Los bomberos parados fuera de campaña en Castilla y León: estudiando oposiciones, cuidando vacas o de baja médica

Apagar fuegos económicos fuera de campaña para poder llegar vivos financieramente a los incendios de verano. Los bomberos forestales pertenecientes a empresas privadas adjudicatarias de la Junta de Castilla y León (PP) han empezado a recibir las cartas de despido tras la peor temporada de llamas en la historia de la comunidad: cinco muertos (dos bomberos) y más de 150.000 hectáreas arrasadas. Los afectados, unos 2.000 de los 5.000 miembros del contingente, asumen el cese y aguardan a nuevas contrataciones en 2026 manteniendo como pueden el pulso monetario y laboral: muchos estudian oposiciones, estatales o autonómicas, buscando estabilidad; otros tiran de empleos temporales para capear al Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) y algunos directamente descansan porque se hallan de baja médica, deslomados en agosto. Así, años. El sector reclama un operativo anual completo para efectuar mejor prevención, añorada en verano, y capacitarse al máximo.

Alejandro García, de 25 años, extiende sus apuntes, manuales, carpetas, bolígrafos y subrayadores en la biblioteca de una universidad de León. García está estudiando cómo ser bombero: hoy tocan las normativas de la Ley de Montes y cuidado de los montes y su entorno forestal en clave Castilla y León. Este trabajador acaba de concluir su relación contractual con la empresa privada tras su segunda campaña entre llamas y ahora se vuelca en dos claves para el oficio: gimnasio y empollar. Él, técnico superior en gestión forestal, aspira a aprobar la oposición a agente forestal de la Junta, si bien aún no hay fecha de convocatoria y a la anterior no pudo presentarse porque no había terminado su grado. Ahora le queda un ejercicio de constancia y templar revoluciones en largas jornadas de estudio: “Ojalá tuviéramos contratos todo el año y por fin una vida bien, organizada, y no sin saber si te van a llamar para trabajar el verano siguiente”.

Esa falta de equilibrio laboral la conoce el también leonés José Luis Fernández Campano, quien lleva 26 de sus 56 años trabajando como interino en el puesto de vigilancia contra incendios de Manzaneda de Torío (León), desde donde este verano alertó de dos focos. Campano ha rebasado las bodas de plata envuelto por el humo estival y la clásica precariedad del colectivo, condenado ahora a apañarse hasta que vuelvan los calores. Él trabaja también para una agencia de espectáculos que igual organiza festejos en pueblos que el festival Lion Rock Fest en León, donde ha trajinado estos días para que todo quede listo. Antes dedicaba sus meses sin prismáticos al ladrillo hasta que la burbuja también ardió; otros años los dedicó a cuidar de su madre ya fallecida y la resina le dio ocupación alguna época pero entretanto no ha consolidado su función forestal. “Desde el 16 de octubre estoy en paro”, cuenta. Otros años lo llamaban de nuevo el 16 de abril pero este confía en las promesas de la Junta para estabilizar a más profesionales, aunque de momento nada sabe. Campano comenta que los vigilantes van siendo contratados más meses pero que ahora, en época baja de peligro, apenas tienen jaleo y los reclutan para funciones operativas como adecentar caminos donde los vehículos —particulares porque no les dan transporte— se atascan con frecuencia: “Hay mucho trabajo por hacer pero no se hace nada”. De fondo, críticas al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tanto por el pasado verano como por las promesas de la Junta: han anunciado un operativo “totalmente público” en tres años pero en las negociaciones aluden a “de naturaleza pública”, esto es, contratando con empresas públicas de peores condiciones que las brigadas autonómicas.

“Mi vida es de incertidumbre total”, comenta el vigía. Dos juicios le ha ganado a la Junta, afirma, porque lo echaron sin miramientos tras 17 campañas seguidas y en otra causa logró que le pagaran trienios negados: “Ahora les voy a reclamar que tras 2022 prometieron que en 2025 estaríamos todos contratados, y de eso nada, o vas al juzgado o si no nada”. “No llego para bien jubilarme pero mi idea es jubilarme en el monte, engancha mucho y aquí he visto de todo y me ha pasado de todo”, suspira Campano, con sueldos escasamente superiores a 1.200 euros mensuales. El también leonés Javier Galán coge el teléfono desde la horizontalidad del sofá el mismo día en que ha recibido el fin de contrato. “Ha llegado antes que la nómina”, apunta, mientras espera fecha para ser operado de una hernia inguinal que lo torturó en verano y que trató de dominar con una faja, como comprobó EL PAÍS en un incendio, “por ayudar y no dejar tirados a la gente, a la empresa y por convicción personal”.

El hombre, de 42 años, tuvo que acudir a Urgencias de la Seguridad Social porque la mutua de su empresa le negaba la enfermedad laboral. “Es una enfermedad por contingencias comunes y me quedo con un 70% de la prestación, o sea, una mano delante y otra detrás”, afirma Galán, quien con suerte entrará a trabajar en marzo en su unidad helitransportada para hacer labores preventivas. “Podría currar en una empresa forestal de un compañero, mi idea era un mes de paro y descanso y luego trabajar en algo relacionado con el monte para no perder comba, si dejas el monte lo notas muchísimo”, explica el bombero, acentuando la importancia de trabajar en la madera con maquinaria o haciendo labor desbrozadora con motosierra o máquinas. Otros colegas estudian o se dedican a los pinares o las colmenas: “Los que no tenemos contratos anuales nos buscamos la vida; si no estás en el operativo, es importante mantener contacto con el monte y tener esfuerzo físico y entrenamiento”.

EL PAÍS ha contactado a una docena de brigadistas que refuerzan estas líneas: o ellos o sus colegas se meten en trabajos de transición o a estudiar oposiciones. Uno se forma como socorrista, otro cuida ganado en su pueblo, otro se mete en chapuzas… Un trabajador vallisoletano que pide anonimato, pues temen que las adjudicatarias castiguen a quienes protestan, se ha estrenado este año en el contingente a sus 24 años. Le ha gustado y piensa proseguir aunque le “dieron un curso que no sirvió para nada” y a los 10 días lo enviaron al incendio de Mombeltrán (Ávila) “sin haber visto un fuego antes”. “Tengo que estar en paro para que me vuelvan a llamar, no hay bolsa de empleo y si encuentro algún trabajo sería algo temporal”, añade. El joven estudia en casa para una oposición autonómica de peón de montes y extinción, pero no sabe cuándo será el próximo concurso; de hecho, él conoce que será cesado porque un compañero suyo cogerá su plaza pero él ni siquiera ha recibido mensaje oficial.