los eventos están sujetos a la normativa deportiva y que no necesitan un permiso concreto para su celebración. Mientras, el Ejecutivo autonómico alega que escapa a su competencia verificar si las competiciones infringen sus propias leyes de protección animal.

Durante la última década, los Ayuntamientos de Badajoz, Jerez de la Frontera (Cádiz), Ciudad Rodrigo (Salamanca) o Tarancón (Cuenca) han concedido diversas subvenciones directas a las asociaciones de garrochistas. “La Administración está maniatada por los lobbies taurinos y cazadores, completamente alejada de las personas”, censura la abogada García.