Negociación contra reloj para salvar las pensiones con el escudo social

Todos los caminos de esta convulsa legislatura conducen a la política de vivienda. Allí se estrellan todas las medidas sociales del Gobierno, devoradas por el aumento desorbitado de los alquileres. Y allí se produce una gran batalla ideológica entre la derecha, que plantea ...

Todos los caminos de esta convulsa legislatura conducen a la política de vivienda. Allí se estrellan todas las medidas sociales del Gobierno, devoradas por el aumento desorbitado de los alquileres. Y allí se produce una gran batalla ideológica entre la derecha, que plantea dejar que el mercado inmobiliario arregle el problema con más viviendas, y la izquierda, que propone intervenirlo para reequilibrar la desigualdad que beneficia a los propietarios, los grandes ganadores de la crisis. Esa misma batalla por la política de vivienda tiene ahora bloqueadas las pensiones de más de nueve millones de jubilados, pendientes de un nuevo decreto que evite que en la nómina de febrero reciban 50 euros menos de media, después el Congreso tumbara el pasado martes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la medida que autorizaba esa subida con la excusa de que incluía otras muchas medidas que no compartían.

El Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, acelera las conversaciones este fin de semana para intentar resolver ya el problema y llevar al Consejo de Ministros este mismo martes, si es posible, el nuevo decreto. El tope sería el próximo martes, pero la idea es hacerlo ya si se puede.

En eso está Félix Bolaños, el principal negociador de Pedro Sánchez, pero tiene un problema muy difícil de resolver: Junts exige dejar fuera del decreto el escudo antidesahucios. Para el Ejecutivo sería la opción sencilla: sacar la parte de los desahucios, porque el resto del decreto tumbado esta semana no da grandes problemas. Pero entonces tendría un choque muy fuerte con el resto de socios, sobre todo Sumar, que está en el Gobierno, pero también Bildu, que negoció esto con Bolaños, o ERC, que lo reclama hace tiempo, y también Podemos, que ha hecho bandera de este escudo.

Y además tendría otro coste político grave: en un momento en que España crece al 2,7%, cuando se baten récords de empleo y el Ejecutivo presume de bonanza económica, la idea de que miles de familias vulnerables —se calcula que hasta 50.000 podrían verse afectadas si cae esta parte del decreto— empiecen a irse en goteo a la calle en pleno invierno es demoledora para un Gobierno progresista.

Por eso Bolaños está intentando convencer a Junts de que salve este escudo, que ya aprobó con una redacción idéntica el año pasado, a cambio de modificar su redacción para ofrecer más garantías a los propietarios de que serán compensados cuando no puedan echar a sus inquilinos morosos por ser vulnerables.

Junts, el PP y Vox hablan directamente de “okupas”, aunque el decreto excluye expresamente a cualquiera que haya entrado por la fuerza en una casa, y está pensado para gente con contrato que deja de pagar el alquiler por algún problema grave, no para okupas.

Los independentistas, que en este asunto van de la mano de organizaciones de propietarios afectados por la imposibilidad de echar a una familia vulnerable, sostienen que las compensaciones apenas llegan y exigen el fin del escudo. El año pasado se pactó un sistema de avales, pero Junts dice que no está funcionando. Un estudio reciente de EL PAÍS señalaba que solo 3.000 propietarios han recibido esas compensaciones en los cinco años que llevan en vigor el escudo.

Los grupos de izquierda y los ministros de Sumar presionan por el contrario para mantener el escudo y evitar que 50.000 familias vulnerables vayan a la calle. “Las imágenes más impactantes de la crisis financiera de 2008 fueron los desahucios, familias en la calle en pleno invierno. Hasta el PP sufrió con eso. Un Gobierno progresista no puede aceptar eso. Tenemos que encontrar una solución”, señala un ministro. Otro, de Sumar, insiste en que hay que dar esta batalla ideológica con fuerza, presionar a Junts, al PP y Vox para que tengan coste por bloquear la subida de las pensiones y exigir que se acabe un escudo que protege a 50.000 familias vulnerables, muchas con niños pequeños. “El año pasado esa presión funcionó. Los pensionistas ya se están manifestando en la sede de Junts y del PP. Hay que aguantar el pulso, necesitamos el escudo social completo”, resume. Sumar está detrás también presionando para intentar convencer a Junts de que no se pueden cargar de forma completa el escudo.

Bolaños juega como siempre a varias bandas, con contrapartidas posibles para todos, pero este año las cosas están más complicadas, y la posición de Junts es mucho más compleja que la del año pasado. De hecho formalmente no hay ningún tipo de negociación, y esto es lo que dicen tanto el Gobierno como Junts oficialmente, aunque es obvio que hay contactos discretos, de lo contrario sería imposible organizar ninguna votación. En última instancia, las pensiones no corren riesgo real, porque el Gobierno siempre podría hacer un decreto solo con la subida o al menos sin el escudo antidesahucios y aprobarlo con facilidad. No es el plan A, y supondría un grave problema con los socios, pero diversos miembros del Gobierno señalan que si todo se pusiera muy feo, se optaría por esa solución. Es Sánchez el único que puede tomar una decisión así.

Mientras sufre para aprobar el decreto de las pensiones, aunque de una u otra manera todos confían en sacarlo adelante como el año pasado, el Gobierno sigue cerrando el círculo en un mes de enero de grandes acuerdos para recomponer la frágil mayoría que lo sustenta. Tras el pacto con ERC de financiación, con Bildu sobre el escudo social, con el PNV por las transferencias pendientes, llegó el que sellaron Ione Belarra, la gran negociadora de Podemos, y el propio Bolaños, para regularizar a 500.000 inmigrantes.

La decisión, que tiene consecuencias políticas inmediatas —a cambio Podemos se ofrece a renegociar con Junts la ley de transferencia de la política de inmigración a Cataluña que tumbaron en septiembre de 2025— y engrasa la mayoría, ha tenido además un impacto internacional muy superior al previsto. Los medios de varios países europeos, de EE UU, de Latinoamérica, han destacado esta regularización como una muestra de que otra política de inmigración es posible. En La Moncloa están convencidos, y tienen datos que lo avalan, de que el PP se equivoca en el rechazo a una medida que tiene el apoyo de la Iglesia y la patronal y que afecta a personas ya integradas, que trabajan en España, que cuidan a padres, abuelos, hijos, que recogen cosechas, pero lo hacen sin papeles, sin cotizar, explotados, de manera insegura. Sánchez está tratando de sacarle el máximo partido internacional a la medida, y si el jueves chocaba con Elon Musk en redes, el viernes publicó un vídeo en inglés para defender la medida: “Algunos dicen que hemos ido demasiado lejos. Que vamos a contracorriente. Pero yo les pregunto: ¿Desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical? ¿Desde cuándo la empatía se ha vuelto algo excepcional?”. Sánchez refuerza así su línea anti Trump y sigue convencido de que la única vía posible de la izquierda para frenar la ola de derecha mundial es dar el combate ideológico, defender las bondades de la inmigración, de las políticas contra la desigualdad, de las energías renovables, del feminismo. En el gran debate de la socialdemocracia mundial, y en especial en EE UU, sobre la manera de salir del agujero, entre un giro al centro o un giro a la izquierda, Sánchez apuesta decididamente por lo segundo.