El juez pide a Interior que le informe de todos los viajes de Begoña Gómez y su asesora desde 2018

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que en un plazo “improrrogable” de diez días le envíe información sobre los viajes realizados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, desde julio de 2018 hasta ahora. Quiere saber si viajaron a República Dominicana, Guinea Ecuatorial o Rusia (entre otros países) y si lo hicieron de forma “institucional” o para cuestiones privadas. Así consta en una nueva resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el instructor adelanta que dichos datos serán analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la elaboración de un próximo informe.

El titular de la plaza número 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid (antes conocido como Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid) también alerta a Presidencia del Gobierno de que tiene el mismo plazo “improrrogable” para remitir al juzgado “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” por Gómez desde julio de 2018 (cuando se contrató a Álvarez) hasta ahora para que la UCO haga otro informe. Se trata de una diligencia que Peinado ya acordó el pasado septiembre y que las defensas recurrieron al considerarla desproporcionada. La Audiencia Provincial de Madrid la anuló por cuestiones técnicas. Recordó al instructor que, al ser una medida restrictiva de derechos, exigía una justificación, instándole a redactar un auto, en vez de una providencia, si quería seguir adelante con dicho requerimiento.

Esta vez, el juez avisa a Presidencia y a Interior de que si no facilitan la información reclamada en el plazo marcado podrían incurrir en un delito de desobediencia judicial. Se basa en “la experiencia anterior” porque dice que todo lo que ha solicitado “a cualquiera de las dependencias de la Presidencia del Gobierno” en el transcurso de sus pesquisas “ha sido cumplimentado con un retraso injustificado” que cree que “hace necesario que se fije un plazo”.

Peinado enmarca ambas peticiones en la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Aunque finalmente optó por unificar todos los delitos en una misma pieza, estas diligencias tienen lugar en la rama de la investigación en la que intenta esclarecer si se ha producido un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de la esposa del presidente y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El instructor explica que solicita los datos de viajes de Gómez y Álvarez toda vez que las dos han “declinado” la petición que les hizo el pasado noviembre para que entregaran de forma “voluntaria” sus pasaportes. Según subraya, está interesado en comprobar los viajes que hayan podido realizar juntas y si eran para desplazamientos institucionales o para “cuestiones meramente privadas”. En concreto, desea conocer si viajaron a “República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas”.

Afea la “escasa o casi nula colaboración” de Gómez y Álvarez

El togado recalca que “se hace necesaria la práctica” de estas diligencias por “la escasa o casi nula colaboración” de Gómez y Álvarez. Apoya esta afirmación en el hecho de que en ocasiones ambas se han acogido a su derecho a no declarar. Y recuerda que la única vez que la esposa de Pedro Sánchez declaró “lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado”. También señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a la dispensa que le otorga la ley para no declarar al ser cónyuge de Gómez. Aunque insiste en que es una postura “totalmente legítima”, como la de no querer entregar los pasaportes, asegura que ello “conduce a que haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan”.

En esta misma línea, Peinado justifica la proporcionalidad de las medidas acordadas al razonar que podría emplear “otras” vías para recabar dicha información, como la “entrada y registro de los domicilios de las investigadas”. No obstante, reconoce que “esa diligencia sí que sería desproporcionada”, por lo que ve pertinente limitarse a reclamar la información a los departamentos correspondientes.

El instructor admite, no obstante, que son diligencias “excepcionales” pero lo achaca a “la condición de la principal investigada”, al estimar que su condición de esposa del presidente del Gobierno “le permite disfrutar de determinadas prerrogativas, a efectos de disponer de posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público, que, como tal, tenga la obligación de examinar aquellos comportamientos que pudieran constituir algún elemento indiciario de una conducta merecedora de reproche, no ya, política, o moral, sino, como en este caso, de carácter punitivo”.

En el caso de los correos electrónicos que reclama a Moncloa, el juez asegura que “no existe otro medio” para comprobar la existencia de un correo corporativo oficial de Presidencia designado a Gómez o si las gestiones que ha realizado en dicha cuenta son “estrictamente privadas” o si son oficiales. Peinado entiende que “esas actividades de índole privado, si son comunicaciones que se realizan a través de correos electrónicos, han de efectuarse por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial de la presidencia del Gobierno”.

Además, subraya que los correos facilitados por el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio revelaron que en más de 100 figuraba Álvarez con su cuenta personal de Gmail, así como las “gestiones” que la asesora hizo con el centro universitario para Gómez. En la misma línea, el instructor alude a la información aportada por empresas vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la mujer de Sánchez, tales como Google, Deloitte, Indra o Devoteam, y que en algunos casos muestran la interlocución con Álvarez, porque considera que “permiten colegir (...) indicios sólidos y consistentes, y no meras conjeturas, que justifican la idoneidad, de la práctica de las diligencias”.