Un general de la Guardia Civil califica de “fiable” a la fuente que le alertó de la campaña contra la UCO

El general Luis Peláez, máximo responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil, ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre la trama presuntamente liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, que decidió enviar el 29 de abril de 2025 a sus superiores una nota en la que alertaba de una posible campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa (UCO) porque consideró “fiable” la fuente de la que procedía la información, según han detallado fuentes presentes en la declaración del alto mando como testigo.

En esta denominada “nota de despacho” ―un documento interno de la Guardia Civil en el que los agentes comunican a sus superiores hechos que consideren relevantes― se apuntaba a la puesta en marcha de una “estrategia” contra esta unidad, encargada de las principales investigaciones que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. El general ha declinado identificar la fuente que facilitó la información al señalar que ese dato está amparado por la ley de secretos oficiales.

Aquella nota, con el encabezamiento “Posible estrategia de defensa ante investigaciones de la UCO”, hacía referencia de manera bastante detallada ―y coincidente con lo que posteriormente ha destapado la investigación― a la supuesta trama diseñada para torpedear la actividad de esa unidad. Ya entonces, hace más de un año, Díez aparecía como la cara visible de una red que presumía de contactos, invocaba a Ferraz y trataba de instalar en la sociedad a través de los medios de comunicación la idea de que existía una “UCO patriótica” (que recuerda al grupo de policías que durante el Gobierno de Mariano Rajoy espió a los rivales del PP y cuyos miembros se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional estos días) para poner en entredicho la credibilidad de sus pesquisas.

El documento interno advertía que este grupo de personas encabezado por Leire Díez “estaba orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO”. Según el escrito, Leire “haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría” el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, supuestamente con “conocimiento” de la directora general de la Guardia Civil. Unos días después, el 6 de mayo de 2025, era la propia UCO la que entregaba una “nota de despacho” de contenido “muy similar”. De ambos documentos fue informada la propia directora general, que para esas fechas ya había mantenido tres encuentros con Leire Díez ―dos de ellos reconocidos por la propia Mercedes González en su comparecencia de la pasada semana en el Senado―.

Este martes ha declarado en la Audiencia Nacional un segundo mando del instituto armado: el comandante Juan Manuel del Barco, destinado en la secretaría del general Llamas y que, por ello, tuvo acceso a las tres informaciones reservadas ―investigaciones internas, que pueden derivar en la apertura de expedientes disciplinarios― abiertas a la UCO con las que presuntamente se intentaba condicionar las investigaciones de esta unidad. La primera, de noviembre de 2024, estaba relacionada con la causa del hermano del presidente del Gobierno y la aparición en un documento de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; otra en mayo de 2025, sobre la filtración de unos mensajes de WhatsApp de las causas en las que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García; y la última, en septiembre de ese mismo año, tras una noticia publicada en El Mundo sobre supuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska” en referencia al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil.

El comandante ha asegurado al juez que en la documentación de estas informaciones reservadas a las que él tuvo acceso no consta que los responsables de la UCO hubieran hecho constar que se hubieran sentido presionados, en contra de lo que apuntaron los generales Alfonso López Malo y Ángel Yuste ―este último, en aquel momento coronel y máximo responsable de esta unidad― en las declaraciones que hicieron ante los investigadores el pasado 27 de mayo.