Los nuevos rehenes españoles de los Obiang

Acudir en Malabo a una reunión técnica para explicar las deficiencias de la instalación de la televisión digital terrestre y acabar preso en las mazmorras de Black Beach, la siniestra cárcel de los horrores que dirigió Teodoro Obiang Nguema, el presidente de Guinea Ecuatorial. Ese ha sido el camino inesperado que han recorrido dos trabajadores españoles rehenes de los Obiang. Un calvario de indefensión por el que antes han pasado decenas de emprendedores españoles que sin medir los riesgos cayeron en la peligrosa mafia de la antigua colonia española.

David Rodríguez Ballesta, granadino,...

Acudir en Malabo a una reunión técnica para explicar las deficiencias de la instalación de la televisión digital terrestre y acabar preso en las mazmorras de Black Beach, la siniestra cárcel de los horrores que dirigió Teodoro Obiang Nguema, el presidente de Guinea Ecuatorial. Ese ha sido el camino inesperado que han recorrido dos trabajadores españoles rehenes de los Obiang. Un calvario de indefensión por el que antes han pasado decenas de emprendedores españoles que sin medir los riesgos cayeron en la peligrosa mafia de la antigua colonia española.

David Rodríguez Ballesta, granadino, 45 años, supervisor técnico de vídeo, y el contable Javier Marañón, cordobés, de 51, no son como las anteriores víctimas del sistema corrupto que impone la familia Obiang. Su perfil es el de dos empleados con discretas nóminas y ningún poder de decisión.

La pesadilla comenzó en enero del año pasado cuando acudieron confiados a una reunión de la fiscalía guineana en la que les reprocharon deficiencias en el desarrollo del proyecto, les retiraron sus pasaportes y encerraron en los calabozos de la Gendarmería. Era solo el principio de un mal sueño.

Semanas después, el 7 de abril, acabaron en Black Beach, en la isla de Bioko, la siniestra cárcel de Malabo al borde del mar. Allí han compartido celda con otros 18 reclusos, se han turnado para descansar en una cama y durante meses no han podido pisar el patio gris por el que pasean sin rumbo centenares de presos. Un escenario dantesco descrito con espanto por los visitantes que han tenido la fortuna de escapar con vida. Un lugar simbólico para el autócrata. Desde allí, el entonces teniente coronel formado en la Academia Militar de Zaragoza anunció el 3 de agosto de 1979 el golpe de Estado contra su tío, al que condenó a muerte.

Vuelta de tuerca

La detención del técnico de video y el administrativo, así figuran en sus nóminas, supone un salto cualitativo en el sistema de extorsión impuesto durante décadas por los Obiang. La lista de emprendedores españoles que han sufrido experiencias similares es larga. Pero, casi siempre las víctimas eran emprendedores que apostaban por Guinea Ecuatorial y se lanzaban a la aventura de explotar la madera, construir edificios, abrir restaurantes o servir el catering de una línea aérea. Nunca sus trabajadores o empleados.

No son casos excepcionales. Un diplomático con larga experiencia en Malabo lo explica así: “No se puede ni imaginar la cantidad de empresarios a los que hemos tenido que decir: ‘vete esta noche porque te van a detener’. En el mejor de los casos, a los que no les llegaba el aviso a tiempo conseguimos sacarlos de la cárcel y que les devolvieran el pasaporte”.

Un empresario de salida

El jefe inmediato de los dos trabajadores detenidos no acudió a la reunión con la fiscalía y abandonó el país poco después de la encerrona. José Luis Romero, dueño de la empresa Wayang Teknica, el consorcio de empresas que obtuvo en 2017 el contrato para instalar la TDT, no pisaba Guinea Ecuatorial desde hacía un año. “Estábamos de salida, con las maletas hechas. Fuimos saliendo de distintos negocios de forma ordenada, amable y caballerosamente. Antes no habíamos tenido problemas”, señala por teléfono.

Este empresario granadino llevaba 15 años haciendo negocios en la antigua colonia española: pozos de agua, saneamiento, medicinas y hasta el montaje, desarrollo y contenidos de la televisión guineana, la misma desde la que se han lanzado ahora graves acusaciones contra él, su empresa, su socio y sus trabajadores. Romero asegura que su empresa cumplió la primera fase del proyecto y que cuenta con certificaciones del ministerio, pero declina hacer valoraciones para no “perjudicar la negociación que están llevando mis abogados para su liberación”. Teodorín Nguema Obiang, de 57 años, el vicepresidente e hijo del dictador, ha reclamado en su cuenta deX que la empresa entregue una cantidad millonaria y acusa a sus dueños de graves delitos.

Métodos antiguos

Una investigación de EL PAÍS publicada en 2013 desveló el chantaje y la extorsión que ya sufrían entonces empresarios españoles que vieron en Guinea Ecuatorial una oportunidad. Una muestra del riesgo que supone entrar en un país que los Obiang “gobiernan como una granja”, definición que hace hoy un alto funcionario español.

Entonces, Roberto Cubría permaneció 59 días refugiado en la Embajada española en Malabo. Dormía en un sofá y se duchaba en la piscina. La legación diplomática fue su escondite para eludir las amenazas de Genoveva Andeme Obiang, otra hija del presidente, entonces directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC), a la que había vendido las naves de su empresa Soluciones Modulares. Tuvo que pagar 50.000 euros para escapar de aquella pesadilla.

Los métodos de extorsión y amenaza son muy antiguos. En 1998, Felipe Martín, un promotor y constructor de Masquefa, una localidad de unos 10.000 habitantes cercana a Barcelona, cayó en las redes de Teodorín y perdió toda su inversión, 600.000 euros y años de viajes y trabajo. Montó junto a otro español un aserradero con naves de 25.000 metros cuadrados en Malabo. Su socio local, al que como es habitual tuvo que entregar una parte de la empresa, era Teodorín, entonces ministro de Bosques. Cuando el pago de las comisiones era imposible de asumir, acusaron a su socio español de violación y lo recluyeron en Black Beach. “Pidió irse dejándolo todo y salió por la frontera de Camerún, donde estuvo meses recuperándose. Lo perdimos todo”, recordaba entonces Martín. Allí quedaron las naves, las máquinas y camiones que habían trasladado desde España. Estas y otras historias recientes tienen siempre un mismo patrón: la extorsión y la corrupción de los Obiang.

Miedo y poder

El miedo es una palabra que pronuncian todos los empresarios consultados. “Lo que les ha pasado a esos trabajadores es una vuelta de tuerca en las prácticas mafiosas de los Obiang. No han podido capturar como rehén al empresario y han tendido una trampa a los trabajadores. Los empresarios que se van es por miedo a que les ocurra esto cuando detectan que han perdido la protección del padre y están en manos del hijo. Ahora, Teodorín es quien realmente mueve los hilos”, asegura un diplomático conocedor del país.

Aarón Marañon, hermano de Javier, el contable detenido, destaca que su hermano llevaba ocho años trabajando en Guinea Ecuatorial para las empresas de Romero. Su pareja es guineana y tienen una hija. “La responsabilidad de lo que haya podido ocurrir será de la empresa, no de los trabajadores”, esgrime. Asegura que su cuñada ha podido visitarle y que el pasado 23 de diciembre recibieron una llamada telefónica desde la prisión: “Habló con mi madre y mis hermanos”.

Manuel Madrid, abogado de los trabajadores, describe el auto de imputación como un escrito de cuatro líneas generales, afirma que han mejorado sus condiciones en prisión, ya tienen una cama para cada uno, y reconoce que se ha abierto una negociación en la que depositan sus esperanzas. Se les acusa de malversación, administración desleal e intento de soborno. Una lista de supuestos delitos.

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que piden su libertad y denunciado al Gobierno guineano. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido “paciencia” a las familias de los trabajadores. Pero la esperanza de estas se centra, sobre todo, en la “negociación” económica que la empresa intenta con los Obiang.

“¿Por qué España no invierte en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué vuestro Gobierno no impulsa inversiones en nuestro país?”, reprocha de forma recurrente el vicepresidente Teodorín a los diplomáticos españoles acreditados en Malabo cuando les llama a capítulo. La respuesta cortés y comedida, casi siempre, es la misma: “Porque no hay seguridad jurídica”.