El hijo de Obiang y su cúpula de seguridad declararán ante la Audiencia Nacional por terrorismo, secuestro y torturas
El dictador cede después de afirmar que los investigados, prófugos y en rebeldía, nunca comparecerían ante la Justicia española
Los principales cargos de la cúpula de seguridad del Gobierno de Guinea Ecuatorial declararán ante el juez Santiago Pedraz como investigados por delitos de terrorismo, secuestro y tortura de cuatro opositores en el exilio, ...
Los principales cargos de la cúpula de seguridad del Gobierno de Guinea Ecuatorial declararán ante el juez Santiago Pedraz como investigados por delitos de terrorismo, secuestro y tortura de cuatro opositores en el exilio, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes de la investigación que instruye la Audiencia Nacional.
La comparecencia, prevista para el próximo mes de febrero, tendrá lugar a iniciativa de su abogado después de que el ejecutivo de la antigua colonia española comunicara hace dos años al Gobierno español que sus autoridades jamás comparecerían ante la Justicia española.
Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior; e Issac Nguema Ondo, director general de Seguridad Presidencial, están en búsqueda y captura internacional. La Audiencia Nacional los investiga por el secuestro y torturas en 2019 en Yuba (Sudán del Sur) de cuatro opositores ecuatoguineanos residentes en España: Julio Obama, Feliciano Efa, Martin Obiang y Bienvenido Ndong. Todos fueron trasladados en el avión presidencial a la capital de la excolonia española, Malabo, juzgados y condenados por un supuesto golpe de Estado. Obama, de 61 años, falleció en la cárcel víctima de las torturas.
Javier Gómez Bermúdez, letrado de los investigados, ha pedido que la declaración tenga lugar en la Embajada de España, en el consulado de España en Malabo, en la sede de los juzgados de esa ciudad. El abogado apoya su petición en un auto del Tribunal Supremo, por el que se citó a declarar por este medio y desde Waterloo (Bélgica) a Carles Puigdemont, “que estaba y está declarado en rebeldía y con órdenes nacionales e internacionales de detención por delitos graves”.
Plantón al juez
La incomparecencia ante el juez de los tres altos cargos investigados provocó que hace dos años el juzgado dictara a Interpol su orden de búsqueda y captura internacional. El 28 de marzo de 2023, el hijo de Obiang y los otros dos investigados estaban citados a declarar por videoconferencia ante Pedraz, pero dieron plantón al juez. El día anterior, el Gobierno del dictador remitió una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores español en la que señalaba que no reconocía la competencia de los tribunales españoles para juzgar a miembros de su Gobierno “por lo que no autoriza su comparecencia”. Es decir, que no se someterían a la Justicia española.
A la nota verbal siguieron manifiestos en su cuenta de Twitter del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang, otro hijo del autócrata y hermanastro del principal investigado, en los que recomendaba a los miembros de su Gobierno que evitaran viajar a España “para no ser humillados”. En otros mensajes calificaba a los opositores secuestrados como “terroristas” y al secuestro como “una historia cómica” para desprestigiar a su país. Sobre la muerte de Julio Obama aseguró que se produjo “por causas naturales”. Posteriormente, se llamó a consultas a su embajador en Madrid.
“Es un hito histórico la comparecencia y declaración de toda la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial frente a nuestra Justicia”, valora Aitor Martínez, el abogado de las familias de los secuestrados. “Tras años prófugos y cuando su Gobierno repetidamente afirmó que sus autoridades nunca se someterían a nuestra Justicia, se ha conseguido doblegar a Guinea Ecuatorial.”
Varapalo del Tribunal Supremo
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el último intento del juez Pedraz de ceder la causa a Guinea Ecuatorial, ya que sus autoridades se arrogaban la jurisdicción del caso y afirmaban haber abierto una supuesta investigación por los mismos hechos. Una argucia para evitar que el caso se investigue en España a la que el magistrado instructor dio su apoyo contra el criterio del fiscal Vicente González Mota y del abogado de los querellantes.
La Sala de lo Penal del Supremo destacó en su resolución “la falta absoluta de cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en el marco de la causa, situación de desaparición forzosa de los españoles, negativa a repatriar el cadáver de Julio Obama y denegación de la mínima asistencia o visita consular”.
Para el Supremo, esta actitud de las autoridades de Malabo “denota claramente que la jurisdicción ecuatoguineana no es válida para tutelar los derechos de las víctimas, buscando exclusivamente garantizar la impunidad de sus autoridades”. Los magistrados del alto tribunal destacaron que días después de que el juez Pedraz alzara el secreto de las actuaciones, Obama murió en circunstancias no aclaradas. El Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados denunciaron una previsible muerte por torturas.
Pedraz se había dirigido al Tribunal Supremo en una exposición razonada solicitando que valorara si la antigua colonia española “está dispuesta a llevar a cabo” una supuesta investigación que afirma haber iniciado por los mismos hechos. Y lo hizo tras recibir numerosos varapalos de la Sala de lo Penal a sus autos. Esta, entre otros, obligó a Pedraz a continuar la investigación del caso, a pedir a Interpol órdenes de búsqueda y captura contra los tres investigados y a dictar su procesamiento. Rechazó, también, su decisión de ceder el caso a la justicia guineana, cuyo máximo representante es el presidente Teodoro Obiang, padre del principal investigado.
Ahora, el caso vuelve a dar un nuevo y sorprendente giro con la petición de declaración de los propios investigados, los tres en situación de rebeldía, ante la Justicia española. Un escenario que el Gobierno del dictador siempre ha renegado