Un juez paraliza cautelarmente el pleno de la moción de censura en Linares
El exalcalde socialista, Juan Fernández, ha sido declarado culpable por un jurado popular de un delito de malversación por apropiarse de 1700 euros mensuales al margen de su salario como regidor
El Ayuntamiento de Linares (Jaén, 56.525 habitantes) no celebrará este viernes el pleno que se había convocado para debatir la moción de censura que PSOE, IU y el partido independiente Cilu habían presentado contra el actual gobierno municipal de Cs y PP. Un juez ha ordenado la suspensión cautelar de la sesión hasta investigar la situación personal de dos ediles del PSOE por si pudieran estar incapacitados para asistir al ...
El Ayuntamiento de Linares (Jaén, 56.525 habitantes) no celebrará este viernes el pleno que se había convocado para debatir la moción de censura que PSOE, IU y el partido independiente Cilu habían presentado contra el actual gobierno municipal de Cs y PP. Un juez ha ordenado la suspensión cautelar de la sesión hasta investigar la situación personal de dos ediles del PSOE por si pudieran estar incapacitados para asistir al pleno. El municipio linarense, instalado desde hace años en una grave crisis social y económica, se enfrenta ahora a una aguda e incierta crisis política, como evidencia el ambiente de tensión y de enfrentamiento que seguidores de los distintos partidos políticos protagonizan en las calles y en las redes sociales.
La justicia también ha marcado este jueves el destino del exalcalde socialista, Juan Fernández. A última hora, un jurado popular lo ha encontrado culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos por haberse asignado, entre 2011 y 2017, una paga mensual de 1700 euros, al margen de su salario como regidor. La vista oral comenzó este lunes, el mismo día en el que Fernández, que acudió a la Audiencia Provincial de Jaén acompañado por una decena de simpatizantes, defendió que fue el PSOE quien le instó a recibir esa suma para compensar los gastos que tenía al margen de su labor como primer edil.
Volviendo al orden cronológico de las resoluciones judiciales, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Jaén ha estimado esta mañana el recurso presentado por las dos formaciones del gobierno local y ha decretado la suspensión cautelar del pleno hasta que se investiguen las “especiales circunstancias en las que se encuentran dos concejales socialistas que pudieran afectar a la condición y al ejercicio del voto y por ende a la validez de la votación y acuerdo de la moción de censura”, según se indica en el auto del juez jiennense difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En todo caso, el magistrado deja claro que se trata de una medida cautelar y que las cuestiones de fondo se resolverán en los autos principales derivados de las acciones legales que se dirimen.
El juzgado ha tenido en cuenta el informe del secretario general del Ayuntamiento, que revela que el actual portavoz municipal del PSOE, Javier Palacios, habría cobrado del Ayuntamiento, en su condición de propietario de una farmacia, facturas por valor de 4.600 euros, una relación contractual que podría vulnerar el régimen de incompatibilidades, a juicio del secretario del consistorio, según informa Europa Press. En relación con el otro edil socialista, Daniel Campos, el juez va a analizar la sentencia de marzo de 2021 en la que se le condenaba por un delito electoral a seis meses de cárcel, el pago de una multa de 1.080 euros y a la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El presidente provincial del PP en Jaén, Erik Domínguez, ha pedido prudencia ante la suspensión cautelar de la moción de censura: “Este auto pone el contador a cero, nos pone de nuevo en la casilla de salida y nos satisface porque nos dice que el pueblo de Linares no está tan equivocado cuando ha salido a la calle a decir no a esta moción”, ha indicado el dirigente popular en alusión a las protestas de los últimos días de ciudadanos contrarios a la moción de censura, en su mayoría simpatizantes populares y de la formación naranja. “Vamos a velar hasta el último momento para que se cumpla la ley y para que prevalezca la voluntad popular por encima de cualquier estrategia política, no vamos a consentir que Linares se convierta en el patio de juegos del PSOE”, ha señalado la portavoz municipal de Cs, Noelia Justicia.
En las elecciones municipales de 2019 el PSOE fue el partido más votado, pero no pudo gobernar gracias al acuerdo tripartito entre Cs (que ostenta la alcaldía), PP y los independientes de Cilu. Desde el verano pasado, Cilu abandonó el gobierno local y dejó en minoría a Cs y PP (ambos suman cinco concejales cada uno), frente a los ocho del PSOE, dos de IU y tres de Cilu, que son los firmantes de la moción de censura. La corporación linarense la completan los dos ediles de la formación Linares Primero, fundada por Juan Fernández, que fuera alcalde socialista del municipio hasta el pasado mandato.
Desde el PSOE, su secretario municipal y concejal Javier Perales, que sería el nuevo alcalde de Linares en caso de prosperar la moción de censura, ha llamado a la “tranquilidad de la ciudadanía”. En réplica a los dirigentes de PP y Cs, Perales ha indicado que “el tiempo no corre en contra del PSOE, sino que corre en contra de Linares”. Y ha añadido: “Esta moción sigue adelante, es buena para Linares y es insostenible que el alcalde siga aferrado al sillón. Qué no habrá en el equipo de gobierno para que usen todas las artimañas para poder seguir en el poder”. Perales ha pedido la dimisión del regidor linarense, Raúl Caro-Accino.
Precisamente, Fernández ha sido declarado culpable por un jurado popular de un delito continuado de malversación de caudales públicos tras considerar probado que se apropió, entre 2011 y 2017, de 1.700 euros mensuales, una asignación que se habría puesto de manera unilateral al margen de su paga de alcalde y que, según la Fiscalía, no le pertenecía por cuanto era una asignación del grupo municipal socialista.
El Ministerio Público pedía para él cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación, mientras que la acusación particular del PSOE eleva la pena a ocho años de prisión y 10 de inhabilitación. Por su parte, la defensa ha pedido que se le imponga la condena mínima y se le apliquen las agravantes por confesión, reparación parcial del daño y dilaciones indebidas.