Alberche del Caudillo paraliza el proceso para despojarse de su apellido franquista: “Cuando se publique el catálogo, se cumplirá con la ley”

El Ayuntamiento de Alberche del Caudillo (1.717 habitantes, Toledo) mantiene paralizado desde 2023 el proceso para iniciar el cambio de nombre y desprenderse de su topónimo franquista pese a que la Ley de Memoria Democrática de 2022 insta a su eliminación. Alberche, una entidad menor de Calera y Chozas, es uno de los 14 pueblos a los que el Instituto Nacional de Colonización, que promovía la repoblación en las zonas agrícolas, impuso las referencias a Franco en su denominación mediante un decreto de 1958. A día de hoy, seis pueblos conservan aún sus topónimos franquistas después de que la pedanía malagueña de Villafranco del Guadalhorce aprobara el pasado mes de agosto despojarse de esta referencia. Además del propio Alberche, quedan todavía Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

La localidad de Alberche del Caudillo inició el procedimiento en febrero de 2023 mediante una resolución firmada por la alcaldesa pedánea, Ana Isabel Rivelles (PP), pero poco después lo paralizó apoyándose en un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de Calera y Chozas que avalaba el incumplimiento al no existir aún un catálogo oficial de vestigios franquistas. El alcalde de Calera y Chozas, Gregorio López, esgrime la ausencia de ese listado para justificar la interrupción del procedimiento. “Nosotros estamos para cumplir la ley, pero si ésta no se ha desarrollado...”, señala, en declaraciones a SER Toledo, el regidor popular que, asegura, reanudará el proceso una vez se publique el listado. “Cuando se publique el catálogo y esté dentro se intentará cumplir con la ley, como todo”, afirma. “Se hará”, precisa a renglón seguido. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que ese catálogo esté listo antes de que acabe el año.

El texto firmado por la alcaldesa de Alberche instaba a la “redefinición inmediata del nombre” y a adoptar “las medidas de restablecimiento de la legalidad” tras un requerimiento remitido por Eduardo Ranz, abogado experto en memoria democrática, que también critica al Ejecutivo de Sánchez por incumplir su propia norma y no sancionar estos incumplimientos, la única administración que, recuerda, puede hacerlo tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. “Esa ley señala que sólo puede instruir expedientes y, por lo tanto, judicializar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero no entendemos por qué no sanciona o no congela subvenciones”, como le habilita la ley. El letrado también se dirigió al Defensor del Pueblo “para que actuara” tras la paralización del proceso pero, a día de hoy, señala, “todo sigue igual”. “Al Ayuntamiento de Alberche, este incumplimiento le está saliendo gratis”, agrega.

El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó el decreto para la elaboración del catálogo de símbolos y elementos franquistas en espacios públicos. Su elaboración, explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, corresponderá a una comisión técnica y se actualizará periódicamente con las propuestas que vayan llegando. Está por ver si el documento incluirá los municipios que aún mantienen alusiones a la dictadura en sus nombres. Pero este requisito, en el que se ampara el Ayuntamiento de Alberche del Caudillo, no es necesario, explica Ranz a EL PAÍS, para que este consistorio se aferre a su coletilla franquista y no actúe de oficio. “Es una interpretación de la norma poco rigurosa porque la ley incluye un artículo específico dedicado a estos topónimos y solo cabría esperar al catálogo si la denominación genera duda o confusión, pero no es el caso”, tercia el letrado.

La consulta de Llanos del Caudillo

En una situación similar a la de Alberche se encuentra Llanos del Caudillo (657 habitantes, Ciudad Real), el otro pueblo de Castilla-La Mancha que conserva su “apellido” franquista. En 2018, una sentencia dio la razón al Ayuntamiento para que no tuviera que cambiar su nombre al no recoger la Ley de Memoria Histórica, la que regía en aquel momento, una mención expresa a los topónimos que hicieran referencia al franquismo. Fue tras una demanda de Ranz al no haber obtenido respuesta a otro requerimiento. 14 años antes, en 2004, con el PSOE en el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Llanos del Caudillo hizo una consulta popular para preguntar a los vecinos. De los 400 votos emitidos, solo 50 pidieron cambiar el nombre. “Tenemos dificultades para recuperar a nuestros olvidados, pero también sufrimos la indignidad de ver calles, plazas y avenidas dedicadas a quienes ordenaron asesinar a nuestros familiares”, lamenta el abogado.