Sumar cifra en 630.000 los contratos de alquiler que vencen en 2026 y eleva la presión sobre el PSOE

Sumar tiene claro que el Gobierno de coalición no resistirá el próximo ciclo electoral si no plantea soluciones que alivien de inmediato el que se ha convertido en el principal problema de los españoles: el elevado precio de la vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo presentó hace más de un mes un decreto con medidas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, que de momento, no ha sido aceptado por el PSOE. En un nuevo intento por elevar la presión, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha desvelado este jueves que a lo largo de 2026 serán 630.000 los contrato...

Sumar tiene claro que el Gobierno de coalición no resistirá el próximo ciclo electoral si no plantea soluciones que alivien de inmediato el que se ha convertido en el principal problema de los españoles: el elevado precio de la vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo presentó hace más de un mes un decreto con medidas destinadas a intervenir el mercado inmobiliario, que de momento, no ha sido aceptado por el PSOE. En un nuevo intento por elevar la presión, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha desvelado este jueves que a lo largo de 2026 serán 630.000 los contratos que dejen de estar en vigor.

Según un informe elaborado por Consumo a partir de datos del panel de hogares de Hacienda y que ha adelantado Cadena SER, en 2021 se firmaron más contratos que en 2020 y 2022, por lo que, transcurridos cinco años, en los próximos 12 meses se prevé que el volumen de vencimientos sea el mayor. Sumar lleva semanas reclamando la prórroga de los 300.000 que, calculaban, caducan en 2025. Durante la pandemia, muchos de estos contratos de arrendamiento se firmaron a la baja, pero en los últimos años el mercado ha sufrido un incremento exponencial de precios. Su renovación puede suponer un alza del 30, el 40 o 50%, según ha asegurado este jueves el titular de Consumo, Pablo Bustinduy. “Hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas [las que se engloban en esos 630.000 contratos] que se ven ante una situación angustiante”.

Bustinduy ha apremiado a los socialistas a abordar la “profundísima crisis de vivienda” que afecta de manera “desproporcionada a las familias trabajadoras y vulnerables”. “Se puede estimar que para la familia mediana esta situación tiene un coste de 1.735 euros por familia, y un coste acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas”.

Para el ministro, la solución pasa por aprobar el real decreto que presentaron al PSOE, formación que tiene las competencias en vivienda y con la que históricamente han protagonizado diferentes encontronazos por este asunto: “Una medida sencilla, que se puede aplicar inmediatamente y que esperamos que vea la luz cuanto antes”, ha añadido.

Preguntado por si su agenda es compatible con la de Junts en vivienda (el presidente Pedro Sánchez anunció otro decreto que contempla ayudas a propietarios frente a los impagos), Bustinduy ha reiterado que su objetivo es “bien claro: defender el interés general”, una “obligación del Gobierno”. ”Esto es compatible con el pleno respeto al posicionamiento de los grupos", ha apostillado. “Estamos ante un conflicto de intereses: o se protege a la clase trabajadora o se blindan los beneficios de los rentistas. Ninguna persona entendería que el Gobierno no actúe para proteger a las personas trabajadoras”, ha incidido en un nuevo gesto de presión al socio, que tiene las competencias en esta materia.

Los grupos de la izquierda en el Congreso, como Podemos, ya han reclamado también esta semana la ampliación de la moratoria a los desahucios, una medida que formó parte del escudo social durante la pandemia y que vence el 31 de diciembre.

Desde hace tiempo, la vivienda se ha convertido en el primer asunto que preocupa a los españoles y así lo reflejan los sucesivos estudios del CIS. En el de noviembre, el 20% de la población lo sitúa como principal problema y hasta un 40% lo coloca entre sus tres primeras preocupaciones.